El proceso judicial contra los  12 líderes independentistas catalanes corrió en bambalinas a lo largo de este año, mientras la crisis política española parecía ganar el centro de la escena en las elecciones de abril y mayo, que dejaron un panorama propicio para un gobierno progresista de la mano de Pedro Sánchez. Sin embargo el tema sigue latente: este miércoles finalizó el juicio a los acusados de una rebelión contra el Estado español con su declaración de independencia de 2017, pero el veredicto no estará sino hasta el otoño boreal, en septiembre/octubre. Plazo suficiente como para que el PSOE articule una coalición de gobierno para la cual serían necesarios los votos nacionalistas.

El rompecabezas catalán tiene otros ingredientes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que llegó al gobierno de la ciudad aliada con Podemos en 2015, no logró mayoría para gobernar. Pero ahora se aseguró mantenerse en su sillón a través de votos socialistas y centristas. Así, el catalanista Ernest Maragall, que ganó los comicios, se quedaría con la nariz contra el vidrio.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo español anunció el viernes la negativa a que el líder del partido independentista ERC, Oriol Junqueras, pueda salir de su prisión para tomar posesión de la banca como eurodiputado que logró el 26 de mayo. Otro argumento para que sus partidarios digan que es un preso político, ya que está en prisión pero no hay sentencia firme. Desde Bruselas, Carles Puigdemont también contempla la escena con cierta sorna. Él también ganó un curul en el Europarlamento. la saña con que en Madrid los trataron no hizo sino incrementar su caudal político.

Sánchez, desde La Moncloa, se encamina a conformar una coalición con Unidas Podemos, el partido que conduce Pablo Iglesias, en lo que llamaron tímidamente «gobierno de cooperación». Una sociedad de hecho que por fuerza, deberá ser mayor de lo que querría el socialista, pero al mismo tiempo será muchísimo menos potente de lo que pretendía Iglesias. «