El Senado tratará cambios a la ex ley Odebrecht, la ley de tierras y los feriados puente

Se aprobarán las modificaciones a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria y la vuelta de los feriados. Expectativa por la ley de tierras para los pueblos indígenas.
27 de Septiembre de 2017

El Senado se apresta a votar los cambios a la ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la ex “ley Odebrecht”, que ahora deberá volver a Diputados. También se votará la prórroga de la suspensión de los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, pero todavía no se sabe si será por uno, dos o cuatro años. Oficialismo y oposición votarán ambos proyectos, según lo acordaron durante semanas anteriores. 

El proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, enviado por el Poder Ejecutivo a Diputados fue modificado en el Senado, por lo que tendrá que volver a la cámara de origen, que la votaría lla semana que viene. Es que la redacción que envió Diputados fue muy criticada en el Senado, que introdujo los siguientes cambios:

  • Se penalizará a empresas de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, por los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, y -a pedido de Urtubey- la conformación de balances e informes falsos.

  • Se aclara además que, si se da el caso de “responsabilidad sucesiva” -es decir, que la empresa tome otro nombre, se transforme o se fusione-, la posibilidad de que sea penalizada subsiste.
  • La acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y también especificaron que si se verifica el delito pero no se conoce quién lo llevó adelante físicamente, la empresa igual deberá responder.
  • Para el nuevo esquema de penas se tendrá en cuenta la ganancia de la empresa al momento de cometer el delito, con multas que van de dos a cinco veces ese beneficio obtenido; la suspensión total o parcial de actividades -con un máximo de diez años-; la prohibición por diez años de participar en concursos o licitaciones estatales; y la disolución de la personería gremial cuando hubiese sido creada al solo efecto de delinquir, entre otras sanciones.
  • En el nuevo artículo 9 se indican tres condiciones que deberán ser cumplidas para lograr la eximición de la pena: que sea la persona jurídica -y no el Estado- la que detecte el delito; que haya implementado un sistema de control y supervisión adecuado (programas de integridad o compliance); y que haya devuelto el beneficio obtenido indebidamente.
  • Otro de los aspectos importantes, con respecto a la extinción de la acción penal, es que en el caso de fallecimiento del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa.
  • En el artículo 16 se prevén los “acuerdos de colaboración eficaz”, donde la persona jurídica podrá comprometerse ante el Ministerio Público Fiscal a colaborar y brindar “datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes, o el recupero del producto de las ganancias del delito”, a cambio de la reducción de la pena.
  • La nueva redacción no incorpora, tal como había pedido la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, el polémico artículo que abría a las empresas la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración eficaz de tipo administrativo, por hechos ocurridos con anterioridad a la sanción de la ley. Dicho artículo podía aplicarse al caso de Odebrecht, la firma brasilera que confesó haber cometido delitos en varios países, entre ellos Argentina.
  • La futura ley sólo abarcará los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas, los cuales prescribirán a los seis años, con multas que van de dos a cinco veces la ganancia obtenida indebidamente por la empresa.

Tierras para los pueblos preexistentes

Por otra parte, se debatirá una nueva prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La norma vence el próximo 23 de noviembre y los senadores negociaban por estas horas si la prórroga queda fijada en cuatro años -como establece la mayoría de los proyectos presentados-, o si se aprueba por uno o dos años, dada la intención del Gobierno de acelerar el registro de tierras.

Feriados puente

El Senado debatirá también el proyecto de ley para ordenar tres feriados puente por año, una iniciativa que vuelve sobre los pasos del gobierno nacional que por decreto los eliminó a comienzos del 2017. 

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