«De la audiencia pública salió un (aumento) promedio de entre el 30 y 35 por ciento», estimó el secretario de Energía, Javier Iguacel, horas antes de que comience a regir el nuevo cuadro tarifario del gas. No hubo anuncio oficial alguno. De hecho, ni siquiera el Enargas realizó el informe sobre la audiencia pública celebrada este mes, cuando ese informe debe ser previo a la resolución de la Secretaría. Ese es el marco de incertidumbre en el cual se dará el nuevo aumento.

El gobierno se encuentra en un laberinto. La megadevaluación de los últimos meses puso contra las cuerdas a una política tarifaria basada en la dolarización de los costos de producción del gas. Por un lado, no puede trasladar todo el peso de la devaluación a las tarifas. Por otra parte, tiene compromisos en dólares con las petroleras, que no ceden en sus pretensiones. Además, en el marco del achicamiento del déficit fiscal vía reducción de gasto público, tampoco podría aumentar subsidios a la producción. El resultado es la incertidumbre.

Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, dio a Tiempo su punto de vista: «El gobierno está ante una situación que no sabe cómo resolver. Si el gobierno aplica la misma lógica que mantuvo hasta ahora, los aumentos tendrían que estar por encima del ciento por ciento, lo cual es inviable. No saben cómo conformar a las petroleras, que piden se les pague el gas con el dólar actual».

En abril fue el último aumento: 32% en promedio. Si se cumple la profecía de Iguacel, con el 35% de octubre la tarifa del gas acumularía en el año una suba del 78%. Muy por encima de la ya alta proyección inflacionaria del 40% para fin de año. Ni hablar de la diferencia con el crecimiento salarial, que se ubica en torno al 25 por ciento.

Gabriel Solano, dirigente del FIT-PO, analizó: «Esto tiene dos salidas: que las petroleras sacrifiquen beneficio por proteger al macrismo, lo cual hasta ahora no ha ocurrido, o que las empresas dejen de invertir, que es lo más probable». En ese sentido, destacó: «La inversión de Vaca Muerta se hizo sobre la base de un precio diferencial para las petroleras. Sin eso, las empresas van a desinvertir, lo cual provocaría la obligación de volver a importar gas».

Para Boada, además, «hay que sumar la deuda por la Diferencia Diaria Acumulada (DDA) que el gobierno tiene con las petroleras». En abril, el precio del gas en boca de pozo se cerró con el dólar a 20 pesos. En el camino hasta septiembre, el valor se duplicó y las petroleras reclaman la diferencia. «El gobierno ya se comprometió a pagarla. Sólo resta ver si lo va a hacer en 6 o en 24 meses», advirtió Boada y finalizó: «El resultado de todo esto es un combo que hace explotar el aumento». En el mismo sentido, Solano concluyó: «La dolarización de las tarifas en un marco devaluatorio es una bomba de tiempo por dónde se lo mire. Es incompatible con el desarrollo del país». «


Límites a la tarifa social

El gobierno anunció un fuerte recorte a los subsidios a la tarifa social y el fin de los beneficios por ahorro de consumo. «Han limitado los efectos casi por completo. Había una cobertura del 100% en el gas en boca de pozo para los sectores más vulnerables, después lo redujeron y ahora sólo queda un cupo pequeño con tarifa plena y el resto a tarifa plena», sintetizó Claudio Boada. La resolución 14/2018 establece una sensible baja en los consumos máximos absorbidos por la tarifa social. Superarlos implicaría pagar el precio pleno.

Estos topes varían según la región. En el caso de CABA, el tope está en 87 metros cúbicos al mes. Según se puede calcular en la web de Enargas, usar un calefón de 12 litros durante una hora por día significa un consumo de 60 metros cúbicos. Es decir, un gasto mínimo significará estar por encima de lo establecido como tope en la nueva «tarifa social».

Suben los combustibles

«Medido en términos reales, los combustibles en la Argentina están en promedio más baratos que en toda su historia o por lo menos que en los últimos 20 años», aseguró este viernes Javier Iguacel, en declaraciones radiales.

Los distintos actores del mercado coinciden en que los precios de las naftas están atrasados en un 20%, pese a los aumentos de este año. Desde hace exactamente un año, el gobierno decidió liberar (y por tanto dolarizar) el precio de los combustibles. Si se tiene en cuenta la enorme devaluación del dólar, los aumentos de las naftas deberían ser mayores con este esquema. Por esto aparece como ineludible un aumento en este mes y, posiblemente, en cada mes hasta fin de año.

Sin embargo, suena inoportuno que el secretario de Energía hable de precios «baratos» cuando llenar un tanque cuesta entre 1500 y 2000 pesos.

Rige el alza en Prepagas

A partir de este lunes, la medicina prepaga subirá los aranceles un 8 por ciento. Es el cuarto aumento autorizado este año por la cartera de Salud, los que ya suman un 29,8 por ciento. Se estima que podría haber un alza más antes de fin de año.

Desde enero de 2016 las prepagas acumularon aumentos de un 144,6%, contra la inflación del 129,2%. Una diferencia a su favor de 15,4 puntos porcentuales.

Un plan familiar para un matrimonio con dos hijos, que en diciembre de 2015 costaba $ 5800, hoy se ubica en más de $ 14 mil. Este aumento de las empresas de la medicina privada se da en el marco de brutales recortes a la salud pública.

Este año, el presupuesto de la cartera comenzó con $ 38.994 millones y por estos días es de $ 30.425 millones, contra una inflación en alza que supera el 24 por ciento.