El lunes, Fernández pisará por segunda vez el Congreso de la Nación. En 2020, sin imaginar las dimensiones que podía tener la pandemia por coronavirus en todo el país, y días antes de decretar el aislamiento obligatorio, el presidente manifestó ante la asamblea legislativa su deseo de poner a la Argentina de pie. Su gobierno pretendía afrontar la crisis económica heredada de la administración de Mauricio Macri, con un endeudamiento de 44 mil millones de dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional.
En ese discurso, el mandatario nacional propuso una agenda parlamentaria para que “nunca más” el país tenga que recurrir al “endeudamiento insostenible” y por eso una de las últimas leyes que sancionó el Congreso en el período de sesiones extraordinarias fue la de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, que establece que los acuerdos futuros con el FMI deberán ser aprobados por el Poder Legislativo.
Sin dudas una gran victoria para el gobierno fue la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en diciembre del año pasado, que además fue tratada y aprobada con otro proyecto también prometido por el jefe de Estado, que establece una ayuda económica a las mujeres que quieran continuar con su embarazo.
Con el fin de hacer crecer la industria, Fernández propuso la modificación de la Ley de Economía del Conocimiento –sancionada en el gobierno de Macri–, para generar crecimiento en un sector que trae divisas al país como el software, biotecnología y robótica. Así como también el aumento del presupuesto del 1% de manera progresiva para los trabajadores de la Ciencia y Tecnología: “Gobierno de científicos”, como al presidente le gusta llamar a su gestión. El Parlamento entendió la importancia, y convirtió en ley los dos proyectos en medio de la pandemia.
La federalización en la creación de las 24 capitales alternas con el fin de descentralizar la administración pública nacional también fue un punto de su discurso que logró concretarse en una ley que comenzó a funcionar unos días antes de Navidad en Río Grande, Tierra del Fuego, donde se llevó a cabo el primer encuentro del Gabinete Federal.
Afianzar la soberanía territorial, también fue un eje de ese discurso y por eso el presidente de la Nación envió un paquete de proyectos de ley, en junio de 2020, entre los cuales se proponía la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur que se convirtió en ley en Diputados en el mes de agosto junto con la iniciativa que establece los límites de demarcación de la plataforma continental argentina. El tercer proyecto, que también se convirtió en norma, fue la modificación al régimen federal pesquero para endurecer las multas a buques que pesquen de manera ilegal en aguas argentinas.
Mejorar la situación de los jubilados tras la reforma previsional del Mauricio Macri en 2017 también fue otra promesa y es por eso que el Congreso sancionó una nueva fórmula jubilatoria que surgió del trabajo conjunto, tras varios encuentros en los que participaron senadores, diputados y funcionarios del Ejecutivo nacional.
En espera
De lo anunciado, solo tres iniciativas quedaron pendientes. Dos de ellas ni siquiera llegaron a la mesa de entradas de las Cámaras parlamentarias. Alberto Fernández había anunciado ponerle fin a la manipulación judicial, al cajoneo o activación de expedientes en función de los tiempos políticos con una reforma de la Justicia federal que tuvo aprobación en el Senado, con total rechazo de la oposición, pero que en Diputados no pudo avanzar ni siquiera en el tratamiento del proyecto en Comisión. Las trabas para avanzar giran en torno a que Juntos por el Cambio considera que solo tiene la intención de darle impunidad a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, en el marco de las causas que tiene en la Justicia.
También se comprometió a “terminar con los sótanos de la democracia». Luego de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia con Cristina Caamaño al frente, debía enviar una propuesta para tratar un nuevo sistema de inteligencia en el país. Caamaño confirmó a este diario que el proyecto ya está redactado, a la espera de la firma del presidente para ser enviado al Parlamento.
Finalmente, prometió un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero con el fin de promover su inversión nacional e internacional, que también quedó pendiente en el marco de la batalla por el gas y el petróleo. «
