San Pablo

El patriarca del grupo empresarial Odebrecht, Emilio Alves Odebrecht, afirmó que desde hace más de 60 años que la firma participa de la financiación ilegal de los partidos políticos en Brasil, al declarar ante el juez Sérgio Moro en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato.

«Siempre existió el aporte de ‘caja 2’ para las campañas políticas, desde mi época y de la época de mi padre; en mi época era más simple», dijo Emilio Odebrecht, padre del presidente del grupo Odebrecht, Marcelo, este últlimo preso y condenado a 19 años de cárcel.

El caudillo de la empresa de ingeniería más grande de América latina declaró como testigo de su hijo ante el juez Moro, en la causa por corrupción contra el ex ministro de Economía y ex jefe de gabinete Antonio Palocci, del Partido de los Trabajadores (PT), preso y acusado de corrupción.

La revelación de Emilio Odebrecht sobre la donación ilegal de dinero para los partidos políticos en campaña intenta aliviar la situación de Marcelo, quien asumió que montó dentro de la compañía un departamento destinado al pago de sobornos y de cajas negras para la financiación de partidos.

«Desde la época mía, de la época de mi padre, siempre hubo esto de donación no contabilizada de campaña; claro que ahora no es tan simple como antes, porque teníamos apenas la parte de ingeniería y petroquímica, y ahora la empresa actúa en más de 20 países en muchos rubros», dice Emilio en la declaración que consta en un video enviado a Télam.

Norberto Odebrecht, el abuelo de Marcelo y padre del testigo, fundó la empresa de la familia de origen alemán en el estado Bahía, en el noreste del país. Emilio Odebrecht dejó en 2001 la presidencia de la empresa y pasó la posta a su hijo Marcelo, hoy el principal eje de la operación Lava Jato, en la que se investiga el desvío ilegal de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de varias empresas contratistas, con el objeto de financiar campañas electorales y beneficiar a políticos y ejecutivos.

Al ser preguntado si el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva le hizo algunos pedidos fuera de la legalidad, Emilio Odebrecht respondió negativamente. «Nunca nadie me pidió nada», afirmó, y subrayó que el departamento de sobornos instaurado por su hijo, Marcelo, no existía en su época, en la que cual, según él, apenas dos personas se encargaban de las donaciones ilegales a los partidos.

Antes de Odebrecht declaró también por el caso de Palocci el ex ministro de Justicia y abogado de la ex presidenta Dilma Rousseff José Eduardo Cardozo, quien diferenció los delitos de corrupción con la llamada «caja 2» de la política.

El gobierno del presidente Michel Temer se encuentra en medio de una turbulencia a la espera de que en las próximas horas el fiscal general, Rodrigo Janot, envie una lista de políticos que deben ser investigados a partir de la confesión de los 77 ejecutivos de la empresa Odebrecht que aceptaron delatar hechos de corrupción a cambio de que se les reduzcan las penas que les corresponden.

Temer se encuentra mencionado por ejecutivos de Odebrecht por haber pedido ayuda financiera de unos tres3 millones de dólares para donaciones electorales. En ese contexto, el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, nombrado como receptor de donaciones ilegales y distribuidor de dinero para su fuerza, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), negó hoy que se proponga renunciar al cargo, luego de dos semanas de licencia por una operación en la próstata.

La intención del gobierno es evitar que Temer sufra la pérdida de mandato por este episodio que investiga el Tribunal Superior Electoral e intentar instalar la idea de que un soborno no es lo mismo que dinero ilegal para las campañas.

«No voy a hablar sobre lo que no existe, está todo basado en un delator; ahora me ocuparé de la reforma del sistema jubilatorio», dijo Padilha, quien fue acusado por el mejor amigo de Temer y ex asesor presidencial, José Yunes, de haberlo usado de mula en 2014 para distribuir dinero supuestamente de Odebrecht para el PMDB sin saberlo.

La llamada «caja 2» no es un delito penal en Brasil, aunque a partir de la operación Lava Jato está siendo considerada como lavado de dinero y en algún caso, como el del senador Valdir Raupp, del PMDB, se consideró que una donación legal para su campaña fue producto de un soborno, lo cual encendió la luz roja en gran parte de la clase política.