Por segunda vez en la reciente historia política argentina, un ex presidente afronta cargos como supuesto jefe de una asociación ilícita que, desde el Poder Ejecutivo, urdió negocios ilegales para favorecerse personalmente con grandes sumas de dinero para provecho personal. La citación a prestar declaración indagatoria que el juez federal Julián Ercolini firmó para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras 16 personas, entre ellas su ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el empresario Lázaro Báez, apunta justamente a esa figura, la de la asociación ilícita.
En junio de 2001, el entonces juez federal Jorge Urso ordenó la detención del ex presidente Carlos Menem por la presunta venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador cuando ambos países tenían vedada la adquisición de pertrechos militares. Cinco meses más tarde, la Corte Suprema dejó a Menem en libertad. Si bien era la Corte de la mayoría automática, aquel fallo fue redactado por el juez Augusto Belluscio, de extracción UCR y proveniente de la primera formación del máximo tribunal después del regreso de la democracia, en 1983.
El fallo que posibilitó la excarcelación de Menem decía, poco más o menos, que un gobierno no podía ser considerado una asociación ilícita. Esa visión parece haber cambiado en la actualidad.
Cristina Fernández fue citada para el próximo 20 de octubre. ¿Podría quedar detenida ese día, o incluso antes? Si. Sólo depende de la decisión del juez Ercolini.
¿De qué se la acusa? De haber montado un esquema de direccionamiento y adjudicación de la obra pública a favor de su supuesto amigo Lázaro Báez, quien cobraba sobreprecios por las licitaciones que ganaba de manera anómala y pagaba luego con retornos que canalizaba a través del alquiler de habitaciones y otras rentas en emprendimientos hoteleros e inmobiliarios privados de la familia presidencial.
El mecanismo, según Ercolini, es de vieja data: los Kirchner lo habrían aplicado en Santa Cruz cuando fueron gobierno provincial, y luego lo traspasaron cuando llegaron al gobierno nacional.
El juez detalló que la maniobra se habría edificado en cuatro pasos:
1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial
2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional
3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz
4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado.
Esa estructura, según se desprende del llamado a indagatoria, se circunscribió a Santa Cruz. Allí, es cierto, Baez tenía un virtual monopolio de la obra pública. ¿Qué ocurría en el resto del país? La obra pública estaba distribuida en otros constructores y empresas, pocos de los cuales podrían ser catalogados como amigos de los Kirchner. Las indagatorias fueron pedidas por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, sobre la base de un listado de 227 evidencias. Aunque suficientes para la convocatoria, el juez parece considerarlas incompletas y, de hecho reclamó informes adicionales sobre todos los pagos que recibió la empresa de Baez, Austral Construcciones, y todas las que dependían de ella entre 2013 y 2015. ¿Hará lo propio con el resto del país?
La causa tuvo su origen en 2008 por impulso de la diputada Elisa Carrió. Durante ocho años pasó poco y nada, pero con la llegada del actual gobierno una autoria de Vialidad aportó las pruebas que el Poder Judicial no pudo recoger. El informe de Vialidad sólo se refiere a Santa Cruz.
El cronograma de las indagatorias se iniciará con la ex presidenta y terminará el 23 de noviembre. Para fin de año, la ex jefa del Estado sumará un nuevo procesamiento por una figura que contempla penas de hasta diez años de cárcel. Además, no podrá disponer de sus bienes (aún cuando no se haya definido si son bien o mal habidos), pues también Ercolini, al igual que antes Claudio Bonadio, se los inhibió.
