Entre los aumentos de precios de los laboratorios y la falta de pago del PAMI, las farmacias atraviesan una situación crítica que afecta la provisión de remedios a los jubilados. Casi un 40% no puede entregar medicamentos a los 5 millones de afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales por falta de stock. Si no hay acuerdo, van camino al cierre.
La gravedad empezó a vislumbrarse a partir de noviembre del año pasado, con los primeros aumentos de medicamentos que fijó la industria farmacéutica, que sólo en el primer trimestre de este año facturó un 44,7% más que en el mismo período de 2015. Ese fue el sector beneficiado con el nuevo contexto político. El perjudicado: las 15 mil farmacias de todo el país.
“Hoy la red prestacional farmacéutica está en crisis. Ya no se habla de rentabilidad sino de sustentabilidad”, enfatiza el titular del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad, Rubén Sajem. Y completa: “Entre el 30 y el 40% está al borde del cierre. Esto sería muy perjudicial, ya que las farmacias constituyen el primer nivel de atención del sistema sanitario formal, en el asesoramiento en cuanto al buen uso del medicamento”.
La clave se centra en los retrasos del PAMI en los pagos, con demoras de hasta cuatro meses. A eso se agrega una retención de la ganancia que obtiene la farmacia por la venta de cada medicamento, debido a una disposición de 2002. Si hoy la farmacia entrega gratuitamente a un abuelo (con el 100% de descuento) un medicamento que vale 100 pesos, su rentabilidad debería ser de $ 30. Pero el PAMI no paga $ 12, y lo hace a los cuatro meses. “En ese mismo período, la farmacia debe hacer frente a todos sus gastos para poder sostenerse, y reponer de inmediato el medicamento que quizás aumentó hasta un 70 por ciento. La atención de esta forma es inviable”, relata Sajem.
Cada mes se hacen 7 millones de recetas por PAMI, que históricamente destina un tercio de su presupuesto a medicamentos. La facturación mensual de las farmacias al organismo, en concepto de remedios, llega hoy a los 2600 millones de pesos. Pero el PAMI ya avisó que sólo tiene disponibles entre 1800 y 1900 millones, el mismo presupuesto estipulado el año pasado. Entre lo asignado a fines de 2015 y hoy, los precios de los medicamentos no pararon de subir, sin que las farmacias puedan controlar ni auditar abusos. “Los decide el laboratorio, con la anuencia de los organismos de control, que han demostrado fallas”, explican desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Lamentan que no se les permita intervenir en el sistema «para que no haya excesos en la prescripción, para que sean efectivos los tratamientos de farmacoterapia y evitar los riesgos de la polimedicación a las personas mayores, algo lamentablemente habitual». El omeprazol aumentó el 55%, y el carvedilol, un 40 por ciento.
En febrero comenzó la deuda del PAMI con las farmacias. En junio ya  había ascendido a los 2000 millones de pesos, llevándolas al desabastecimiento. Si la farmacia no le paga a la droguería en menos de tres semanas, le cortan el crédito y no puede reponer. La situación asfixiante llevó a que en la Ciudad de Buenos Aires, unas 600 no entregaran medicamentos a los jubilados, muchos de uso crónico. Sajem, también miembro de COFA, soslaya: “El jubilado requiere una atención y dedicación preferencial, cerca de su casa. No puede ser que esté deambulando o trasladándose en taxi para ver qué farmacia lo atiende y en qué condiciones. Hoy se llegó a la situación de que el 50% de la atención al PAMI se realiza en apenas el 15% de las farmacias”.
La crisis no sólo atañe a la Capital Federal. En Bahía Blanca, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos local, Silvia Godoy, advirtió a la prensa que viven “el día a día” con la firma de un acta temporaria, hasta que se defina cómo le pagará la obra social estatal. Y dejó en claro que no se puede pensar al PAMI como deficitario: “Ningún instituto relacionado con la salud puede considerarse una empresa”.
Ante este panorama, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni, denunció semanas atrás los aumentos de precios “escandalosos” de los laboratorios (a pesar de que ocurren desde principios de año), y amenazó con introducir genéricos; y ahora el viceministro de Salud de la Nación, Néstor Pérez Baliño, anunció el ingreso de empresas extranjeras en igualdad de condiciones con las locales para la licitación de medicamentos del Plan Remediar, lo que generó el rechazo de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) que, por la ley de Compre Nacional, tienen prioridad. En paralelo, el programa “Investigación y Desarrollo de los Laboratorios de Producción Pública” del Ministerio de Salud lleva apenas un 5,55% de ejecución presupuestaria en 2016. Y el mismo PRO vetó años atrás en la Ciudad la producción estatal de medicamentos. Según Sajem, “contar con la producción pública hubiera sido de utilidad para establecer precios de referencia para medicamentos esenciales, evitar aumentos desproporcionados; y para los casos de epidemias, como el brote de dengue meses pasados”.
Ante la agudización del conflicto con las farmacias, Regazzoni les adelantó un “pago de emergencia” por 500 millones de pesos. Pero en el último encuentro entre las partes, el jueves 23 de junio, reconoció que el PAMI no podía afrontar la deuda total, atado a un presupuesto fijo. Según dejó entrever Regazzoni, busca un convenio a corto plazo con la industria, abriendo un proceso de transición hacia una “adecuación de los niveles prestacionales a las posibilidades presupuestarias del instituto”.
Surgen tres opciones: o el Estado nacional refuerza el presupuesto del PAMI; o la industria aporta fondos extra (lo que impulsa el gobierno); o la obra social de los jubilados deberá “ajustar” las prestaciones a su capacidad de pago real. Si esto ocurre, no será una decisión menor: la mayor obra social de la Argentina dispensa la mitad de los medicamentos recetados en el país. «

