El lobby del Grupo Clarín, a punto de lograr un triple beneficio en el Congreso

Al dictamen del proyecto que desregula la producción y venta del papel prensa, sumó el freno a la sanción de la "ley corta" de Medios y millonarias excepciones impositivas en el Presupuesto.
Por Agustín Álvarez Rey - @alvarezrey
18 de Noviembre de 2018

El Grupo Clarín cantó bingo. El dictamen conseguido esta semana en la Comisión de Comercio por el proyecto de ley que desregula el monopolio de la producción y la venta del papel para diarios fue la coronación de un gran año parlamentario para el grupo de medios más importante de la Argentina. De la mano del oficialismo, con el aporte de sus aliados, tanto eventuales como habituales, Clarín también consiguió frenar la sanción de la "ley corta de medios de Comunicación" pensada para reemplazar la cercenada Ley de Medios y consagrar en los artículos 90 y 91 del Presupuesto 2019 dos millonarios beneficios impositivos que pasaron desapercibidos.

El triple play parlamentario logrado por el Grupo Clarín llegó de la mano de Diego Bossio y de Pedro Miranda, dos diputados del Bloque Justicialista, que en este caso fueron los encargados de articular con el oficialismo el tratamiento de la norma que elimina la obligatoriedad de Papel Prensa de abastecer al mercado local y también deja de lado la regulación del precio de venta.

El proyecto presentado por Bossio ingresó por mesa de entradas del Congreso el  9 de noviembre. Emilio Monzó, presidente de la Cámara, rápidamente le dio giro a la comisión de Comercio presidida por Miranda que convocó a reunión del cuerpo –que hasta ese momento se había reunido dos veces en todo el año–, para el 14 de noviembre. Ese mismo día se dictaminó pese a que el Frente para la Victoria pidió que se amplíe el giro a la comisión de Libertad de Expresión y se convoque especialista en el tema. Así las cosas, en cinco días, y sin abrir la discusión, el oficialismo y el peronismo no kirchnerista dejaron al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto el próximo 21 de noviembre, en lo que será la última sesión del año para la Cámara de Diputados.

La confirmación de la inclusión del proyecto en el temario de la próxima sesión llegó a Tiempo de la boca de un importante asesor del bloque de la UCR. "No tengas duda. Es una de las tres cosas que pidió Clarín", explicó resignado pero firme. Sin embargo, por ahora ningún diputado se anima a confirmarlo públicamente, por lo que habrá que esperar a la reunión de labor parlamentaria que se realizará antes de la sesión para tener la confirmación oficial. Dada la velocidad que el oficialismo le imprimió al tratamiento en comisión, parece difícil que no intente forzar el tratamiento en el recinto, pero al ser una sesión ordinaria, tendrá que negociar.

El texto presentado por Bossio consta de tan sólo dos artículos. El primero plantea derogar gran parte de los artículos de la Ley 26.736 que declara de interés público de la producción y comercialización de papel para diarios. El otro es de forma.

En 2010, cuando el kirchnerismo impulsó la ley de regulación para el papel prensa, la discusión también fue fuerte y los bandos fueron los mismos. Lo que cambió es la relación de fuerzas y, desde ya, el rol institucional. En aquel entonces, como ahora, la oposición objetó los giros y dio una fuerte discusión en la comisión de Comercio y en el recinto. El Grupo A, como se denominaba el armado parlamentario de la oposición, no pudo torcer la voluntad del kirchnerismo que avanzó con la norma, pero a diferencia de lo que sucede ahora, convocó a expertos y a una serie de audiencias públicas para debatir el texto y construir un fuerte consenso antes de elevarlo al recinto.

Si bien el proyecto que se pondrá a consideración del pleno el próximo miércoles fue presentado por Diego Bossio, las firmas que lo acompañan denotan la voluntad de que la norma se apruebe y el compromiso de los bloques para que esto suceda. Nicolás Massot, presidente del bloque PRO, Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, y Luciano Laspina, presidente de la comisión de Presupuesto estamparon su rúbrica junto al extitular de la Anses y dejaron en claro la posición del oficialismo.

En concreto, el proyecto propone derogar artículos de la Ley 26.736, de 2011, que declara "de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios". Puntualmente  los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 Y 41.

El proyecto recoge sin miramientos ni matices los reclamos de la empresa Papel Prensa y de diarios del interior del país, agrupados en la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (Cooppal), quienes reclaman que la ley "impide la libertad comercial, encarece los insumos y obstaculiza inversiones". Sin embargo, el proyecto propone derogar el Artículo 20, con lo cual elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago. Sin este artículo, las proveedoras de este insumo pueden vender a un valor preferencial a ciertos medios como Clarín y La Nación, copropietarios junto al Estado de Papel Prensa.

En la misma línea, propone derogar los artículos 24, 25, 26 y 27, mediante los cuales se regula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, a fin de asegurar el abastecimiento pleno del mercado local. Por lo tanto, no habrá garantías para que los diarios locales puedan acceder al papel que se produce en Argentina. Y en ese contexto se propone la derogación del artículo 40 que obliga a Papel Prensa a operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel.

Los beneficios que le traerá la modificación de la norma a los dueños de Papel Prensa están claros, igual que los perjuicios para el resto de los medios que se verán sometidos a la voluntad de sus competidores que sustentan una posición dominante.

Este no es el único éxito parlamentario que puede ostentar el Grupo liderado por Héctor Magnetto este año. Los artículos 90 y 91 del Presupuesto contienen en sus entrañas beneficios millonarios para el Grupo Clarín en particular y para los grandes medios en general.  Mientras el gobierno busca generar un aumento de la recaudación con la suba de algunos impuestos, el Grupo Clarín consiguió incluir mediante el artículo 90 del Presupuesto una modificación al artículo 7 de la ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sumar "las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea" al listado productos cuya venta está exenta de pagar el tributo. Desde la oposición calcularon el daño fiscal que provocará esa modificación en 63 millones de pesos sólo durante el  próximo año y tomando en cuenta solamente los 120 mil suscriptores digitales que en la actualidad tiene Clarín.

En tanto, a través del artículo 91 del Presupuesto que la semana pasada obtuvo sanción en el Senado, los medios de comunicación podrán computar como crédito fiscal los aportes patronales. El pedido, según detallaron fuentes parlamentarias, también fue realizado por Clarín y está basado en criterios que se aplicaron durante el kirchnerismo pero que abarcaban a todas las actividades y no sólo a los medios de comunicación. Lo cierto es que, al computar una parte de los aportes patronales como crédito fiscal, las empresas pagarán menos IVA.

En este caso las actividades que quedan enmarcadas dentro del beneficio son: "La prestación de servicios de radiodifusión televisiva abierta o por suscripción mediante vínculo físico y/o radioeléctrico, de radiodifusión sonora, señales cerradas de televisión, las empresas editoras de diarios, revistas, publicaciones periódicas o ediciones periodísticas digitales de información en línea y los distribuidores de esas empresas editoras". El costo fiscal en este caso  ascendería, según estimaciones opositoras, a 27 mil millones de pesos en 2019.

El otro éxito parlamentario del Grupo Clarín tiene que ver con planchar el tratamiento de la "ley corta" que reemplazaría a la cercenada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si bien el tema permanece fuera de la agenda de los medios, las comisiones que llevan el asunto en Diputados se reunieron e incluso lograron que tanto la titular del Enacom, Silvana Giudice, como el secretario de TICs, Héctor Huici, expusieran frente a los diputados.

El oficialismo tenía previsto avanzar la semana pasada con el dictamen y llevarlo en los próximos días al recinto. Sin embargo, a última hora, decidió frenar el tratamiento y dejar el debate en el recinto para más adelante. La excusa formal fue la falta de consenso. «

Última sesión de alto voltaje

La última sesión del año en la Cámara de Diputados aún no tiene definido el temario pero promete alto voltaje. La decisión del Poder Ejecutivo, por ahora, es no convocar a sesiones extraordinarias. Ante el escenario de crisis, el oficialismo se aferrará a la misma estrategia que utilizó todo el año e intentará no abrir el recinto y así despojar a la oposición de esa caja de resonancia política.

La baja producción legislativa y la decisión de volver a clausurar el Congreso hasta marzo provocó esta semana algunos cruces en el oficialismo por la definición del temario que llegará al recinto el 21 de noviembre. En principio se enfrentaron dos posiciones: los que querían una sesión larga sin límite de temas y los que querían una sesión corta para minimizar los riesgos. La segunda posición, sostenida por Emilio Monzó y Mario Nergi, fue la que se impuso. 

En ese contexto, el acuerdo en el seno del oficialismo fue llevar al recinto la modificación en el impuesto a los Bienes Personales y la rebaja de la alícuota del impuesto a cooperativas y mutuales de seguros, del 6% al 3 por ciento. Además, irían la ley de alquileres, el impuesto a las ganancias para jueces y empleados judiciales y la desregulación de la venta y producción del papel para diarios.  Ni alquileres, ni el pago de Ganancias de los judiciales cuentan con dictamen, lo que obligaría a un debate sobre tablas que necesita el aval de los dos tercios de los miembros. El proyecto de ley de semillas, denominado ley Monsanto, que  obtuvo dictamen también puede ser de la partida. Sin embargo fue rechazado por Confederaciones Rurales Argentinas, la economía popular y la agricultura familiar. Tampoco cuenta por ahora con el aval de ningún sector del PJ, lo que hace prácticamente imposible su media sanción.

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