El fallido plan del gobierno porteño para bajar las expensas

Propuso suprimir trámites que apenas inciden en los gastos y controles que supondrán más riesgos para la seguridad.
(Foto: Ignacio Sánchez)
17 de Junio de 2018

El gobierno porteño anunció una batería de medidas para disminuir el costo de las expensas, encarecidas básicamente por el alza tarifaria. Y aunque, en principio, la iniciativa parece favorable a los vecinos, lo cierto es que todos, propietarios, inquilinos y administradores, desconfían de sus beneficios. El proyecto propuesto como panacea por la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana, denominado Consorcio Participativo, no pudo ser tratado el jueves pasado en la Legislatura por falta de consenso, a pesar de que el oficialismo cuenta allí con la mayoría.

El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta impulsa desde el año pasado la idea de “disminuir” el valor de las expensas para paliar la inflación y, de paso, esmerilar el poder del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTHER). Sin embargo, el alcalde por ahora logró todo lo contrario: unificar en su contra la posición de sectores bien disímiles.

El plan contempla 14 puntos vinculados con la “derogación de disposiciones y regulaciones que son obsoletas y fomentan un sinfín de gastos y trámites burocráticos que engrosan las expensas de los vecinos”, explicaron desde la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana que conduce Facundo Carrillo.

Según las previsiones oficiales, un edificio de Caballito de diez pisos y con 20 departamentos, generaría un ahorro del 10% en el valor de sus expensas. Si el lugar no cuenta con encargado, sería de un 20 por ciento. De acuerdo a estas estimaciones, los administradores dejarían de manejar entre 100 mil y 200 mil pesos al año.

Las primeras dos medidas entraron en vigencia en marzo, a partir de la derogación del libro de datos periódicos y del Certificado de Edificio Seguro. Este último implicaba “un gasto que podía rondar entre los 12 y 20 mil pesos al año. Era un certificado que avalaba otros certificados. Había una redundancia de trámites”, puntualizaron a este medio fuentes oficiales. Las distintas cámaras que nuclean a los administradores no son tan optimistas. Para el sector, el valor del Certificado de Edificio Seguro no representaría más de 4000 pesos.

Respecto al libro, los datos que se volcaban allí ya figuraban en las Declaraciones Juradas que los administradores deben presentar anualmente, por lo se duplicaba la información. El ahorro sería de poco menos de 1000 pesos. “En algunos casos, el 70% de los gastos se lo lleva el personal. Las medidas son buenas, pero no van a generar un 20% de ahorro. A lo sumo evitarán que las expensas no suban más. La reducción es declarativa”, señala a Tiempo Daniel Tocco, presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal y Actividad Inmobiliaria (CAPHAI). Otra de las iniciativas que se encuentra en trámite parlamentario -ya que habría que modificar el Código de Edificación- es la eliminación de la obligatoriedad de construir la vivienda del encargado para aquellos edificios con más de 15 unidades. De aprobarse, también se ahorraría el costo de los servicios por esa vivienda que hoy corren por cuenta del consorcio. “Si esto ocurre, será para las construcciones nuevas, para atrás no corre”, analiza Tocco. “No somos formadores de precios. Si las expensas aumentan es porque aumentó algún servicio. Todo lo que compra el edificio tiene sus incrementos, al igual que los salarios de los encargados. Paren con la espiral de aumentos y esto se frena. El 85% de los gastos del edificio son fijos, se dejaron de hacer obras porque no hay plata”, se defiende el titular de CAPHAI. El plan de Larreta busca modificar también las regulaciones sobre los controles periódicos de los matafuegos, los tanques de agua, la desinfección, las fachadas, ascensores y calderas. Además, se ofrecería una cuenta corriente del Banco Ciudad gratuita. Según el gobierno, sólo en este último punto, los vecinos podrían ahorrar 7200 pesos al año.

