La puja por las tarifas del gas sigue su curso. Luego de que la semana pasada suspendió el aumento del servicio para las pymes, el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, aceptó y remitió hoy a la Cámara Federal de la provincia la apelación que presentó el gobierno nacional y lo hizo con «efecto suspensivo» de la medida, por lo cual se mantienen los incrementos vigentes desde el 1 de abril con tope del 500 por ciento, informó la agencia de noticias Telam, que citó como fuente a contactos del Ministerio de Energía.

Los informantes confirmaron la decisión del titular del Juzgado Federal 3 de la provincia de Córdoba de remitir el recurso de apelación a la instancia superior “con efecto suspensivo”, ante el pedido de amparo solicitado a comienzos de la semana pasada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).

“Tal como lo había solicitado el gobierno nacional en su presentación de mediados de la semana pasada a través de la Procuración del Tesoro, Vaca Narvaja aceptó el pedido de ‘efecto suspensivo’ de la apelación, por lo cual siguen vigentes los cuadros tarifarios para los usuarios comerciales aplicados el 1 de abril”, destacó el portal. La información detalla que también sigue firme el tope del 500 por ciento dispuesto por el Ministerio de Energía mediante la Resolución 129 que el gobierno implementó tras el fracaso de los primeros aumentos y “para morigerar el impacto en las pequeñas y medianas empresas, así como otros sectores de servicios y entidades de bien público”.

La determinación judicial tiene lugar a pocos días de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, informe el nuevo cuadro tarifario que aplicará el gobierno tras la audiencia pública realizada entre el 16 y el 18 de septiembre. Según versiones, el gobierno estaría estudiando ofrecer un tope del 250% a los usuarios comerciales. La fuente recordó que el pedido de amparo presentado por Apyme y otras entidades que nuclean a pequeñas y medianas empresas productivas y de servicios se produjo luego del fallo del 18 de agosto de la Corte Suprema de Justicia que declaró la nulidad de los incrementos tarifarios para los usuarios residenciales. La semana pasada Vaca Narvaja había dispuesto la “continuidad del cuadro tarifario del servicio de gas conforme al vigente con anterioridad al 31 de marzo del corriente año” por lo que ordenaba al Ente Nacional Regulador del Gas que disponga las medidas para realizar la refacturación correspondiente de las distribuidoras.

En su recurso de apelación el gobierno arguyó que la provisión de gas natural es un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento y su interrupción generaría una gravedad institucional importante. También planteó que el magistrado no realizó un análisis de fondo de la situación en que se encuentra el servicio de gas natural, lo que requiere una interpretación técnica para poder afirmar si se trata de un aumento abusivo o no, tal como planteó la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.

Además, cuestionó que el magistrado cordobés haya otorgado a la asociación Apyme la representación colectiva de todas las pequeñas y medianas empresas del país atribuyéndole alcance nacional al amparo. “Luego de dar a conocer el nuevo cuadro tarifario del gas para los usuarios residenciales, el gobierno prevé convocar a una nueva audiencia pública para comienzos de noviembre que le permita debatir una revisión tarifaria integral que incluirá la actualización de los valores de los servicios de transporte y distribución del gas natural para los próximos años”, señaló Télam. El esquema que dará a conocer en los próximos días el ministro Aranguren contempla para los usuarios residenciales incrementos del precio del gas a boca de pozo del 203 promedio a partir del pasado 1 de octubre, y con actualizaciones semestrales desde el 1 de abril próximo hasta el 1 de octubre de 2019, agregó.

En el último trimestre de 2019 el gobierno estima que la tarifa que pagarán los usuarios cubrirá en su totalidad el precio de mercado del costo del gas, en tanto que al mismo tiempo significará lograr el subsidio cero, luego de un 2015 en el que se transfirieron por ese item unos 5700 millones de dólares, finalizó la fuente.