Un grupo de policías federales, en actividad y retirados, lanzaron una iniciativa para demandar penalmente a las autoridades del gobierno nacional por el traspaso de esa fuerza de seguridad a la órbita del distrito metropolitano. Pero a poco de andar aparecieron sugerencias, sutiles y no tanto, que parecieron condicionarles la voluntad. «Se empezó a bajar gente y no sabíamos qué pasaba, hasta que nos enteramos de que sabían lo que estábamos por hacer y empezaron a apretar», dijo a Tiempo uno de los coordinadores de la iniciativa. Ahora, la presentación de la denuncia está condicionada. En la Federal también hay familia, y los parientes en actividad de uniformados retirados temen sanciones que tronchen tempranamente sus carreras.
Es comprensible: la presentación cuyo borrador ya está redactado- advierte que en esta suerte de transición la segunda línea de la Policía Federal está «en estado deliberativo» con todo lo que ello implica- y sus integrantes aparecen sumidos en una situación de «irritabilidad en los cuadros medios e inferiores del personal». Incluso hablaron de «insubordinación y planteamientos». Y, en una estructura que necesariamente debe ser verticalista, se insinúa peligrosamente una eventual ruptura en la cadena de mandos «por el desencanto de este personal con sus máximos superiores, quienes han perdido para con ellos la ascendencia necesaria para conducirlos, por lo que la disciplina se encuentra a punto de quebrarse».
Ese hipotético quiebre tiene una razón: mientras un sector importante de la oficialidad joven resiste el traspaso, los cargos de mando están más atentos a sus propias situaciones individuales. «Los cuadros de altas jerarquías con ejercicio de conducción (oficiales superiores) se mantienen expectantes, ya que todos ellos han superado el tiempo establecido reglamentariamente para su retiro voluntario, y resolverían su situación en forma favorable para ellos (derechos adquiridos), no respaldando ni poniéndose al frente de un reclamo que involucra la expectativa de carrera de sus subordinados».
La idea madre de la iniciativa es resistir la forma en que se anunció el traspaso, porque no puede disponerse mediante una decisión administrativa ni un acuerdo de partes sino que necesita de una ley del Congreso. Y la omisión de ese paso podría involucrar a los responsables políticos de la transferencia en los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad». Entonces la demanda debe ser penal. Y ese terreno es una ciénaga. Menos comprometidas aparecen las acciones de amparo que en el fuero contencioso administrativo se asoman para las próximas semanas.
Si el traspaso es ilegal, todo lo que de él se derive, también. «Se debería determinar si este Convenio, que suplanta fácticamente lo establecido en la Ley Nacional, es legítimo y constitucional y, por consiguiente, las órdenes y operaciones que el poder político del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está impartiendo al personal policial son legítimas», sostiene el borrador sobre el cual se está trabajando.
El argumento central apunta a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha delegado «ilegítimamente» su responsabilidad de conducción política de la Policía Federal en funcionarios del gobierno porteño. Y, en ese contexto, la Ley de Ministerios no autoriza la transferencia de bienes y personal por un simple acto administrativo, como si se tratara de la donación de un padre hacia un hijo. Los bienes pertenecen al Estado Nacional, y su administración fiel les es confiada a los funcionarios elegidos para ello.
Desde lo legal, el traspaso vulnera según el borrador- la Ley 24.588 reformada (conocida como «Ley Cafiero») que «claramente establece que la transferencia de bienes, servicios y personal debe hacerse con aprobación de ambas Cámaras con mayoría absoluta, y las legislaturas provinciales». Es decir una ley nacional y su contrapartida en la Legislatura porteña. Nada de ello ha ocurrido hasta ahora, pese a que el miércoles pasado se realizó el acto formal de lanzamiento de la nueva fuerza. Ese acto para el que fue alquilado un helicóptero del SAME, disfrazado.
«El gobierno nacional debería hacer público el monto dinerario total en bienes muebles e inmuebles (móviles y logística en general) que sería el costo económico que esta transferencia le acredita a la Ciudad, y que forma parte de la arcas del Estado Nacional, sin contar además con el valor económico que el gobierno nacional ha invertido en la formación y especialización de todo el personal transferido ilegal y arbitrariamente. Y aclarar además de dónde saldrá el dinero para una vez producido este cambio ilegal se utilizará para la remuneraciones mensuales de dicho personal», describieron a Tiempo fuentes vinculadas con la presentación en ciernes.
«¿Cómo van a solucionar los derechos individuales de las personas que no están conforme con el traspaso (su mayoría) y que ingresaron a una Fuerza Federal y unilateralmente y arbitrariamente se les cambia la jurisdicción Nacional por una Provincial? el pueblo es el perjudicado, porque se podrían presentar demandas y acciones judiciales millonarias que sólo va a pagar el Estado Argentino». «