Consorcio participativo

El jueves, el mismo día que Diputados aprobaba la media sanción a la despenalización del aborto, la Legislatura porteña no encontró consenso tratar el proyecto Consorcio Participativo. Dentro de 15 días, la iniciativa será reconsiderada y, por lo que este diario pudo saber, el oficialismo confía en que se alzarán las manos suficientes para su aprobación. De esta manera, el gobierno prevé modificar la Ley 941, que rige las reglas de juego de los administradores de la Ciudad. Lo medular del proyecto, y a la vez lo más resistido por los inquilinos, consorcistas y administradores, es la creación de una plataforma virtual en la que se volcarían todos los datos que manejan los administradores: los proveedores, el costo de los productos, lo dicho en las asambleas y hasta la posibilidad de votar vía web. La idea sería transparentar la gestión de los administradores, muchas veces cuestionada por propietarios e inquilinos. “Nos quieren controlar, me parece perfecto. Que vayan a ver nuestros papeles. Estamos obligados a presentar Declaraciones Juradas de todo lo que hacemos. Es como venir a cazar adentro del zoológico. Vayan a buscar a los que están afuera y no figuran en ningún registro”, se queja Tocco. “El Estado, con la excusa de transparentar las cuentas de cara al vecino, tendrá acceso a información sensible y muy personal, por ejemplo si tu perro ladra cuando no estás o cualquier tipo de problema que haya en tu edificio”, puntualiza Gabriel Rollandi, que preside la flamante Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal (CASIPH), donde confluyen unas 40 empresas especializadas en la realización de los sistemas informáticos de los que se valen los administradores y de ofrecerles el soporte técnico. “Las administradoras no tienen buena imagen. El gobierno lo sabe y se basa en eso para avanzar. Pero nosotros no tenemos nada que ver ni con ellos ni con los consorcistas. Somos intermediarios que brindamos un servicio, pero caemos en la volteada”, especifica Rollandi, quien junto a otras pymes creó CASIPH específicamente para oponerse al proyecto Consorcio Partipativo, que estipula brindar ese servicio gratis y con carácter obligatorio para todos los administradores. Lisandro Cingolani, secretario de CASIPH, informa que por la plataforma y el soporte cada vecino hoy paga entre 10 y 15 pesos por mes. “Si el Estado asume este costo, debería crear una especie de ministerio con cientos o miles de empleados para atender todos los problemas del sistema, que según nuestra estimación costará entre 400 y 600 millones de dólares al año. La gente va a terminar gastando más plata porque de algún lado el gobierno la va a sacar”, argumenta. Cingolani, además, advierte que “este es un gobierno al que le gustan mucho las redes sociales. La información que pasa por un sistema de gestión es enorme. En las actas de asambleas se dicen muchas cosas, la gente se manifiesta, hace comentarios sobre otros vecinos, se habla de movimientos económicos. No se trata sólo de cuánto vale la lavandina. El Estado ya tiene mucha información, pero acá tiene todo ordenadito y con un acceso directo”. Teresa Villanueva es propietaria y fue coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires. “El público consorscista es muy especial. Es poco cooperativo. A las asambleas no baja nadie. No hay interés en saber en qué se gasta la plata. Y por esto jamás salimos a la calle a protestar. El gobierno sabe esto y por eso le da para adelante”, sentencia la mujer para quien “todo esto es inconstitucional porque están avasallando la propiedad privada”. “Es la vieja práctica del gobierno porteño. Plantear un buen discurso cuando la cuestión real pasa por otro lado. Las expensas no van a bajar, porque las cosas suben de precio. Los inquilinos pagamos todas las expensas, tanto las ordinarias como las extraordinarias, pero no tenemos voz ni voto en las asambleas. Es una discusión entre ellos. Con esto, el gobierno hace que hace, pero no llega a ninguna solución. Necesitamos que controle de verdad a los administradores”, concluye Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Una polémica plataforma para controlar los gastos

En diálogo con Tiempo, el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, respondió a los principales cuestionamientos al proyecto de Consorcio Participativo, el caballito de batalla del gobierno porteño, para intentar bajar el valor de las expensas.

–¿Si la medida beneficia a los vecinos, por qué la Legislatura pospuso su tratamiento?

–Se pospuso dos semanas para ajustar detalles técnicos. Incorporamos sugerencias que hicieron los administradores, sobre la graduación de las sanciones y otros aspectos que hacen al funcionamiento de los consorcios. Tenemos que lograr el mayor consenso.
–¿Está garantizada la confidencialidad de los datos a volcar en la nueva plataforma?

