Con fecha del 28 de julio y con la firma del gabinete en pleno se conoció el decreto que prorroga la prohibición de los despidos sin justa causa por un nuevo período de 60 días.
Así las cosas, formalmente, las empresas no podrán producir cesantías hasta el 30 de septiembre invocando criterios de “falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.
A la hora de fundamentar la renovación de la norma, el gobierno recuerda los decretos y las medidas que ha adoptado para apuntalar la actividad económica subsidiando al sector privado. Allí destacan la creación del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) destinado a dar garantías para facilitar el acceso a créditos por parte de las Pymes así como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Régimen de Regularización Tributaria, “entre otras de las muchas normas ya dictadas”.
La única verdad, la realidad
Sin embargo, la realidad indica que, a pesar de esa normativa y la vigencia de la ley que establece la doble indemnización por despido prorrogada hasta fin de año, el número de trabajadores activos del sector registrado de la economía se redujo en un 4% en apenas dos meses.
Según los datos oficiales publicados por el Sistema Integrado de Previsión Social (SIPA) de la Afip, sobre la base de los cuales luego el ministerio de Trabajo elabora sus propios informes, el número de trabajadores bajo convenio se redujo desde 7.880.585 en marzo de este año hasta 7.595.704 en el mes de mayo.
De esta forma, según la última información oficial disponible, durante los dos primeros meses de vigencia plena de la cuarentena se dieron de baja 284.881 puestos de trabajo registrados. Resta aún conocer el dato del mes de junio.
A la hora de analizar los datos por sectores surge que el de “servicios artísticos, deportivos, culturales y de esparcimiento” resultó el más golpeado ya que los 17.389 puestos que se dieron de baja en el período, equivalen al 18,35% de los existentes en el rubro en marzo de este año.
La construcción, cuyo régimen específico de contratación (por su carácter inestable y estacional) no es alcanzado por el decreto, resultó el sector más golpeado en términos absolutos ya que registró, según los datos del SIPA-AFIP, una baja de 58.817 puestos que, a su vez, representan el 15,7% de los empleos activos en marzo.
Al mismo nivel en términos porcentuales se ubicó el retroceso del empleo en los servicios de alojamiento y comidas con una pérdida de 43.905 puestos.
En el cálculo interanual, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la destrucción total de empleos registrados según el SIPA escala hasta 404.042.
El empleo informal, un agujero negro
La normativa vigente, claro, solo afecta a los empleados bajo convenio. En condiciones recesivas “normales” la destrucción de empleo no registrado, por obvios motivos, supera largamente la que se verifica en el sector formal de la economía. Es de esperar que, en estas condiciones, el parate producido por la cuarentena y la ausencia de medidas que alcancen a ese sector haya generado una transpolación exponencial de esa situación en el sector informal de la economía.
Las fuentes de trabajo
Los datos oficiales también dan cuenta de una reducción en el mismo período de los aportantes a la seguridad social (empresas) de un 3% que podrían ser la clave para explicar la pérdida de empleos.
En concreto, en mayo, hubo 18.546 razones sociales que no hicieron aportes con relación a los registros de marzo que están indicando la posibilidad de cierres de empresas. En términos interanuales las bajas llegan a 28.460.
La versión oficial
Fuentes del ministerio de Trabajo aseguraron a Tiempo que “los despidos están suspendidos y, por eso, jurídicamente son declarados nulos. Luego entrarán en litigio por las vías correspondientes”.
El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales al programa «Toma y Daca» señaló que “es la primera vez en la historia laboral argentina que se prohíben los despidos y las suspensiones sin pago de salarios” y, valoró, “la política se mostró muy eficaz”.
El titular de la cartera laboral puntualizó que “la caída del empleo ha sido mucho más baja que en otros países. En Estados Unidos se contrajo un 14% y en Australia un 5% mientras que nosotros estamos en un 2,6%. Cuando se analiza la caída, no es por los ceses, que cayeron un 60%, sino porque no hay creación de empleo ni renovación de contratos”.
Al mismo tiempo, por la misma vía, reconoció que “se nos hace muy difícil impedir los despidos en el sector informal. Solo tenemos herramientas policiales para eso y lo cubrimos con la asistencia social como el IFE. En algunos casos protegemos y en otros sustituimos ingresos”.
El análisis de los especialistas en mercado laboral
Sin embargo, por el lado de los estudioso en la materia, Oscar Martínez, investigador del Taller de Estudios Laborales, señaló a este diario que “está perfecta la prohibición. Pero hay una cantidad enorme de empresas que están prescindiendo de trabajadores en negro y también empresas y grandes empresas formales que están despidiendo”.
El especialista explicó que “es como con el covid y los protocolos de salud. Hay un discurso y una práctica normativa general que uno puede creer que están bien. Pero cuando hay que controlar a los empresarios eso pasa a ser letra muerta. Con los despidos pasa lo mismo. Esta política de quedar bien con todos termina, en última instancia, en que se queda bien con los sectores más poderosos”, criticó.
Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, “la prórroga del decreto era una medida esperable”. Sin embargo, opinó que, “como se viene viendo en estos meses es definitivamente insuficiente para proteger el empleo”.
Es que, coincidió con Martínez, “las medidas legislativas por sí solas no bastan para impedir la caída del empleo. Es una norma que impide que el retroceso sea aún mayor pero los efectos inmediatos son más importantes en las suspensiones”.
Para Martínez, en definitiva, “hay una cuestión de fondo que se viene jugando con también Vicentín y se jugó con el impuesto a la riqueza y es si se está dispuesto a tocar intereses o son solo declaraciones de buenas intenciones”.
Por último, Campos coincidió con el titular de la cartera laboral señalando que “los despidos, en general, responden a empresas que están cerrando y empleadores que dejan de operar y no a empleadores que mandan telegramas de despidos” y, pronosticó, “si la actividad económica no responde, el escenario va a ser aún peor que el que estamos viendo en estos días”.
Así las cosas, formalmente, las empresas no podrán producir cesantías hasta el 30 de septiembre invocando criterios de “falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”.
A la hora de fundamentar la renovación de la norma, el gobierno recuerda los decretos y las medidas que ha adoptado para apuntalar la actividad económica subsidiando al sector privado. Allí destacan la creación del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) destinado a dar garantías para facilitar el acceso a créditos por parte de las Pymes así como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Régimen de Regularización Tributaria, “entre otras de las muchas normas ya dictadas”.
La única verdad, la realidad
Sin embargo, la realidad indica que, a pesar de esa normativa y la vigencia de la ley que establece la doble indemnización por despido prorrogada hasta fin de año, el número de trabajadores activos del sector registrado de la economía se redujo en un 4% en apenas dos meses.
Según los datos oficiales publicados por el Sistema Integrado de Previsión Social (SIPA) de la Afip, sobre la base de los cuales luego el ministerio de Trabajo elabora sus propios informes, el número de trabajadores bajo convenio se redujo desde 7.880.585 en marzo de este año hasta 7.595.704 en el mes de mayo.
De esta forma, según la última información oficial disponible, durante los dos primeros meses de vigencia plena de la cuarentena se dieron de baja 284.881 puestos de trabajo registrados. Resta aún conocer el dato del mes de junio.
A la hora de analizar los datos por sectores surge que el de “servicios artísticos, deportivos, culturales y de esparcimiento” resultó el más golpeado ya que los 17.389 puestos que se dieron de baja en el período, equivalen al 18,35% de los existentes en el rubro en marzo de este año.
La construcción, cuyo régimen específico de contratación (por su carácter inestable y estacional) no es alcanzado por el decreto, resultó el sector más golpeado en términos absolutos ya que registró, según los datos del SIPA-AFIP, una baja de 58.817 puestos que, a su vez, representan el 15,7% de los empleos activos en marzo.
Al mismo nivel en términos porcentuales se ubicó el retroceso del empleo en los servicios de alojamiento y comidas con una pérdida de 43.905 puestos.
En el cálculo interanual, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la destrucción total de empleos registrados según el SIPA escala hasta 404.042.
El empleo informal, un agujero negro
La normativa vigente, claro, solo afecta a los empleados bajo convenio. En condiciones recesivas “normales” la destrucción de empleo no registrado, por obvios motivos, supera largamente la que se verifica en el sector formal de la economía. Es de esperar que, en estas condiciones, el parate producido por la cuarentena y la ausencia de medidas que alcancen a ese sector haya generado una transpolación exponencial de esa situación en el sector informal de la economía.
Las fuentes de trabajo
Los datos oficiales también dan cuenta de una reducción en el mismo período de los aportantes a la seguridad social (empresas) de un 3% que podrían ser la clave para explicar la pérdida de empleos.
En concreto, en mayo, hubo 18.546 razones sociales que no hicieron aportes con relación a los registros de marzo que están indicando la posibilidad de cierres de empresas. En términos interanuales las bajas llegan a 28.460.
La versión oficial
Fuentes del ministerio de Trabajo aseguraron a Tiempo que “los despidos están suspendidos y, por eso, jurídicamente son declarados nulos. Luego entrarán en litigio por las vías correspondientes”.
El propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales al programa «Toma y Daca» señaló que “es la primera vez en la historia laboral argentina que se prohíben los despidos y las suspensiones sin pago de salarios” y, valoró, “la política se mostró muy eficaz”.
El titular de la cartera laboral puntualizó que “la caída del empleo ha sido mucho más baja que en otros países. En Estados Unidos se contrajo un 14% y en Australia un 5% mientras que nosotros estamos en un 2,6%. Cuando se analiza la caída, no es por los ceses, que cayeron un 60%, sino porque no hay creación de empleo ni renovación de contratos”.
Al mismo tiempo, por la misma vía, reconoció que “se nos hace muy difícil impedir los despidos en el sector informal. Solo tenemos herramientas policiales para eso y lo cubrimos con la asistencia social como el IFE. En algunos casos protegemos y en otros sustituimos ingresos”.
El análisis de los especialistas en mercado laboral
Sin embargo, por el lado de los estudioso en la materia, Oscar Martínez, investigador del Taller de Estudios Laborales, señaló a este diario que “está perfecta la prohibición. Pero hay una cantidad enorme de empresas que están prescindiendo de trabajadores en negro y también empresas y grandes empresas formales que están despidiendo”.
El especialista explicó que “es como con el covid y los protocolos de salud. Hay un discurso y una práctica normativa general que uno puede creer que están bien. Pero cuando hay que controlar a los empresarios eso pasa a ser letra muerta. Con los despidos pasa lo mismo. Esta política de quedar bien con todos termina, en última instancia, en que se queda bien con los sectores más poderosos”, criticó.
Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, “la prórroga del decreto era una medida esperable”. Sin embargo, opinó que, “como se viene viendo en estos meses es definitivamente insuficiente para proteger el empleo”.
Es que, coincidió con Martínez, “las medidas legislativas por sí solas no bastan para impedir la caída del empleo. Es una norma que impide que el retroceso sea aún mayor pero los efectos inmediatos son más importantes en las suspensiones”.
Para Martínez, en definitiva, “hay una cuestión de fondo que se viene jugando con también Vicentín y se jugó con el impuesto a la riqueza y es si se está dispuesto a tocar intereses o son solo declaraciones de buenas intenciones”.
Por último, Campos coincidió con el titular de la cartera laboral señalando que “los despidos, en general, responden a empresas que están cerrando y empleadores que dejan de operar y no a empleadores que mandan telegramas de despidos” y, pronosticó, “si la actividad económica no responde, el escenario va a ser aún peor que el que estamos viendo en estos días”.
