Los gobernadores unifican su postura ante el Ejecutivo nacional y advierten que no van a volver a ser dadores de «herramientas de gobernabilidad» si no se destraba la negociación para trasladar los costos de los servicios de energía y agua y los subsidios al transporte a las arcas de la ciudad y provincia de Buenos Aires.

En sus manos, como carta de negociación, tienen la posibilidad de no votar la Ley de Presupuesto 2019. En ese contexto algunos evalúan revisar las cuestiones referidas a la toma de deuda.

«Hay muchas cosas para hacer antes de ajustar a las provincias», se quejan en el entorno de uno de los gobernadores que se le plantó varias veces a Mauricio Macri. Es que el fantasma de la crisis social y económica que atraviesa Chubut azuza al resto de las administraciones provinciales.

De hecho, desde hace dos semanas los mandatarios peronistas están en permanente contacto para unificar una posición común ante las exigencias de recortes del gobierno nacional.

Este miércoles se reunieron once ministros de economía de las provincias peronistas, más Santa Fe, en la Casa de Entre Ríos de la ciudad de Buenos Aires.

Los representantes de las distintos distritos coincidieron en que hay demora en el envío de fondos desde Nación para gastos de salud, educación, y políticas sociales. La prioridad, según relató luego del encuentro el jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, es que no se reduzcan esas partidas en el presupuesto porque los programas no pueden discontinuarse y su sostenimiento dependería entonces de las gobernaciones.

A cambio de la garantía de que no se disminuyan las partidas más sensibles, se planteó que la Casa Rosada no inicie nuevas obras, pero garantice las que están en marcha.

Con respecto al pacto fiscal, lo mandatarios provinciales quieren ralentizar la baja de impuestos acordada en noviembre pasado.

«En el pacto fiscal aceptamos una progresiva reducción, pero ahora el país cambió. El presupuesto implosionó y el Fondo apareció. El contexto es totalmente distinto a ese momento», argumentó el senador cordobés Carlos Caserio.

Si bien muestran intenciones de negociación, se ponen inflexibles al momento de reclamar que se deje de subsidiar los servicios en ciudad y provincia de Buenos Aires, gobernadas por las principales figuras del macrismo.

Por otro lado, la negociación está empantanada entre Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Vidal consiguió el Fondo del Conurbano después de sacarse una foto con el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Este viernes la foto fue de diez intendentes del Conurbano junto al titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, para «preservar la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, AySA, y garantizar así el servicio de agua potable y desagües cloacales que reciben cerca de 14 millones de argentinos».

El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, sostuvo que en la reunión hubo una decisión unánime de acompañar al gobierno pero insistió en que hay que «partir desde un criterio de equidad». «Los servicios que están a cargo la Nación y que se concentran en la ciudad y el Conurbano deberían ser eliminados y recién después es factible avanzar sobre otros temas de gasto. Eso permitirá un ahorro importante a la Nación y ayudará a hacer factible su plan de racionalización y reordenamiento del Estado», argumentó el funcionario.

En ambas cámaras del Congreso los gobernadores peronistas se expresan a través de los interbloques Argentina Federal. «Desde el bloque hemos dado todas las herramientas de gobernabilidad y ellos no cumplieron con las obras», se queja un diputado. «El gobierno exige cosas que no cumple», se indignó.

La idea de quitar apoyo a la aprobación del Presupuesto 2019 también surge de los números que dejó trascender el gobierno, con una inflación del 17% y un crecimiento del 2%, que generan sospecha de incumplimiento desde el vamos. Por lo que especulan que entonces sería lo mismo que no tengan un presupuesto nuevo acordado y se vean obligados a gobernar con el anterior, lo que también implicaría un ajuste de hecho por el uso de partidas calculadas para 2018 ya corroídas por la inflación.

La visita de esta semana del ministro de Economía Nicolás Dujovne al Congreso dejó los ánimos más caldeados que antes. «No especifican nada. Y no nos llaman. La última vez los llamaron durante la corrida cambiaria, y fuimos. Y encima tenemos que aguantar que nos digan que los peronistas hagamos cargo de la historia», refunfuñaba uno senador. «