–Está doblemente garantizada. Hay que aclarar que el vecino no está obligado a consignar datos personales. Tal como sucede con los sistemas de homebanking, se contará con la última tecnología en materia de seguridad informática y se garantizará la privacidad y protección de datos conforme a la Ley 5454 de CABA. No hay obligatoriedad para los propietarios, pero aquellos que quieran controlar los gastos de su edificio, podrán hacerlo. La obligatoriedad rige para los administradores cuya actividad está regulada por el Estado. Una plataforma única garantizará la liquidación conforme a la reglamentación Expensas Claras. La principal causa de denuncias ante el Registro de Administradores es la liquidación irregular de las expensas. Como Estado no podemos fiarnos de la operatoria de una multiplicidad de sistemas privados.
–¿Participarán en este proceso las empresas que ya brindan el servicio?

–La Ciudad realizará una licitación pública y quienes participen y ganen, instrumentarán el diseño según las funcionalidades ya definidas. Las empresas de sistemas podrán seguir ofreciendo muchos servicios. Hemos incorporado en la ley un artículo para que estas empresas puedan integrarse y ofrecer nuevos servicios asociados a la plataforma. La universalización de la medida les dará más oportunidades.« Respecto al libro, los datos que se volcaban allí ya figuraban en las Declaraciones Juradas que los administradores deben presentar anualmente, por lo se duplicaba la información. El ahorro sería de poco menos de 1000 pesos. “En algunos casos, el 70% de los gastos se lo lleva el personal. Las medidas son buenas, pero no van a generar un 20% de ahorro. A lo sumo evitarán que las expensas no suban más. La reducción es declarativa”, señala a Tiempo Daniel Tocco, presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal y Actividad Inmobiliaria (CAPHAI). Otra de las iniciativas que se encuentra en trámite parlamentario -ya que habría que modificar el Código de Edificación- es la eliminación de la obligatoriedad de construir la vivienda del encargado para aquellos edificios con más de 15 unidades. De aprobarse, también se ahorraría el costo de los servicios por esa vivienda que hoy corren por cuenta del consorcio. “Si esto ocurre, será para las construcciones nuevas, para atrás no corre”, analiza Tocco. “No somos formadores de precios. Si las expensas aumentan es porque aumentó algún servicio. Todo lo que compra el edificio tiene sus incrementos, al igual que los salarios de los encargados. Paren con la espiral de aumentos y esto se frena. El 85% de los gastos del edificio son fijos, se dejaron de hacer obras porque no hay plata”, se defiende el titular de CAPHAI. El plan de Larreta busca modificar también las regulaciones sobre los controles periódicos de los matafuegos, los tanques de agua, la desinfección, las fachadas, ascensores y calderas. Además, se ofrecería una cuenta corriente del Banco Ciudad gratuita. Según el gobierno, sólo en este último punto, los vecinos podrían ahorrar 7200 pesos al año.

