El FpV impulsa una investigación de la obra pública en los últimos 12 años

Un proyecto del diputado Grana busca crear una Bicameral que audite las obras realizadas desde 2003
31 de octubre de 2016

Tanto en campaña como desde el gobierno nacional, Cambiemos ha repetido hasta el cansancio que la obra pública realizada por los gobiernos kirchneristas es sinónimo de corrupción.

En ese sentido, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, a través de Adrián Grana, presentó un proyecto que busca crear una comisión bicameral que audite la totalidad de las obras realizadas desde 2003 hasta 2015 y no sólo una pequeña porción como realizó Vialidad Nacional. Grana aseguró que lo que se busca es que “se investigue en serio y se identifiquen con claridad, si los hubiera, a los supuestos protagonistas públicos y privados de los hechos de corrupción que se denuncian”.

El proyecto pretende que se cree una comisión bicameral integrada por 10 diputados y 10 senadores más dos veedores de los bloques parlamentarios, que por una cuestión de proporcionalidad, no integran este cuerpo. La intención es que en 180 días los legisladores analicen la totalidad de la obra pública realizada en los 12 años y medio y no el que produjo el gobierno a través de Vialidad.

Si bien Grana reconoció que esa acotada auditoría no resultó como lo esperaba el gobierno de Mauricio Macri, porque se reconoció que estaban bien realizadas las obras, la manipulación mediática terminó por tergiversarla. Es por ello que Grana considera imprescindible una auditoría total de los 596 mil millones de pesos que se invirtió en los años de gobierno K.

“Desde hace tiempo se intenta vincular la obra pública de los gobiernos kirchneristas con la corrupción. Para eso, se descontextualiza la información, se la recorta, se la tergiversa y se involucra a Cristina (Fernández de Kirchner) o a Néstor (Kirchner) como promotores y beneficiarios de supuestos hechos de corrupción”, aseguró Grana rodeado de una decena de diputados del FPV.

Según el trabajo presentado por el legislador, de 596 millones de pesos que se invirtieron en esos años, unos 336 mil millones corresponden a los organismos nacionales centralizados y 260 mil millones fueron transferidos a gobiernos provinciales y municipios.

De los millones de pesos que los organismos centralizados usaron para obra pública, según reza la información de Grana, el 35,6 por ciento fue destinado para energía; para vialidad se destinó un 17,1 por ciento; para recursos hídricos y saneamiento le correspondió un 13,9 por ciento; plaza, hospitales y bacheo el 12,2 por ciento; comunicaciones y cultura fue de 7,1 por ciento; financiamiento externo un 6 por ciento; minería 4,4 por ciento y escuelas y universidades un 3,7 por ciento.

En cuanto a los fondos que recibieron los gobiernos provinciales y municipios el 35,83 por ciento se utilizó para viviendas; el 14,75 por ciento para vialidad; el 13,16 por ciento para plaza, hospitales y bacheo; energía el 12,37 por ciento; un 8,92 por ciento para saneamiento; programa Más Cerca un 7,59 por ciento; escuelas y universidades recibió el 2,77 por ciento; el 2,8 por ciento se destinó para financiamiento externo y comunicaciones y cultura recibió el 2,22 por ciento.

En la presentación del proyecto, Grana mostró también un cuadro que da cuenta del ranking de las empresas privadas que trabajaron con esa obra pública. La encabeza Techint con casi el 5 por ciento del total, la sigue Electroingeniería con el 4,61 por ciento y tercera es la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra, quien a través de Iecsa obtuvo el 4,18 por ciento del total del dinero invertido en obra pública. En ese listado la empresa CPC que pertenece a Cristóbal López ocupa el puesto 13 con el 0,96 por ciento y el Grupo Austral, del ahora detenido Lázaro Baez, sólo obtuvo el 0,3 por ciento del total de las obras públicas y, como tal, ocupa el puesto 38 en este ranking que mostró Grana (ver documento aparte).

El legislador destacó que la auditoría realizada por el gobierno nacional sólo se concentró en las realizadas en la provincia de Santa Cruz entre 2010 y 2015 y que abarcan unas 83 obras públicas. Para ejemplificar cuál fue el resultado de ese trabajo, Grana leyó algunas de las conclusiones a la que arribaron los técnicos de Vialidad Nacional y que aseguran que “del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse salvo en algunos casos puntuales”. Ante esa definición es que Grana aseguró que “aún siendo sesgado y berreta, el informe de esta auditoría es infinitamente menos crítico que lo que venden Clarín, TN, (Jorge) Lanata y (Margarita) Stolbizer”.

Es por esa razón que el diputado remarcó la necesidad de hacer una auditoría total: “Es necesario esclarecer absolutamente lo que ocurrió y ocurre en todo el país, en todas las administraciones y con todos los contratistas. Queremos conocer el origen del dinero que aparece en un convento y también el que aparece en cuentas y sociedades offshore armadas por miembros de la patria contratista y todos sus familiares”, aseguró Grana rodeado de los diputados Héctor Recalde, Axel Kicillof, María Teresa García, Diana Conti, Carlos Castagneto, Juan Alberto Ciampini, Eduardo Seminara, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta, Liliana Mazure, Mirta Soraire, Juan Manuel Jus, Ana Llanos y Alejandro Abraham.

Informe sobre un estudio preliminar de la obra pública:

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