Imperturbable, el presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros (del oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil) celebró la decisión «patriótica» del Tribunal Supremo Federal de mantenerlo en la presidencia a pesar de estar procesado por corrupción.

En un comunicado, Calheiros remarcó que el Senado acoge «con humildad» la decisión de los magistrados, tomada por seis votos a favor y tres en contra.

«Hemos superado todos nosotros, legislativo, ejecutivo y judicial otra etapa de democracia equilibrada (…) para la conquista de mejores días para la sociedad brasileña», remarcó el hombre que no dudó en impulsar la destitución de Dilma Rousseff bajo el cargo de haber “maquillado” cuentas fiscales para demorar registros de aportes a cuentas sociales para otro ejercicio.

Pero a pesar de que seguirá en el cargo, Calheiros será apartado de la línea sucesoria de la presidencia de la República, por lo que nunca podrá ocupar el cargo del presidente Michel Temer de forma accidental.

De todas maneras, como el período de este viejo lobo de la política brasileña finaliza el último día de diciembre, de modo que su separación o permanencia termina siendo una cuestión abstracta en unos días. Calheiros fue apartado de su cargo de manera provisional este lunes por uno de los magistrados del Supremo, que alegó que un imputado –lo está por delitos de corrupción– no podría optar a presidir la nación.

El Senado, no obstante, no acató la decisión y esperó la decisión definitiva del plenario tomada este miércoles, que fue favorable para los intereses de Calheiros. La corte suprema de Brasil desactivó así una escalada de tensión entre poderes que amenazaba los planes de ajuste fiscal del presidente Michel Temer, ya que la Cámara Alta debe aprobar una polémica reforma constitucional para limitar el gasto por 20 años.

Por seis votos contra tres, el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que Calheiros puede mantener su cargo -contrariamente a lo ordenado la víspera por uno de sus jueces- pero lo excluyó de la línea de sucesión presidencial, por estar procesado.

Esto supone un alivio para el gobierno conservador de Temer, que cuenta con el apoyo de Calheiros para concluir la semana próxima su primera gran reforma de ajuste fiscal. El juez Marco Aurelio Mello había ordenado suspender al legislador de 61 años de su cargo, a pedido de un partido de la oposición, que alegaba que una persona confrontada a un proceso judicial, como Calheiros, no podría mantenerse en la línea de sucesión presidencial.

Los seis jueces vencedores concordaron con este último punto, pero defendieron, en nombre de la armonía entre los poderes, que no es necesario despojarlo del comando de la Cámara Alta para quitarlo de la línea sucesoria. Con esta decisión, los magistrados «buscaron cumplir su papel institucional de atenuar (la crisis)», al percibir que con la decisión del juez Mello, la corte «se estaba convirtiendo en la causante de la crisis, de la inestabilidad», opinó a AFP Michael Freitas Mohallem, profesor de derecho y politólogo de la Fundación Getulio Vargas, de Rio de Janeiro.

El hecho de que lo excluyan de la línea sucesoria es «simbólico» y no tendrá efectos prácticos, consideró Mohallem, ya que restan pocos días al mandato de Calheiros al frente del Senado, y las probabilidades de que deba sustituir al presidente de la República son prácticamente nulas.

«La confianza en la justicia brasileña y en la separación de poderes continúa inamovible», declaró el imputado legislador en un comunicado. Aunque le dieron el beneficio de no excluirlo de la cámara, los jueces del STF criticaron la actitud de Calheiros, quien desoyó la decisión judicial que ordenaba su suspensión, por considerarla «monocrática» y perjudicial para la democracia.

«Una orden judicial tiene que cumplirse para que prevalezca el orden jurídico y no el voluntarismo de quien sea», discursó la presidenta del tribunal, Carmen Lucia, que apoyó pese a todo el voto mayoritario para mantener a Calheiros en el cargo.

El presidente del Senado -que lo es también del Congreso- enfrenta un juicio por peculado, ante un presunto desvío de dinero público para pagar la pensión alimentaria de una hija nacida de una relación extramarital.

El juicio se tramita en la propia corte suprema, encargada de juzgar autoridades con foro privilegiado como ministros y legisladores. Calheiros también es objeto de numerosas investigaciones relacionadas a la enorme red de desvíos en la estatal Petrobras.

El domingo pasado, decenas de miles de personas pidieron en todo el país su salida del poder. La medida cautelar que pedía suspenderlo mantuvo en vilo a los mercados y a la clase política en Brasilia, que enfrenta severas turbulencias, golpeada por sucesivos escándalos de corrupción.

«El gobierno tenía un fuerte interés en que Calheiros se mantuviera en el cargo, porque ha acelerado su pauta económica en el Congreso», resaltó Mohallem.

El episodio de Calheiros llevó a su punto más álgido la guerra entre poderes que se ha instalado en Brasil en los últimos meses. Mientras los legisladores denuncian abusos por parte del Poder Judicial -que tiene a muchos de ellos bajo la mira por corrupción-, jueces y fiscales aseguran que el Legislativo intenta cercenar su trabajo creando normas para intimidarlos.

Tras el voto del STF, Calheiros presidirá el martes próximo la segunda y última votación del Senado sobre la enmienda constitucional que prevé congelar los gastos públicos durante 20 años.