El rearme de una parte disidente de las FARC en alianza con el ELN es un duro golpe a sus excamaradas volcados a la política tras el acuerdo de La Habana, que inmediatamente anunciaron que se mantienen “comprometidos con el proceso de paz”. También podría desatar una nueva ola de violencia, alimentada por un vasto sector de derecha con voluntad represiva y contrario a cualquier proceso de pacificación en Colombia, encabezado por el expresidente y senador, Álvaro Uribe, quien ejerce la mayor influencia sobre el actual mandatario Iván Duque.

De hecho, el viernes, un día después del anuncio rebelde, el gobierno lanzó un ataque aéreo en el cual murieron “nueve disidentes de las FARC”, según informó el Ministerio de Defensa, en una acción que parece confirmar la vuelta a un estado de guerra que parecía desterrado.

La sensación entre la población colombiana, tras el anuncio de Iván Márquez, acompañado por Jesús Santrich y “El Paisa” Hernán Darío Velásquez, entre otros, es de desconcierto. “Esto le da fuerza a la extrema derecha, Uribe es el gran ganador porque siempre quiso desconocer los acuerdos firmados, que no se venían cumpliendo, y ahora corren peligro de perder rango constitucional”, lamentan en reserva dirigentes en Derechos Humanos. La decisión anunciada por Márquez -uno de los negociadores de la guerrilla con el entonces presidente Juan Manuel Sánchez-, de relanzar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se arraiga justamente en esos incumplimientos y en los cientos de asesinatos a líderes regionales y excombatientes, que no cesaron a pesar de la firma del acuerdo en 2016, porque los programas de reforma agraria, sustitución de cultivos y ocupación formal de sectores no se cumplen y dejan abierto el terreno a ejércitos paramilitares y narcos. “Estuvimos cerca de poner fin a través del diálogo al más largo conflicto del hemisferio, pero fracasamos porque el establecimiento no quiso respetar los principios que rigen las negociaciones”, advierte el documento al que accedió Tiempo, divulgado en video desde una zona no identificada de la “selva amazónica” cercana al río Orinoco, en la frontera con Venezuela.

En el texto constitutivo, los guerrilleros afirman que se trata de “la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana”. Aunque no anticipan un modo de acción concreto, adelantan que “el objetivo no es el soldado ni el policía, el oficial ni el suboficial respetuosos de los intereses populares; será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta”. Los objetivos de esta insurgencia son similares a las consignas originales de la histórica guerrilla surgida en la entonces llamada República de Marquetalia en 1964 (ver aparte).

La sola declaración generó un sismo en la clase política del país. Previo al inicio de acciones armadas, el presidente Duque ordenó “la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales” y ofreció una recompensa de más de 850 mil dólares a quienes aporten información sobre lo que llamó una banda de «narcoterroristas», según él, auspiciada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Por su parte, Santos pidió que el Estado mantenga su compromiso con los ex combatientes que siguen comprometidos con el proceso de paz, pero demandó represión para los desertores, olvidando tal vez que fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz justamente por buscar una solución por fuera de la violencia.

En tanto, Uribe, promotor del voto por el NO en el plebiscito sobre los acuerdos de 2016, propuso que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se quite el rango constitucional al acuerdo, al que consideró que «es muy dañino para el país, hay que reformarlo».

En este nuevo escenario, quienes quedan en la posición más delicada son los excombatientes que asumieron la vida política y serían los primeros perjudicados si una ola antiguerrillera barre con los acuerdos, aún cuando no se hayan implementado.

“Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”, señaló el partido conducido por Rodrigo “Timochenko” Londoño. “Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación total de lo acordado en La Habana. Seguiremos sin desmayo esa ruta”, afirmaron.


Entre traiciones y reivindicaciones

Entre las razones de la constitución de las nuevas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, además de las «traiciones» al acuerdo, hay varias reivindicaciones sociales y políticas, que se emparentan con las consignas históricas de la vieja guerrilla, como ser golpear «a la oligarquía», llamar a una Asamblea Constituyente que abra el camino a un nuevo gobierno «que convoque a un nuevo diálogo de paz que involucre a todas las fuerzas guerrilleras y a todos los actores armados».
Sin mucha claridad en este sentido, el documento habla de «una nueva Modalidad Operativa (…) Sólo responderemos a la ofensiva. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose, cada vez más, a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra».
El líder del partido político FARC, Rodrigo Londoño, señaló que más del 90% de los excombatientes se mantienen dentro del proceso y que tienen claro que regresar a las armas no es una alternativa para la construcción de país. Se habla incluso de cambiar el nombre del partido de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre.