El freno al plan Pro.Cre.Ar afecta a más de 40 mil familias en todo el país

Beneficiarios del programa de acceso a la vivienda denuncian la paralización de obras en los complejos habitacionales y el impacto de la devaluación en los casos particulares. Preparan denuncias contra el titular de la Anses y advierten sobre los riesgos de la "resegmentación" impuesta por el macrismo. Los números y cifras que muestran los cambios en las condiciones.
18 de Septiembre de 2016

De beneficiarios a damnificados. En ese derrotero se anotan miles de familias adjudicatarias del Plan Pro.Cre.Ar que hoy vuelven a ver de lejos el sueño de la vivienda propia. Treinta mil viviendas de 89 desarrollos urbanísticos de todo el país están frenadas y sin entregar debido al incumplimiento del gobierno nacional, la Anses y el Banco Hipotecario. El cuadro -construido por las denuncias de los beneficiarios y un relevamiento técnico del equipo legislativo del ex ministro de Economía, Axel Kicillof- se completa con las dificultades derivadas del nuevo contexto económico. Con la devaluación, el monto del crédito se escurre entre las manos de los 13 mil beneficiarios particulares que observan cómo los efectos del clima y el paso del tiempo corroen la vivienda cuya cuota siguen pagando todos los meses. Para hacer frente a esta nueva realidad, los inscriptos sorteados comenzaron a organizarse y adelantaron a Tiempo que tomarán la vía judicial con denuncias penales sobre Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. 

Las protestas comenzaron a sucederse este año cuando se frenaron las construcciones de los complejos urbanísticos en Tigre, San Nicolás y Tandil. Esa situación involucra ahora a Granadero Baigorria, Canning, Morón, Córdoba capital y Maipú (Mendoza). Los damnificados se enfrentan a dos problemas: uno es la falta de asignación de la vivienda y otro es la "resegmentación". Es que los anotados se dividen en cinco categorías: en la más baja entraban los de salarios más bajos que, actualmente, con la "resegmentación", en su mayoría quedó en la categoría cinco. 

Otro de los actores interesados en resolver este atolladero y sacar su tajada son las empresas contratistas, como el Grupo Farallón SA entre otros. Las compañías no quisieron seguir adelante con las obras porque pretenden volver a renegociar los contratos después de la drástica devaluación de principios de año. En respuesta, a mediados de mayo, el gobierno nacional dictó el Decreto 691 que dispuso que los precios aplicados a los contratos de las obras públicas se rijan por los precios de mercado. Según fuentes de la administración anterior, la línea de crédito de los desarrollos urbanísticos quedó fondeada con más de 14 mil millones de pesos en efectivo. Sin embargo, ese presupuesto no se ejecutó, según queda demostrado por el freno de las obras. 

Matías Fortunatti, uno de los damnificados y a su vez abogado de 111 familias de Tigre que quieren recuperar el sueño de tener la casa propia, adelantó a Tiempo que denunciarán penalmente a Basavilbaso por incumplimiento de deberes de funcionario público. En Tigre, hace diez días se agolparon para protestar en la puerta del Banco Hipotecario, administrador del crédito. Por lo pronto, en el Concejo Deliberante local se votará este martes un proyecto de ordenanza que declara de interés municipal al Pro.Cre.Ar. Pero la inacción del gobierno nacional también se expresa en que mientras que el año pasado se sorteaban 5000 viviendas por mes, este año, hasta junio, apenas se asignaron 600 mensuales. 

Pro.Cre.Ar macrista 

La vivienda sigue siendo una problemática a resolver ya que para participar del nuevo Pro.Cre.Ar, al que le agregaron el slogan de "Solución casa propia", se anotaron 113.838 familias. Según anunció la propia Anses, en esta primera etapa se invertirán 5000 millones de pesos, lo cual contempla en promedio unos 25 mil créditos cuyos beneficiarios se conocerán el viernes 30 de septiembre. 

Sin embargo, en esta nueva etapa el Estado ayuda al beneficiario a sacar un crédito en uno de los 14 bancos privados que acordaron con el gobierno y bonifica parte del capital inicial que se adjudica al momento de la escrituración. A su vez, el sorteo ya no es más la forma de adjudicación sino que se implementa un "sistema de puntaje social". También se modifica la tasa. Mientras antes era fija los primeros años, ahora se actualiza por el sistema UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que ajusta según la modificación del índice de precios, o sea, la inflación, que varía de mes a mes e impide al beneficiario saber cuánto pagará futuro. Ahora también se puede adquirir viviendas usadas. En su anterior versión, el plan estaba destinado a la construcción de casas nuevas. La compra de vivienda usada no motoriza la construcción y tampoco ayuda a que las familias puedan aumentar el valor de sus casas. «

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