Con las estanterías vacías

Claudia Gurfinkel es farmacéutica hace 26 años, y en octubre cumplirá dos décadas al frente de su farmacia en Villa del Parque. Su problema más acuciante, dice, es la deuda del PAMI. «Varía de farmacia a farmacia», explica Claudia, y cuenta su particularidad: «Lo último que cobramos completo fue la primera quincena de febrero. Cobramos siempre un porcentaje en efectivo y el resto en notas de crédito que se acreditan en las droguerías, donde tenemos un cupo de compra.» A la droguería le paga, entonces, con lo que le factura al PAMI. «En la medida en que a mí no me pagan, mi crédito se va achicando. Entonces no puedo cumplir con los afiliados, porque no tengo los medicamentos», agrega con preocupación.Según cuenta, el 65% de la facturación de su farmacia proviene del PAMI. «Si no cobramos en tiempo y forma, nos perjudican muchísimo. Me quedan las estanterías vacías, viene la gente y no tengo qué entregarles.»
PAMI le debe 3,55% de la segunda quincena de febrero; 3,5% de la primera de marzo y 7,66% de la segunda; 27% de la primera de abril y 39% de la segunda, «y además nos falta cobrar efectivos de la segunda quincena de marzo, todo abril y todo mayo».
«Van cerrando farmacias, y estamos haciendo malabares para salir adelante.» Como ejemplo, compran medicamentos en laboratorios alternativos de manera directa a pagar en 180 días. El mayor miedo de Claudia es que queden, como en muchos países, cuatro o cinco cadenas corporativas, «porque cuando los números no te cierran, no hay vuelta que darle».

Un revés para Farmacity

Con descuentos, mayores plazos en compras e incluso droguería propia, las grandes cadenas no sufren la crisis como el resto de las farmacias. Pero esta semana una de ellas no tuvo buenas noticias: Farmacity, del grupo Pegasus (del que hasta diciembre fue presidente el actual coordinador del gabinete económico nacional, Mario Quintana), sufrió el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y no podrá instalar sucursales como sociedades anónimas en territorio bonaerense, donde a la farmacia se la considera un servicio público. “El servicio debe estar a cargo del profesional farmacéutico y con una distribución racional. Este modelo, que posibilitó la instalación de farmacias en los pueblos y en los barrios, es el que Farmacity pretendía romper”, aseguró María Isabel Reinoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. A pesar del concluyente fallo, se descuenta algún tipo de apelación por parte de Pegasus.

La Alianza y la trampa de las patentes

Otra decisión gubernamental puede llegar a perjudicar a las farmacias y los jubilados: el posible ingreso de la Argentina a la Alianza del Pacífico, promovido por el presidente Mauricio Macri. Uno de los puntos clave de ese tratado obliga a cada país miembro a extender los períodos de patente privada de medicamentos y la exclusividad para determinadas marcas. «Se impediría la posibilidad que hoy tienen las farmacias de ofrecer marcas alternativas que sean más convenientes. Quienes se verían afectados son los pacientes, que hoy tienen ese derecho; también se vería perjudicado el presupuesto de la salud pública, por los mayores precios que se deberán afrontar», afirman desde la Confederación Farmacéutica Argentina.

La falta de vacunas contra la gripe

“Desde mayo que ya no hay vacunas antigripales en las farmacias”, sentencia el presidente de la sección Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, Rubén Sajem. Y agrega: “Lo que sucedió es que este año hubo una mayor circulación del virus de la gripe A y la demanda de vacunas en el sector privado se duplicó, agotándose rápidamente las existencias, ya que los laboratorios importadores previeron una demanda similar a la del año pasado, que fue superada”.