En la semana, El Cronista publicó una nota donde menciona el avance de un plan productivo del gobierno para incentivar la actividad económica y promover la reconversión productiva gradual de ciertos sectores, como el textil y el electrónico, identificados como «no competitivos». Diferente es el caso automotriz, al que ven como «semicompetitivo» y que requiere ser apuntalado.
En este marco pueden interpretarse las palabras del titular de Renault, Carlos Ghosn, en ocasión del anuncio de una inversión adicional de 100 millones de dólares (que se suma al desembolso de 600 millones de dólares previsto en años anteriores). El empresario sostuvo: «En los próximos tres o cuatro años el país va a crecer y, obviamente, las inversiones van a llegar, y nosotros vamos a tener un producto, que el 70% será exportable»; una de las preguntas, viendo lo que pasa en Brasil, es dónde encontrarán mercados.
La intención de construir una plataforma que apunte a abastecer las necesidades del mercado externo, en detrimento del interno, resulta clara. Esto se condice con las palabras del presidente Macri en la Rural, que volvió a decir que Argentina debe dejar de ser «el granero del mundo» para convertirse en el «supermercado del mundo». El verdadero plan consiste en reprimarizar la economía y exportar dichos productos con una mínima dosis de valor agregado.
En esta línea, el ministro Prat-Gay sostuvo en una conferencia de prensa ante medios extranjeros que vamos «de una economía cerrada y prebendaria a una economía competitiva» y que «la integración en el mundo tiene un primer efecto beneficioso, que es que nos evitó el ajuste». Una mirada que niega por completo la contracción de la economía y las consecuencias regresivas de las políticas en curso.
También consideró que «hay sectores que vienen con la inercia del régimen anterior, que todavía muestran una caída, como la siderurgia, o la industria automotriz y la construcción, y hay otros que ya empiezan a mostrar mejoras». En rigor, en el caso de la automotriz el desplome tiene que ver con la caída de la demanda brasileña, y en la siderurgia también hay factores externos. En tanto, las caídas en la construcción, medidas en términos interanuales, se observan desde enero de 2016 y obedecen a decisiones recientes, como ocurre con el freno de la obra pública, que antes cumplía un papel contracíclico fundamental.
Prat-Gay retomó la metáfora del «Estado canchero» que el presidente Macri introdujo un año atrás, según la cual el gobierno sólo debe encargarse de cuidar el campo de juego. El ministro dijo: «Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse; y en cuatro años salen a la cancha.»
Este criterio difícilmente pueda aplicarse a la realidad de sectores intensivos en mano de obra como el textil, que depende básicamente de la demanda interna y sufre los perjuicios de la apertura importadora. Al respecto, preocupan los números sobre la producción de las pymes industriales, que cayó en junio un 5,9% y alcanzó el nivel más bajo en siete años.
La reconfiguración que trae el nuevo patrón de inserción externa ya se observa en los datos del Balance Cambiario para el segundo trimestre del año. Por caso, la inversión extranjera directa, puntal dentro del discurso de Cambiemos, apenas alcanzó los 777 millones de dólares, y está lejos de despegar. Nada muy distinto a lo que ocurrió en los últimos años, aunque ahora se vio más que compensada por la salida de utilidades y dividendos (-1108 millones de dólares). Es decir, el aporte neto de las multinacionales fue negativo (-331 millones de dólares), una situación esperable a la luz de la crisis que atraviesan las economías centrales. Algo de esto dejó entrever el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ante empresarios de la AMCHAN. En un encuentro en el Sheraton dijo que si se mantienen las políticas actuales «habrá un importante flujo de inversiones bilaterales», aunque «llevan su tiempo; deben ser pacientes». Realismo mágico de pura cepa neoliberal.
En el Balance Cambiario se destaca el ingreso neto de inversiones especulativas, que alcanzó a 695 millones de dólares, un nivel trimestral inédito en los últimos doce años. La reinserción en el mundo de las finanzas globales ya es una realidad, pero para unos pocos. De hecho, en otra nota de El Cronista (1/8) donde se habla del endeudamiento nacional y provincial se menciona como gran beneficiado a JP Morgan, en base a una nota de Bloomberg News (12/7) que titula: «La gran apuesta del JP Morgan está dando resultados». Allí se señala la decisión, en 2015, de triplicar su dotación de empleados en Buenos Aires y convertirla en la plataforma de Latinoamérica. El éxito fue tal que luego fue «el principal banco en aprovechar este incremento, convirtiéndose en el mayor suscriptor de las ventas de deuda argentina en el 2016. También fue uno de los bancos extranjeros que le prestaron 5000 millones (de dólares al gobierno) para reforzar las reservas.»
Es interesante observar las declaraciones del director de deuda de JP Morgan para la región, Lisandro Miguens, quien señaló: «varios de los altos funcionarios actuales de la Argentina también trabajaron para JP Morgan (…) y cuando asumió el nuevo gobierno nos llamaron inmediatamente y nosotros teníamos todo planificado, las presentaciones, los números, las estrategias (…). Esto nos permitió inspirarles confianza. También ayudó el hecho de que ya los conocíamos muy bien.»

Reacciones internas
Se conocieron datos que dan cuenta de nuevas caídas en el comercio minorista y en el patentamiento de motos, una consecuencia directa de la baja de los ingresos de la población. Estimaciones privadas mencionan que la caída del salario real alcanzó al 9,9% entre noviembre de 2015 y junio de 2016, fuertemente impactado por la inflación, que crece a un ritmo superior al 40% anual. El director del Indec, Jorge Todesca, ya manifestó que «bajar la inflación es complicado y va a requerir tiempo» y que lo que más va a costar es morigerar el precio de los alimentos.
Lejos de ser un proceso de prueba y error, en el caso de los alimentos es una consecuencia directa de medidas como la eliminación de permisos de exportación y de las modificaciones en las retenciones. Lo mismo puede decirse del abrupto y monumental incremento de los servicios públicos, una decisión que, de existir otra orientación política, podría haberse evitado. Según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), el costo fiscal de la eliminación y reducción de retenciones llegará en el año, como mínimo, a los 5000 millones de dólares, una cifra equivalente al subsidio anual de la tarifa de gas.
Recientemente, la Justicia Federal frenó el aumento de luz y gas por considerar que no respeta los procedimientos formales (audiencia pública), pero también porque por su magnitud afecta el acceso de muchas familias a servicios públicos esenciales.
En paralelo, se conoció una encuesta que acaba de revelar que un 85% de los argentinos consideró excesivo el aumento de tarifas, brindando además un dato adicional que impacta: que sólo el 1,3% de los encuestados consideró que el foco del gobierno de Cambiemos está puesto en «los más necesitados» y apenas el 0,7% en «los trabajadores», en tanto que el 55% cree que gobierna para los más ricos.
En definitiva, lo comentado refleja que en estos meses hubo una fuerte transferencia de ingresos desde el sector asalariado a los grandes empresarios, una situación evitable y que despierta un rechazo mayoritario en el conjunto de la población. «