Treinta y nueve muertes en lo que va del año. La brutalidad del número pone de manifiesto la urgencia del reclamo. La cuarta marcha plurinacional contra los travesticidios y transfemicidios reunió a miles de personas, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ y para poner blanco sobre negro la situación crítica en la que vive una comunidad vulnerable cuyo promedio de vida no supera los 40 años.
Con los rostros de las víctimas del estos crímenes de odio a cuestas, con las demandas escritas en carteles y en el cuerpo, la amplia convocatoria volvió a demostrar la necesidad de visibilizar a un colectivo cuyos derechos son sistemáticamente conculcados. Criminalizadas por los códigos contravencionales y las fuerzas de seguridad, y estigmatizadas por un Estado que avanza muy lentamente en políticas de inclusión y acceso a derechos básicos o directamente evita hacerlo, las disidencias sexuales quedan a merced de la violencia machista.
Entre otros reclamos, la movilización que partió de Plaza de Mayo y llegó hasta el escenario montado en el Congreso volvió a exigir el cumplimiento de la ley de Cupo Laboral Trans, aprobada en 2015 en la provincia de Buenos Aires pero nunca reglamentada. Establece que un 1% de los puestos en la administración pública sean ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero.
