No está filmándose una sola película porque los subsidios que el Incaa debería liberar no los está liberando; y en televisión, por ejemplo, el trabajo actoral respecto al mismo semestre del año pasado decayó un 37 por ciento, explica Daniel Alvaredo, de la Asociación Argentina de Actores (AAA). La detención de seis meses que ha ocurrido en el Incaa es un hecho inédito hasta la fecha; hay más de 100 películas paradas, aporta Alcides Chiesa, de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), y por eso nuestra intención de movilizarnos, completa.
La movilización a la que se refiere Chiesa es la creación de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual, que el viernes cerró con éxito su primer congreso. Eso también es un hecho histórico dice Sergio Vainman, de la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores). Se planteó abierto a la prensa para que presenciara nuestras discusiones, porque todas nuestras posiciones son públicas, sobre cuestiones legales y otras específicas de la industria. Y también para discutir las nuevas plataformas agrega Chiesa, porque queremos discutir el futuro de nuestra industria. La Multisectorial está pensada para que sea un espacio en el que todos los sindicatos, asociaciones y sociedades de gestión estén en un punto de convergencia casi permanente, señala Alvaredo.
Si la reacción no fue inmediata fue porque llevó unos meses darse cuenta de que el parate no era producto del cambio de gobierno. Vemos una retracción muy grande, ya desde el año pasado, en la capacidad de producir contenidos de ficción sostiene Guillermo Tello, de Directores de Obras Audiovisuales de Televisión (DOAT). Y eso nos motivó a la convocatoria de una multisectorial que propusiera alternativas a la crisis, que está motivada por el ingreso de producciones, telenovelas, ficciones sin una regulación clara. En la Argentina llegaron a producirse entre nueve y once telenovelas por año, y en vez de que eso nos llevara, poco a poco, a la gran capacidad de ficción a lo largo y ancho del país, pasó todo lo contrario. Incluso había pequeñas televisoras en el interior produciendo ficción y eso hoy no sucede.
En tal sombrío panorama, Fernando Díaz, de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima), aporta algo de esperanza. Se acaba de nombrar el Consejo Asesor, que cogobierna el Instituto de Cine; también se actualizó y subió un poco el costo medio (por película), es decir que hay buenas expectativas para que el resto del año se pueda empezar a producir, porque estuvimos bloqueados. Sin embargo, Díaz dice que están «atentos y vigilantes porque hay medidas, como redacción de leyes, que deben contemplar una serie de reivindicaciones y avances que se habían logrado. Vamos a seguir impulsando y defendiendo una cuota de pantalla en todos los medios nacionales para el cine, que se mantenga el fondo de fomento cinematográfico intacto (hubo definiciones que dejaban afuera a los cables, por ejemplo, y eso era dinero del fondo de Fomento), que las plataformas OTT (servicios streaming y on demand) que no pagan, pasen a hacerlo, porque es una completa ilegalidad. Y también las leyes de mecenazgo y otras que tenemos que acompañar para impulsar toda esta gran estructura de trabajo cultural que es el cine, la televisión, los músicos.
Y entiende bien, Vainman: los casos internacionales exitosos que se conocen tuvieron al Estado como actor protagónico. Corea del Sur y Turquía figuran entre los más recientes. Cuando empecé a ir a los festivales, Corea del Sur tenía un stand que era un kiosquito como para vender cigarrillos, ahora tienen uno grande como una catedral; los pasajes a Estambul crecieron por la promoción que hacen de la ciudad sus telenovelas. Ambos países tienen un sistema de promoción internacional pagado por el gobierno. Y ahí están también los casos de México, Colombia y Chile, cuya industria audiovisual explica el 2, el 1,8 y el 1,5% de su PBI, respectivamente. Preguntale a Disney hace reír Vainman. En los Estados Unidos hasta hay descuentos impositivos por la cantidad de segundos que está exhibida la bandera en audiovisuales y películas.
No es magia que el Gobierno haya podido reflotar una causa de 2007 y hecha por la misma DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), un día antes (22 de junio) de que la Multisectorial lanzara su primer Congreso.
Por algo fue el solícito juez federal Claudio Bonadio quien se tomó la molestia de citar a indagatoria a Gabriel Mariotto, Daniel Filmus y algunos ex funcionarios del Incaa, para indagar sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de subsidios para el fomento de las actividades cinematográficas.
