No se transformará en un proyecto de ley, tampoco se dividirá. El Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo que anula 19 leyes y modifica otras 140 será aprobado el próximo martes por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y continuará con plena vigencia. 

Desde los despachos del primer piso del Palacio Legislativo le confirmaron a Tiempo la decisión de hacer valer el número de representantes dentro de la Comisión para emitir dictamen favorable.

El martes el oficialismo se limitará, tal cual marca el reglamento de la Comisión, a defender la necesidad y la urgencia del decreto. «Las cuestiones de fondo con las que no esté de acuerdo algún sector de la oposición las conversaremos en el período ordinario», especificó uno de los voceros del bloque oficialista.  

Más allá de lo que pueden decir sobre las cuestiones de fondo en medio del primer y único debate que tendrá el Congreso durante febrero, el Frente para la Victoria también resaltará que el texto enviado por el Ejecutivo no es urgente ni necesario.

Previo al comienzo del debate previsto para las 15:30 se tendrá que conformar la Comisión. Cambiemos tiene ocho de los 16 lugares, y se quedará con la presidencia que, en principio, ostentará el senador formoseño Luis Naidenoff.  La oposición se repartirá las ocho sillas restantes. Cuatro serán para el los justicialistas y otras cuatro para el kirchnerismo. 

El oficialismo espera contar con el apoyo de los diputados y senadores justicialistas, por eso ya están en marcha las conversaciones por las objeciones sobre algunos de los temas de fondo. En ese marco el oficialismo se comprometió a avanzar en la presentación de proyectos de ley durante el período ordinario que contengan los reclamos de los legisladores que conducen Miguel Ángel Pichetto en la Cámara Alta y Pablo Kosiner en Diputados. 

De concretarse el acuerdo, el mega DNU de «desburocratización del Estado» cosecharía 12 de las 16 firmas de los integrantes de la comisión.

Más allá de ese compromiso, con el texto aprobado por la comisión, Cambiemos se tomará su tiempo para llevarlo al recinto.

Por fuera de la Comisión y de las negociaciones, el massismo presentó un recurso ante la Justicia para frenar la aplicación del decreto. Sin posibilidad de expresarse en la Bicameral por falta de representación, el bloque que desde Tigre conduce Sergio Massa anticipó su rechazo en caso de que el DNU llegue a ser tratado por el pleno. 

El Frente Renovador, encabezado por la presidenta del bloque Graciela Camaño, presentó una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU firmado por el gobierno a comienzos de enero. En los fundamentos de su presentación el FR señala que con la firma del DNU el Poder Ejecutivo se está adjudicando facultades que no le son propias y, en consecuencia, se avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación.

En ese marco, Camaño sostuvo: «Estamos iniciando una acción declarativa de inconstitucionalidad por el decreto 27 firmado el 10 de enero por parte del Poder Ejecutivo. Estoy haciendo lo mismo que en enero 2010, cuando el kirchnerismo, con la excusa del Bicentenario, pretendió modificar la ley del Banco Central por DNU. Y realmente lamento que hombres y mujeres, que hoy son del oficialismo y buscan la República cuestionando estos instrumentos del kirchnerismo, hoy no nos estén acompañando. Nosotros tenemos coherencia».

En relación al DNU, precisó: «Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Esto tranquilamente se puede tratar por las vías de la ley, que es la discusión parlamentaria, que es la más rica. El Congreso funciona, se puede debatir y ganar o perder una discusión, pero de golpe nos encontramos con una ley que modifica leyes, deroga otras, elimina normas. Una preocupación grande porque se embarguen los sueldos de los trabajadores, no sólo sobre pedidos de créditos, sino sobre boletas de servicio».

Más allá de la presentación, el Frente Renovador no consiguió que le habiliten la feria para su tratamiento. Por lo tanto, recién el jueves pasado se dio inicio formal al trámite judicial. 

En tanto, de cara al futuro de la actividad del año legislativo, el tratamiento del DNU marca una línea de división clara entre la oposición y el oficialismo y sus aliados. 

Tal cual como pensó Cambiemos, el mapa legislativo deja de un lado al Frente para la Victoria y al Frente Renovador, y en el otro al oficialismo y al interbloque Argentina Federal integrado por representantes del justicialismo de distintos distritos.

Por ahora, bajo esa estrategia, Cambiemos parece tener asegurado un inicio tranquilo del año parlamentario. Sin embargo, desde los sectores del peronismo proclives a acordar con el gobierno advierten que con el correr del año la relación se irá tensando «irremediablemente», sobre todo «si las provincias siguen sin poder salir de la situación de fragilidad económica y financiera». «