La ministra de Interior británica, Amber Rudd, quedó hoy en el ojo del huracán y pidió que no se la llame «racista» luego de anunciar un polémico plan para exigir a las empresas publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean en el Reino Unido, con el objetivo de que contraten más personal británico.

Rudd defendió hoy su propuesta y negó que sea xenófoba, al tiempo que agregó que es sólo una más de las que están bajo consideración luego de que los británicos votaran en un referéndum en junio abandonar la Unión Europea (UE) en gran parte por el rechazo a la inmigración de ciudadanos del bloque comunitario.

La inmigración volvió a ser el tema clave en el día de clausura de la conferencia del gobernante Partido Conservador en Birmingham, en el centro de Inglaterra, donde Rudd anunció también nuevas restricciones a los estudiantes extranjeros, incluidas normas de visado en función de la calidad de la universidad o institución, así como un fondo de 140 millones de libras para el «control de los inmigrantes».

Las propuestas de la titular de interior del gobierno de la primera ministra Theresa May fueron cuestionadas por líderes políticos opositores y por varios directivos e instituciones empresariales de alto perfil, incluyendo las Cámaras de Comercio Británicas.

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, acusó hoy a May de promover la «xenofobia y el odio». «Los líderes del Partido Conservador han descendido hasta cotas todavía más bajas esta semana. Han encendido la llama de la xenofobia y el odio en nuestras comunidades y han tratado de culpar a los extranjeros de sus propios fallos», declaró Corbyn.

Josh Hardie, director general de la organización patronal británica (CBI), dijo que «en lugar de imponer más burocracia, el gobierno debería estar trabajando con las empresas. Tras el referéndum de la UE, necesitamos un enfoque de la inmigración que tanto apoya a la economía», apuntó.

En este sentido, Hardie sostuvo que el anuncio de la ministra del Interior respecto de más fondos para apoyar los servicios públicos en áreas clave del país es bienvenido, pero que también es momento de tener en claro el valor de la inmigración hacia el Reino Unido, así como sus retos.

«Las empresas no darán la bienvenida a nuevas restricciones a la inmigración altamente calificada de los socios comerciales más importantes de todo el mundo. Este es un momento en que necesitamos enlaces fuertes a nivel mundial para aprovechar las nuevas oportunidades después del referéndum», apuntó el líder empresarial.

Y resaltó además el valor de las universidades del Reino Unido como «una joya de la Corona» en apoyo al desarrollo de la innovación y al crecimiento. El gobierno debe ir con cuidado sobre cualquier cambio en la inmigración respecto a los estudiantes», expresó.

En cuanto a la exigencia de las empresas a informar sobre el número de trabajadores nacionales no británicos que emplean, Hardie afirmó que «las empresas británicas invierten 45.000 millones de libras al año en formación de trabajadores en el Reino Unido. Sin embargo, hay falta de capacitación adecuada en este momento y si las empresas no ocupan ese lugar no pueden crecer».

«Entendemos la preocupación pública y por qué es importante controlar la inmigración, pero el gobierno debería estar trabajando en estrecha colaboración con las empresas para crear un sistema que funcione, en lugar de crear más capas de burocracia en un momento en que el país tiene que estar abierto a los negocios», concluyó.

Por su parte, Adam Marshall, director general la Cámara de Comercio Británica (BCC), según consigna The Guardian, dijo que ya que las empresas hacen mucho para capacitar a los trabajadores y buscar empleados locales, «no creo que deban ser penalizadas por la contratación en el extranjero cuando tienen habilidades y necesidades específicas».

Ante el aluvión de críticas procedentes del sector empresarial y de partidos de la oposición, Rudd defendió estos planes y ha pedido que no se la tilde de «racista» por hablar de inmigración, en declaraciones a BBC.

Con ello se pretende, según explicó, «evitar que los inmigrantes tomen empleos que pueden desempeñar trabajadores británicos».

Las planes de restricción a los estudiantes fueron criticados también por las Universidades y la Unión de escuelas del Reino Unido, argumentando que son contribuyentes y le hacen bien a la economía.

La Unión de Universidades y escuelas del Reino Unido (UCU, por sus siglas en inglés), condenó las nuevas propuestas sobre el reclutamiento de estudiantes internacionales anunciadas por Rudd.

El sindicato destacó que los estudiantes internacionales compuestos por el 18% del grupo de educación del Reino Unido en 2014, están haciendo una enorme contribución a la educación superior del país.

«Limitar los estudiantes extranjeros en las universidades y cursos particulares equivale a un mensaje de que el Reino Unido está cerrado a la negociación», consideró Sally Hunt, secretaria General de la UCU.

Hunt coincidió también en que tanto los estudiantes como las profesionales calificados constituyen una valiosa contribución a la economía.

Por su parte, Tim Farron, líder combativo de los Liberales Demócratas, afirmó que la propuesta es «una política poco desagradable que merece ser arrojada a la basura».
«Esto amenaza con avivar aún más el resentimiento que se ha visto en un aumento en los delitos xenófobos en nuestro país», y agregó que su partido siente orgullo por su creencia en que la inmigración beneficia a la cultura, a la economía y a las comunidades del Reino Unido.

Por su parte, la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, los líderes del Partido Verde, Caroline Lucas, junto con Jonathan Bartley y Leanne Wood, del partido Plaid Cymru, calificaron el enfoque hacia la inmigración de Ejecutivo conservador de «tóxico»

Sturgeon firmó una declaración conjunta en la que criticó la «retórica divisoria» del Partido Conservador a raíz del polémico discurso de Rudd.