El Equipo Argentino de Antropología Forense logró ponerle nombre y apellido a los restos de 15 personas asesinadas y enterradas en fosas comunes en la ciudad de Cuauhtémoc, México. Se trata la primera etapa de un trabajo coordinado en conjunto con la Fiscalía de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Los cadáveres identificados son producto de asesinatos narcos en la zona. Hace un mes atrás, el organismo nacional casi tuvo que cancelar sus trabajos en el país porque el gobierno de Mauricio Macri no cumplía con los convenios firmados.

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De acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, el territorio azteca cuenta en la actualidad con 40.180 desaparecidos. La escalofriante cifra se desprende de los 99.129 que habían sido denunciados como tales en el 2006, de los cuales 62.436 fueron encontrados con vida.

Las personas identificadas en esta oportunidad se encontraban desaparecidas desde el año 2011, cuyos restos fueron localizados en 2015 en los ranchos Dolores y El Mortero de los municipios de Cuauhtémoc y Cusihuiriachi, respectivamente, en la zona occidente del Estado de Chihuahua. Estos lugares eran utilizados por bandas narcos como centro clandestinos de inhumación de cadáveres.

Sin embargo, el trabajo del EAAF incluye también el análisis de los restos encontrados en el rancho de Brecha El Porvenir, del municipio de Carichí, que se llevará adelante en una segunda etapa. En total, peritos en antropología y genética forense y en criminalística del EAAF analizaron 43 contenedores con un número indefinido de pequeños fragmentos óseos, de donde seleccionaron 233, que presentaban posibilidades de brindar información genética. Estos fragmentos fueron enviados al laboratorio de genética del EAAF en Argentina y a un laboratorio en los Estados Unidos.

«El Laboratorio de Genética Forense del EAAF en Córdoba se especializa en muestras especialmente degradadas, muy fragmentadas y alteradas por calor, fuego y otros problemas. Muestras de las que es muy difícil obtener ADN. Por eso, decidimos enviar la mayoría de las muestras halladas en las fosas clandestinas de los ranchos de Chihuahua para ser analizadas allí», aseguró Mercedes Doretti, miembro del EAAF y directora para México y Estados Unidos.

Del procesamiento de estos fragmentos se obtuvieron 29 perfiles genéticos individuales, que al compararse con los perfiles genéticos de familiares de 140 personas desaparecidas en Cuauhtémoc y sus alrededores, resultó en la identificación de 15 personas. Adicionalmente, uno de los 29 perfiles mencionados, correspondió con una familia pero aún no constituye prueba suficiente de fallecimiento. La investigación continuará para encontrar a los familiares de las personas a la que podrían corresponder los restos de las 13 personas restantes.

Este trabajo fue el resultado de un convenio de colaboración firmado el 3 de diciembre del 2016 entre la Fiscalía General del Estado (FGE), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y el EAAF. Los tres organismos revisaron las diferentes causas judiciales, lograron localizar a los familiares de las víctimas, recolectaron datos físicos de cada caso y tomaron muestras genéticas de 363 familiares. Además, durante estos dos años se realizaron reuniones periódicas con las familias involucradas, informándoles sobre los avances de esta investigación.

“Vemos  la identificación de restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos como la vuelta a la sociedad de las personas desaparecidas. Al sacarlos de fosas clandestinas y darles un entierro digno con sus familiares, con su comunidad y aportando evidencia para el sistema de justicia. Somos forenses, somos técnicos, pero somos humanos. Tenemos claro que trabajamos para ayudar a dignificar vidas, las de los desaparecidos, sus familiares y las sociedades en las que vivimos”, aseguró Doretti durante la conferencia de prensa brindada en México.

Hace un mes, el organismo argentino anunciaba que por cuestiones presupuestarias no podía continuar con sus labores en diferentes expedientes judiciales vinculados con la identificación de los soldados de Malvinas o la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y que debía cesar su colaboración en casos de femicidios, trata de personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, porque el gobierno de Mauricio Macri no cumplía con el financiamiento acordado en un «Convenio de Cooperación y Asistencia Financiera» con el Ministerio de Justicia nacional. Finalmente, luego de que el EAAF publicara en un comunicado esta situación, el gobierno liberó parte de los fondos.