Consorcio participativo

El jueves, el mismo día que Diputados aprobaba la media sanción a la despenalización del aborto, la Legislatura porteña no encontró consenso tratar el proyecto Consorcio Participativo. Dentro de 15 días, la iniciativa será reconsiderada y, por lo que este diario pudo saber, el oficialismo confía en que se alzarán las manos suficientes para su aprobación. De esta manera, el gobierno prevé modificar la Ley 941, que rige las reglas de juego de los administradores de la Ciudad. Lo medular del proyecto, y a la vez lo más resistido por los inquilinos, consorcistas y administradores, es la creación de una plataforma virtual en la que se volcarían todos los datos que manejan los administradores: los proveedores, el costo de los productos, lo dicho en las asambleas y hasta la posibilidad de votar vía web. La idea sería transparentar la gestión de los administradores, muchas veces cuestionada por propietarios e inquilinos. “Nos quieren controlar, me parece perfecto. Que vayan a ver nuestros papeles. Estamos obligados a presentar Declaraciones Juradas de todo lo que hacemos. Es como venir a cazar adentro del zoológico. Vayan a buscar a los que están afuera y no figuran en ningún registro”, se queja Tocco. “El Estado, con la excusa de transparentar las cuentas de cara al vecino, tendrá acceso a información sensible y muy personal, por ejemplo si tu perro ladra cuando no estás o cualquier tipo de problema que haya en tu edificio”, puntualiza Gabriel Rollandi, que preside la flamante Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal (CASIPH), donde confluyen unas 40 empresas especializadas en la realización de los sistemas informáticos de los que se valen los administradores y de ofrecerles el soporte técnico. “Las administradoras no tienen buena imagen. El gobierno lo sabe y se basa en eso para avanzar. Pero nosotros no tenemos nada que ver ni con ellos ni con los consorcistas. Somos intermediarios que brindamos un servicio, pero caemos en la volteada”, especifica Rollandi, quien junto a otras pymes creó CASIPH específicamente para oponerse al proyecto Consorcio Partipativo, que estipula brindar ese servicio gratis y con carácter obligatorio para todos los administradores. Lisandro Cingolani, secretario de CASIPH, informa que por la plataforma y el soporte cada vecino hoy paga entre 10 y 15 pesos por mes. “Si el Estado asume este costo, debería crear una especie de ministerio con cientos o miles de empleados para atender todos los problemas del sistema, que según nuestra estimación costará entre 400 y 600 millones de dólares al año. La gente va a terminar gastando más plata porque de algún lado el gobierno la va a sacar”, argumenta. Cingolani, además, advierte que “este es un gobierno al que le gustan mucho las redes sociales. La información que pasa por un sistema de gestión es enorme. En las actas de asambleas se dicen muchas cosas, la gente se manifiesta, hace comentarios sobre otros vecinos, se habla de movimientos económicos. No se trata sólo de cuánto vale la lavandina. El Estado ya tiene mucha información, pero acá tiene todo ordenadito y con un acceso directo”. Teresa Villanueva es propietaria y fue coordinadora de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires. “El público consorscista es muy especial. Es poco cooperativo. A las asambleas no baja nadie. No hay interés en saber en qué se gasta la plata. Y por esto jamás salimos a la calle a protestar. El gobierno sabe esto y por eso le da para adelante”, sentencia la mujer para quien “todo esto es inconstitucional porque están avasallando la propiedad privada”. “Es la vieja práctica del gobierno porteño. Plantear un buen discurso cuando la cuestión real pasa por otro lado. Las expensas no van a bajar, porque las cosas suben de precio. Los inquilinos pagamos todas las expensas, tanto las ordinarias como las extraordinarias, pero no tenemos voz ni voto en las asambleas. Es una discusión entre ellos. Con esto, el gobierno hace que hace, pero no llega a ninguna solución. Necesitamos que controle de verdad a los administradores”, concluye Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

Una polémica plataforma para controlar los gastos

En diálogo con Tiempo, el secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, respondió a los principales cuestionamientos al proyecto de Consorcio Participativo, el caballito de batalla del gobierno porteño, para intentar bajar el valor de las expensas.

–¿Si la medida beneficia a los vecinos, por qué la Legislatura pospuso su tratamiento?

–Se pospuso dos semanas para ajustar detalles técnicos. Incorporamos sugerencias que hicieron los administradores, sobre la graduación de las sanciones y otros aspectos que hacen al funcionamiento de los consorcios. Tenemos que lograr el mayor consenso.
–¿Está garantizada la confidencialidad de los datos a volcar en la nueva plataforma?

–Está doblemente garantizada. Hay que aclarar que el vecino no está obligado a consignar datos personales. Tal como sucede con los sistemas de homebanking, se contará con la última tecnología en materia de seguridad informática y se garantizará la privacidad y protección de datos conforme a la Ley 5454 de CABA. No hay obligatoriedad para los propietarios, pero aquellos que quieran controlar los gastos de su edificio, podrán hacerlo. La obligatoriedad rige para los administradores cuya actividad está regulada por el Estado. Una plataforma única garantizará la liquidación conforme a la reglamentación Expensas Claras. La principal causa de denuncias ante el Registro de Administradores es la liquidación irregular de las expensas. Como Estado no podemos fiarnos de la operatoria de una multiplicidad de sistemas privados.
–¿Participarán en este proceso las empresas que ya brindan el servicio?

–La Ciudad realizará una licitación pública y quienes participen y ganen, instrumentarán el diseño según las funcionalidades ya definidas. Las empresas de sistemas podrán seguir ofreciendo muchos servicios. Hemos incorporado en la ley un artículo para que estas empresas puedan integrarse y ofrecer nuevos servicios asociados a la plataforma. La universalización de la medida les dará más oportunidades.«
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