El gobierno se retira de una causa de complicidad civil

Es la que investiga al ex presidente del Banco Central de la dictadura, Alejandro Reynal, por el secuestro y torturas al banquero Eduardo Saiegh. En ese expediente, la acción alcanza a un miembro de la familia del jefe de Gabinete, Marcos Peña. El Estado ya no será co-querellante.
14 de Agosto de 2016

En medio de la avanzada discursiva del gobierno nacional contra las causas por delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos nacional retiró la co-querella que desde hacía cinco años impulsaba contra el ex vicepresidente del Banco Central en dictadura, Alejandro Reynal. En una presentación realizada esta semana, por orden de Claudio Avruj los abogados de la Secretaría se retiraron del expediente por el secuestro, torturas y desapoderamiento de Eduardo Saiegh, ex titular del Banco Latinoamericano.

Saiegh impulsa desde hace años la causa contra Reynal, a quien responsabiliza como instigador de su secuestro. Casualidad o no, además de denunciar al ex funcionario de la dictadura, avanza con una acción civil que incluye a la familia del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
"Si se acredita el hecho y corresponde reparación, la reparación la tendría que realizar la familia Braun", señaló el abogado de Saiegh, Alejandro Rúa. El empresario fue secuestrado a fines de 1980 por la División Bancos de la Policía Federal, fue mantenido cautivo durante una semana y torturado en la sede del Banco Nación. Era entonces titular del Banco Latinoamericano, el único acreedor privado de la aerolínea Austral. Para estatizarla, necesitaban sus acciones. Al ser liberado, fue obligado a liquidar el banco.

Saiegh acusó a Reynal como quien impulsó su secuestro con el objetivo de desapoderarlo del Banco Latinoamericano y así allanar el camino hacia la estatización de Austral, donde su primo, William Reynal, era accionista junto a Eduardo Braun Cantilo, tío materno de Peña y accionista de los supermercados La Anónima.

Por esa razón, los primos Reynal así como Braun Cantilo, y el ex secretario del Ministerio de Economía, Walter Klein, entre otros, fueron incluidos por Saiegh en la acción civil.

"La querella es de 1982, mucho antes de la existencia de una Secretaría de Derechos Humanos. Fue bueno cuando el gobierno estaba del lado de las víctimas y no de los victimarios. Que se haya terminado es algo grave para la sociedad pero en el expediente seguirá con la querella y la fiscalía", explicó Rúa.

La denuncia penal incluyó a Reynal, al ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, a Klein y a Jorge Rafael Videla. La causa no avanzó y en 2000 prescribió en plena vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Después de la nulidad, se reabrió la causa, esta vez como delito de lesa humanidad.

Apenas tres meses atrás, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de Reynal por prescripción que había dictado la Cámara Federal porteña y ordenó que se dicte un nuevo fallo. En esa audiencia, además de los argumentos de la querella y de la fiscalía, los camaristas escucharon la firme defensa de la Secretaría de Derechos Humanos, ya bajo la conducción de Avruj, para avanzar con la causa.

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