El gobierno hostiga al fuero laboral para profundizar el ajuste

En julio Macri ya había pedido una "justicia laboral más equitativa" y la responsabilizó por la demora en la llegada de inversiones.
25 de Febrero de 2017

El gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri ha venido desplegando un ataque en regla contra las condiciones de vida de los asalariados.

No satisfechas, las grandes patronales locales y extranjeras, insisten con la idea de que el flujo de inversiones y la reactivación económica dependen, entre otros factores, de una drástica reducción de los costos laborales.

Para cumplir ese mandato, el gobierno se aferra, a como de lugar, al techo del 18% en las paritarias (luego de una pérdida del poder adquisitivo del salario en 2016 de alrededor de un 10%); actúa a través del Ministerio de Trabajo en franca complicidad con la política de despidos masivos desplegada en la industria y en los servicios; dictó primero por decreto y luego promulgó a través del Congreso la reforma de la ley de ART a la medida de empresas y aseguradoras de riesgo.

Además, tiene en agenda otra serie de medidas de orden impositivo y de condiciones laborales tendientes a reducir esos costos en favor de las empresas.

Una piedra en el zapato

Ante la ausencia de una medida de conjunto de la CGT unificada durante todo el año pasado, el gobierno y las empresas tuvieron que lidiar, por un lado, con múltiples conflictos sectoriales y puntuales generalmente ninguneados por la cartera laboral y, por el otro, con una serie de fallos surgidos por el lado de la Justicia del Trabajo que recorren un espinel que va desde reinstalaciones de delegados, pasando por cautelares para el cumplimiento de paritarias salariales hasta el reciente fallo de inconstitucionalidad de la ley de ART declarada por el juez Alejandro Aníbal Segura.

El caso más resonante posiblemente haya sido la sentencia de los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo que dictó una medida cautelar en favor de La Bancaria instando al cumplimiento del acuerdo paritario sellado en diciembre por el sindicato con dos de las tres cámaras que el gobierno había llamado a desacatar.

Finalmente, la amenaza de paro de los trabajadores, apuntalada por ese fallo, obligó al gobierno y los bancos a dar marcha atrás.
Pero además, el 10 de febrero, los jueces laborales José Ramonet y Carlos Pose dictaron un embargo sobre las cuentas de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR-Clarín) para que pagaran la quincena a los trabajadores que están ocupando la fábrica por el cierre intempestivo y fraudulento de la empresa.

El año pasado, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, había fallado en favor de los trabajadores docentes de la provincia que reclamaban la devolución de los descuentos por los días de paro ocurridos en el marco de la discusión paritaria.

Contragolpe

Frente a esta sucesión de fallos favorables a los trabajadores, el gobierno decidió contragolpear y asumir una actitud revanchista con una seguidilla de medidas que se produjeron en los últimos días y que, de fondo, apuntan a allanar el camino del ajuste.

Primero, con el pedido de juicio político a los jueces Gibert y Marino promovidos por el mismo ministro de Trabajo Jorge Triaca. Luego logrando revertir en una instancia superior el fallo por el derecho a huelga de los docentes bonaerenses días antes de la medida de fuerza que tomarán el 6 y 7 de marzo.

Además, la misma Corte Suprema de Justicia dictó el martes pasado un fallo mediante el cual establece que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitarse en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo.

Está por verse qué actitud toma el ejecutivo, finalmente, con el fallo de inconstitucionalidad de la ley de ART dictado por el juez Aníbal Segura.

En diálogo con Tiempo, el juez Ramonet, que dictara el embargo en favor a los trabajadores de AGR-Clarín, explicó que la empresa "no ha cumplido con el pago siendo este legítimo porque la empresa generó un conflicto masivo despidiendo a 380 trabajadores sin presentar los preventivos de crisis correspondientes".

Con relación a la ofensiva más general contra el fuero laboral explicó que "a este contexto, hay que sumar el traspaso de los fueros nacionales a la Ciudad de Buenos Aires (ver recuadro). Si uno ve toda la película se dan las condiciones para interpretar que habría una animosidad contra el fuero".

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, explicó a Tiempo Argentino que "hasta dónde irá el gobierno es difícil de predecir. Lo que está claro es que es una política. No son medidas aisladas." Y continuó señalando que "es obvio que el derecho del trabajo está hecho para equiparar dos partes que son desiguales. No creo que sea muy fácil que los jueces se amedrenten porque es un ataque al Estado Derecho".

Por último, Ramonet, señaló que "cuando el presidente dijo que la Justicia del Trabajo tendía a fallar siempre en favor de los trabajadores no entiende algo de principio. Los jueces del Trabajo somos imparciales pero no neutrales porque, según varios fallos de la Corte, nuestra función es darle preferente tutela al trabajador que lo único que tiene es su fuerza de trabajo". explicó. La disputa entre el gobierno y el fuero laboral promete nuevos capítulos en los que estarán en juego derechos elementales de los trabajadores. «

El traspaso a la Ciudad, otro flanco del ataque

Ya desde agosto de 2016 el gobierno nacional se propuso comenzar con el traspaso de los juzgados de los distintos fueros de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso también expondrá a los jueces ya que en la CABA, para remover un letrado, alcanza con una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura. En la medida en que también se traspasan la mayoría de los delitos que hacen a la función pública se generan condiciones de impunidad para el Ejecutivo porteño.

Facundo Sosa, secretario general de la comisión interna del fuero penal (UEJN) señaló a Tiempo que el traspaso "no compatibiliza nuestros derechos como trabajadores. Mediante un convenio firmado el 19 de enero pretenden traspasar parte de la justicia penal empezando por los juzgados vacantes aprovechando que hay jueces no nombrados. Van a avanzar también sobre los juzgados laborales."

Sobre el pedido de juicio político a los jueces Gibert y Marino señaló que "es un atropello. El gobierno cuando era oposición reclamaba la independencia del poder judicial con un discurso institucionalista pero cuando asumen avasallan a la Justicia. Les molesta mucho un fuero que defiende a los trabajadores", concluyó.

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