Diputados y senadores del Frente Renovador anticiparon hoy que aprobarán el presupuesto y la ley fiscal aunque pusieron algunas condiciones para dar sus votos: entre ellas, bajar en 8 mil millones el pedido de endeudamiento, crear un arancel de ingreso a los bingos y establecer que todos los fondos extraordinarios que se reciban de Nación sean coparticipados a los municipios.

En conferencia de prensa, los legisladores sentaron posición sobre los proyectos enviados por el gobierno de María Eugenia Vidal y presentaron un pliego de propuestas que ya están siendo debatidas con el Ejecutivo, en una clara señal del avance del acuerdo entre la gobernadora y el líder del FR, Sergio Massa. En el paquete incluyeron, aunque no tenga relación con los proyectos, un pedido para que la Provincia ayude a los municipios a pagar un bono de fin de año a sus empleados.

El primer punto está relacionado con el pedido de endeudamiento que supera los 92 mil millones de pesos: el massismo pide quitar sólo el artículo 34, en el que Vidal pide 8 mil millones más para obras y programas sociales por fuera del pedido de deuda general de 59.950 millones previstos para cubrir el déficit fiscal y pagar vencimientos de deuda. Solicitaron también más precisiones en la deuda relacionada a cubrir el déficit de la caja de jubilaciones del Banco Provincia (12.900 millones de pesos), aunque anticiparon que lo votarán a favor.

También reclamaron que el gobierno reedite el presupuesto el Fondo de Infraestructura para los municipios que fue incluido este año por presión de los intendentes peronistas. Esos 7 mil millones de pesos serían afectados del endeudamiento general.

En lo que hace al proyecto de la ley impositiva, el Frente Renovador propuso incluir una serie de medidas para llevar más recursos a los municipios. La primera es fijar un arancel de ingreso a los bingos, una suerte de entrada de 20 pesos por persona. La recaudación sería compartida 50% y 50% entre el municipio donde esté radicada la sala de juego y la Provincia pero afectado en exclusivo a “la lucha contra la ludopatía”.

La oposición reclamó en los últimos días a Vidal que suba la presión impositiva sobre los bingos que hoy tienen una alícuota del 12% en Ingresos Brutos. Había trascendido que el gobierno planeaba llevar esa alícuota al 19% aunque finalmente dio marcha atrás por las presiones del sector. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, no obstante, aclaró durante su exposición en la Legislatura que no es una discusión cerrada.

La segunda medida es la modificación a la ley de coparticipación para que todos los fondos que reciba la administración provincial de parte de la Nación sean coparticipados también en un 16,14% a los municipios. En esto se incluirían, por ejemplo, los Aportes No Reintegrables y también los recursos por la actualización del Fondo del Conurbano que está pendiente de resolución.

El massismo también propuso incrementar en cinco años la descentralización del impuesto a los automotores en favor de las comunas. Actualmente, los autos con antigüedad superior a diez años tributan a nivel local. Con la modificación propuesta, la Provincia sólo cobraría el impuesto a los vehículos patentados entre 2011 y 2017. Es un punto sensible ya que se estima que cada año significan 350 millones de pesos de recaudación, algo que ARBA no estaría dispuesto a ceder.

Los legisladores pidieron, por último, un cambio en Ingresos Brutos: hoy los municipios administran el cobro de ese tributo para los contribuyentes que hayan tenido ingresos hasta 450 mil pesos; el pedido es que ese monto se amplíe a 900 mil pesos.

El presidente del bloque de senadores del FR, Jorge D’Onofrio, aseguró que «el gobierno tiene que tener presupuesto y endeudamiento, pero estos cambios proponemos son inevitables a nuestro entender».

Por su parte, el titular de la bancada en Diputados, Juan Amondarain, reclamó la presencia de más funcionarios del gobierno para que expliquen cómo van a gastar los fondos presupuestados. La semana pasada expusieron los ministros de Economía, Educación, Desarrollo Social e Infraestructura, con lo que el gobierno dio por cerrada la etapa de explicaciones sobre los proyectos. “Hay funcionarios como el presidente del Banco Provincia, el titular de Arba, el director de IOMA, entre otros que no revisten la categoría de ministro pero a nosotros nos gustaría profundizar con ellos cómo están tratando de mejorar la situación de sus respectivas áreas”, apuntó el diputado.

El presupuesto y la ley fiscal podrían tratarse recién a fines de noviembre o comienzos de diciembre, conforme avance otra negociación clave: la de las autoridades de la Cámara de Diputados. El acuerdo de palabra sellado el año pasado entre Massa y Vidal fue que la presidencia quedaba para el FR y la vicepresidencia –que tiene el poder de firma- para Cambiemos y que esos cargos rotaban en 2017. Actualmente la presidencia es ocupada por Jorge Sarghini y la vice por Manuel Mosca, quien pasaría a conducir la cámara a partir de diciembre.

Aunque el vidalismo amagó con negociar con el peronismo a cambio de los votos para el endeudamiento (se necesitan dos tercios), finalmente la semana pasada la gobernadora comenzó a avanzar en un nuevo acuerdo con Massa. En ese paquete también se pondrían en juego otros cargos como el Defensor del Pueblo y una vacante en el Tribunal de Cuentas, que el massismo quiere negociar como condición para votar los proyectos.