El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció la decisión de separar de sus cargos a los responsables del operativo policial realizado en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Jujuy, donde se realizaba un evento estudiantil que culminó con dos estudiantes detenidos y maltratados en sede policial.

A última hora del viernes, desde la ciudad boliviana de Tarija en la que se encuentra, el gobernador escribió una serie de tuits en referencia al tema: «Repudio la incursión de la Policía en Facultad de Agrarias. Dispuse la separación de los responsables. Llegaré al fondo del tema».

En otro mensaje, expresó «la solidaridad activa desde mi gobierno para reparar el daño producido por el accionar policial» y pidió «disculpas a los compañeros detenidos». «Nunca desde que militaba en Franja Morada ingresó la Policía Provincial en la Universidad. Una vergüenza que pase en mi Gobierno», sostuvo en coincidencia con el reclamo que las mismas autoridades de la Universidad y distintos organismos realizaron al repudiar el ingreso al predio y por ende la «violación de la autonomía universitaria».

Finalmente, volvió a remarcar que llegará «hasta las últimas consecuencias contra los responsables de la vergonzosa incursión de la policía».

El operativo policial en el que se detuvo a dos estudiantes –Joaquín Quispe e Ignacio García– produjo que autoridades y docentes universitarios denunciaran la intervención de las fuerzas de seguridad provincial fue «ilegal».

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia se difundió ayer un comunicado en el que se indicó que se actuó en función de un llamado por «ruidos molestos» y por la infracción a normas contravencionales al estarse realizando una «fiesta» sin la correspondiente autorización policial.

Hasta el momento, si bien se anunció la separación de sus cargos de los responsables del operativo, las autoridades provinciales informaron que solo un «oficial en jefe fue separado de su cargo hasta tomar conocimiento cabal de lo ocurrido» y que «se están instruyendo actuaciones sumarias administrativas para establecer el grado de responsabilidad que le cabe cada uno de los funcionarios policiales que intervinieron en el hecho».