El millonario negocio del Bus Turístico en manos privadas

Es una de las más de 620 concesiones de la Ciudad. El servicio destinado a quienes visitan la Capital Federal genera casi 80 millones al año.
10 de Febrero de 2018

En épocas de ajuste, los gobernantes le piden a la población el "esfuerzo" de pagar los aumentos. Pero en definitiva se trata de cómo redistribuir la riqueza, porque los millones están. Así parece reflejarse en la Ciudad, donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta aumenta peajes y transporte, pero continúa llevando adelante concesiones irrisorias para que empresarios amigos hagan uso de sitios y servicios que podría realizarlos el propio Ejecutivo. 

Un ejemplo se ve a diario con el amarillento Buenos Aires Bus. A pesar de que es el modo "oficial" de presentar la ciudad a los turistas, y figura como servicio que ofrece el gobierno, lo manejan privados. De cada cuatro pesos que se generan, queda sólo uno en las arcas públicas. Así, en 2017 la Ciudad se perdió de obtener $ 55 millones de pesos.

"El servicio es prestado por la firma Derudder Hnos.-Rotamund-Unión Transitoria de Empresas, el que fuera dado en concesión en 2008, comenzando a prestarse efectivamente en mayo de 2009, por el término de cinco años", respondió el gobierno porteño a un pedido de información pública presentado por Tiempo. La concesión fue ampliada por otros cinco años a través de la Resolución N° 277 de 2015. 

Agustín Bonaveri, director general técnico, administrativo y legal del Ente de Turismo (Entur) del Ministerio de Modernización, comentó cómo es el funcionamiento: "Mensualmente la empresa concesionaria deposita en las cuentas del Gobierno de la Ciudad el canon correspondiente por la explotación del servicio, el que resulta equivalente al 25% sobre lo recaudado por la venta de boletos (descontado el IVA de 10,5%), estimándose para el 2017 una recaudación de $ 18.300.000".

Este año la Legislatura debería volver a discutir si continúa o no bajo manos privadas un servicio por el cual en un mes la empresa ya amortiza todos sus gastos anuales. Por día pueden llegar a circular hasta once colectivos al mismo tiempo, donde sólo se desempeñan el chofer y un guía. Hay tickets por 24 o por 48 horas. El más barato (jubilado residente en la Argentina) cuesta 350 pesos. Hace cuatro años eran $ 60. El más caro alcanza los 850 pesos. Y hay un combo de dos adultos y tres menores por 2000 pesos. En 2013, ese mismo costaba 390 pesos.

Aparte de los millones que el Estado deja de obtener, el servicio también refleja qué ciudad se les muestra a los turistas. Así, sorprende encontrar entre las 25 atracciones visitadas a "Palermo Soho", "Campo Argentino de Polo" y "Distrito Arcos", un shopping a cielo abierto, propiedad de IRSA, que ningún especialista en turismo piensa como parte de los 25 sitios más emblemáticos de la Capital. IRSA pertenece a Eduardo Elsztain, dueño de 18 shoppings, como Alto Palermo y el Abasto, y que tiene otras concesiones de muy bajo canon como las del Buenos Aires Design y el Centro de Convenciones, cuya construcción le insumió a la Ciudad más de 450 millones. IRSA lo manejará por 15 años a cambio de 1,25 millones mensuales.  

El tema de las concesiones no es nuevo y data de los años menemistas de Carlos Grosso. Según datos oficiales, la Ciudad recaudó 41 millones por concesiones en 2008; en 2012 eran $ 51 millones y recién en 2015 subió a $ 161,4 millones. En septiembre de ese año la fiscal Paula Asaro denunció a directores de concesiones del macrismo por ser presuntos responsables de maniobras de defraudación en perjuicio de la administración pública. Pero fue desestimada en la justicia federal, y en el ámbito porteño va camino a cajonearse. 

En Costa Salguero, Telemetrix pagaba 65 mil pesos al momento de la tragedia de TimeWarp, donde murieron cinco jóvenes. Hoy la Ciudad le cobra 331 mil, bastante lejos de los 200 mil dólares que recibe la firma por subalquilar locales. "La demanda por Costa Salguero se cayó después de diez años empujándola. El juez de primera instancia y después la Cámara nos rechazaron por un tecnicismo, y ahora festejan", relata uno de los denunciantes, el exlegislador Facundo Di Filippo. Y hace alusión a un sistema de concesiones ilegales o por debajo del valor de mercado, que incluye desde parques y peajes hasta el acarreo de autos: "Buenos Aires Design sigue con un canon ínfimo de 50 mil pesos. Las mil cocheras de Cristóbal López y Federico Achával en el Hipódromo siguen sin pagar. Y ahora prorrogaron el bajo autopista del Paseo de la Recova".  «

Quiénes son los empresarios detrás de los colectivos amarillos

¿Quiénes manejan el bus turístico? Una de las empresas que conforma la UTE es Derudder hermanos. Guillermo y Raúl Derudder son dos empresarios entrerrianos de bajo perfil que lideran Flecha Bus, el grupo más grande del país de empresas de transporte urbano de pasajeros. El sitio RosarioPlus sostuvo en febrero del año pasado que en 1992 tenían apenas seis coches y hoy la flota supera las mil unidades: "Las historias que se tejen sobre los hermanos son tantas que podrían adoptar el formato de novela con una densa trama que incluye sospechas de corrupción y acusaciones de lavado de dinero". Y agregaron: "Empresarios del sector achacan a los hermanos Derudder un mecanismo 'poco santo' para hacer crecer su fortuna. Bajar la tarifa de algún corredor y saturar la oferta en ese trayecto, para así hacer quebrar a las empresas de la competencia y comprarlas".

La otra firma que integra la UTE es Rotamund, propiedad del empresario Roberto Petti, amigo de Humberto Grondona y con quien hizo negocios que datan de la época de Independiente. Desde hace más de cuatro décadas es agente de viajes de la AFA. En 2014 fue acusado de vender paquetes VIP para el Mundial de Brasil por siete millones de dólares, antes de que estuvieran las entradas oficiales. 

Grondona y Petti estuvieron asociados en un emprendimiento hotelero en la ciudad santacruceña de Calafate, Limay SA. En noviembre de 2017 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al "entramado societario" por la posible existencia de "conductas de inyección de fondos de origen ilícito en el mercado 'de curso legal", con la intención de alejar "el producto obtenido de su fuente de origen".

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