Sentado en la primera fila, mezclado entre los periodistas, un traje azul impecable, Fernando Marín escuchaba el jueves las advertencias de Fernando De Andreis y Alberto Abad a los dirigentes de los clubes. El liquidador del Fútbol para Todos, exgerenciador de Racing, sabía de qué hablaban. Lo que se presenta como una forma de desfinanciamiento de la seguridad social en más de 1300 millones de pesos, en realidad, se trata de un régimen especial del que gozan las instituciones del fútbol desde el gobierno provisional de Eduardo Duhalde, el decreto 1212/03, firmado en su momento por el propio Abad, por el cual pagan 7% de carga social, muy menor al 31% de otros contribuyentes. Eso, avisaron, se terminaría.

Todos los clubes de fútbol, durante los últimos 13 años, se beneficiaron con ese régimen, incluido Boca con Mauricio Macri como presidente. Pero, es cierto, el beneficio era para las cuentas del club. Quien sacó un provecho personal, en cambio, fue nada menos que Marín cuando gerenciaba Racing a través de Blanquiceleste. La operatoria fue la siguiente: durante su gestión, traspasó a todo el personal de su empresa –una sociedad anónima– al club –una asociación civil–. De esa manera, se ahorraba una buena tajada de los aportes sociales de sus empleados, lo que llevó a un grupo de socios a realizarle una denuncia por supuesta evasión fiscal. Su sucesor, Fernando De Tomaso, siguió el mismo camino. La maniobra no sólo benefició a la gerenciadora, sino que tuvo consecuencias futuras: los juicios laborales cuando se derrumbó Blanquiceleste recayeron sobre Racing Club Asociación Civil. Es curioso que con esos antecedentes pretendan ahora dar lecciones sobre cómo tener un fútbol mejor.