En sintonía con lo dispuesto a nivel nacional donde a partir de las próximas elecciones presidenciales los candidatos tendrán la obligación de debatir, el FPV busca que la legislatura santafesina debata el proyecto que estipula el mismo régimen para quienes quieran competir por la gobernación.
El proyecto redactado por el diputado Leandro Busatto había sido aprobado por unanimidad en 2015 por la Cámara de Diputados provincial pero perdió estado parlamentario al no ser debatido por los senadores.
El texto señala que el debate se realizará entre 15 y 20 días antes de la fecha de los comicios y será entre los tres principales postulantes surgidos de las internas.
La organización, según propone el proyecto estará a cargo de la Radio y Televisión Santafesina (RTS, sociedad del Estado), al tiempo que la confrontación podrá ser retransmitida por los canales de aire y radios de la provincia.
La norma también impone sanciones para aquellos candidatos que no cumplan con su obligación. Aquellos candidatos que se rehúsen a debatir no serán incluidos en la distribución de los espacios en radio y televisión que compra el Estado y otorga a los participantes de los comicios. Además, perderán el derecho a recibir contribuciones, subsidios y cualquier otro recurso de financiamiento público o monto que les correspondiere para las campañas electorales por un plazo de uno a cuatro años.
Al respecto de los objetivos que persigue el proyecto, Busatto detalló: «Más allá de que suene imperativo obligar a los candidatos a confrontar, lo cierto es que la ausencia de propuestas viene caracterizando las últimas campañas proselitistas en la provincia».
El joven legislador santafesino calificó el debate obligatorio entre los candidatos a gobernadores como «un espacio adecuado para la confrontación de propuestas y una práctica efectiva para consolidar el sistema democrático», y enfatizó: El político debe explicarles a los santafesinos qué es lo que pretende hacer en caso de acceder al poder, al tiempo que es interpelado por sus rivales».
