Varios tratados internacionales incluidos en la Constitución Argentina establecen que el Estado debe garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, el lobby de la industria farmacéutica complica y encarece el acceso a medicamentos esenciales. En asociación con Ojo-Publico.com, Tiempo publica una investigación que revela una situación que se repite con distintos matices en toda la región.
Más de 700 mil personas mueren al año en
la región por causas que pudieron evitarse, estima Germán Holguin, director de
Misión Salud, una organización colombiana que promueve el acceso a la salud y
que participó en diciembre pasado de la audiencia ante la CIDH para denunciar
cómo las multinacionales farmacéuticas operan para dificultar y encarecer el
acceso universal a medicamentos fundamentales para tratar enfermedades graves
como el VIH, el cáncer y la Hepatitis C. Ojo-Público.com, el reconocido medio
digital de periodismo de investigación peruano, investigó cómo funciona el
lobby de la industria farmacéutica en seis países de América Latina (Argentina,
Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela) y en alianza con Tiempo
Argentino publica sus resultados.
The Big Pharma Project, tal el nombre del
trabajo, revela las presiones de las compañías farmacéuticas sobre los Estados
para prolongar sus monopolios en la producción de medicamentos mediante gestiones
diplomáticas, acciones judiciales, vínculos sugestivos con funcionarios estratégicos
y hasta denuncias por colusión entre farmacéuticas con el fin de bloquear la
venta de fármacos similares de menor costo. El resultado ofrece un panorama de
prácticas cuestionadas que explica las dificultades del acceso a las medicinas
costosas para personas vulnerables a lo largo de América Latina.
Tiempo Argentino viene denunciando
sostenidamente las políticas estatales que están poniendo en riesgo la salud de
la población. Ya en noviembre advertíamos la
falta de distribución de preservativos y el aumento en los casos de sífilis.
En febrero fuimos el primer medio en revelar el
vaciamiento del programa de entrega gratuita de medicamentos básicos por parte
del Ministerio de Salud cuyos botiquines que proveían a casi ocho mil
centros de primera atención a esa altura no contaban con 27 de los 68 remedios del
vademécum comprometido.
A principios de mayo además informamos
sobre el acuerdo entre los laboratorios privados y la Administración Nacional
de Medicamentos y Tecnologías Afines (ANMAT) para reducir los plazos en que se
autorizan los estudios clínicos de nuevas drogas y, en caso de no llegarse a
tiempo, de aprobarse automáticamente, lo que pone en riesgo a la población
y habilita una mayor mercantilización de la salud. Allí también señalábamos el
lobby de los laboratorios en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
(INPI) para garantizarse patentes de uso monopólico en medicamentos claves. Precisamente el INPI es
presidido por el abogado Dámaso Pardo, asociado del estudio de José Alfredo
Martínez de Hoz (h), que viene de ser el representante legal de varias empresas
farmacéuticas multinacionales.
Tiempo colaboró con el equipo de investigación local de The Big Pharma Project y luego fue invitado por Ojo-Publico.com a participar de la publicación de los resultados. Con esta serie de artículos, entonces, buscamos contribuir a concientizar sobre un
tema tan importante como el derecho a salud, garantizado por la Constitución
Argentina y por varios tratados internacionales. El enfoque regional también permite dimensionar el
poder de las grandes multinacionales farmacéuticas y conocer la lucha de las
organizaciones de salud en América Latina.
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