El gobierno relanzó esta semana el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que en agosto volverá a pagar parte de los salarios de los trabajadores privados y confirmó una nueva edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $ 10 mil para empleados informales y monotributistas, entre otros.

Las medidas se confirmaron en el peor momento de la pandemia de Covid-19, que atraviesa la fase de mayor contagio, y son, de hecho, un reconocimiento del impacto del aislamiento social en una economía que sigue sin levantar cabeza, a pesar de las aperturas paulatinas de los últimos meses.

La otra cara del tema es la situación de las cuentas del Estado. El Sector Público Nacional (SPN) marcó un déficit primario de $ 253.706 millones en junio, informó el Ministerio de Economía, un factor directamente asociado con las asignaciones a las que echa mano la administración nacional para contener un cuadro social que podría ser todavía más complejo que el actual.

Esta vez el ATP reemplaza el aporte por créditos a tasa subsidiada. Concretamente, las empresas de rubros con facturación nula o positiva hasta el 30% en la comparación de junio 2020 con igual mes del año pasado tendrán acceso a un crédito «garantizado y subsidiado por el gobierno nacional con tres meses de gracia a devolver en 12 cuotas fijas» para el pago de salarios, informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. También se informó que el pago de los salarios privados por medio del ATP se realizará sin discriminación de zonas geográficas. La medida incluyó la novedad de que el turismo, el entretenimiento, la cultura y la salud percibirán el ATP hasta diciembre.

IFE, tercera cuota

En tanto, el 10 de agosto comenzará el cronograma de pago del IFE que desde julio demandó la apertura de cuentas bancarias para los beneficiarios que no las tenían. En total cobrarán esa asignación 8,9 millones de personas. En primer lugar accederán al cobro quienes sean además receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), en la misma fecha prevista para esos pagos. El resto de los beneficiarios cobrará en el transcurso de agosto.

Los socios

El viernes en la presentación de la extensión del ATP, el presidente Alberto Fernández resaltó el programa como un instrumento para «garantizar la continuidad del empleo» e interpeló especialmente a las pymes como los socios principales del gobierno. El sector es responsable del 70% de los puestos de trabajo en el país pero el gobierno también tiene vínculo estrecho con el influyente G6, que el mismo viernes respaldó públicamente la oferta oficial a los tenedores de la deuda argentina, en lo que constituyó un guiño del empresariado con mayor capacidad de lobby, y el que más fuerte negoció por el ATP.

En dólares, el monto del déficit público equivale a unos U$S 3535,3 millones, una cantidad modesta comparada con los U$S 46.440 millones de la fortuna que acumulan los diez empresarios más ricos del país de acuerdo a una publicación reciente de la revista Forbes.

El sector privado aparece como gran beneficiario del ATP. La continuidad de la medida tiene mucho que ver con el paciente lobby que desarrollaron las empresas para que el parate de la economía se cubra con fondos públicos. La crisis promete seguir en los meses que vienen y las gestiones de la dirigencia privada también, si se tiene en cuenta lo que anticipan las encuestas que recogen el ánimo de los hombres de negocios.

En particular, una que difundió la semana pasada el Instituto para el Desarrollo Económico de la Argentina (IDEA) marcó que seis de cada diez dirigentes de empresas ven que la economía seguirá entre mucho peor y moderadamente peor el próximo semestre y pateó los pronósticos de recuperación recién para el año que viene.

Una semana antes, otro sondeo de la consultora Vistage con respuestas de 320 CEO, gerentes y dueños de compañías arrojó un 75% de expectativas negativas para los próximos 12 meses.