El gobierno porteño fue habilitado por la Legislatura a llamar a licitación nacional e internacional para concesionar la red de subterráneos de la ciudad, que transporta un promedio de 1.200.000 de pasajeros por día hábil, mediante una ley que además contempla una prórroga hasta diciembre del 2018 en el manejo del servicio de la actual operadora, Metrovías.

La norma fue sancionada con 32 votos positivos del bloque del oficialismo Vamos Juntos; 23 sufragios negativos y una abstención de fuerzas de la oposición que mantuvieron la postura de estatizar el servicio como «la mejor opción», que quedó plasmada en al menos seis proyectos con distintos matices presentados en los últimos meses.

Esta norma define el futuro de la operación y el mantenimiento de las cinco líneas de subte y el Premetro a cargo de una concesionaria; en tanto que la regulación seguirá en manos del Gobierno metropolitano a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SA (Sbase), tal como ocurre desde el 2012 cuando la Nación transfirió el manejo del servicio a la Ciudad.

La ley establece que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta podrá llamar a licitación pública nacional e internacional para concesionar el servicio por 12 años, con opción a tres más, y estipula que los oferentes «deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros».

También obliga al concesionario a constituir una sociedad anónima cuyo único y exclusivo objeto sea operar la red de subterráneos y fija que la retribución «por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual» con criterio basado en la relación «pasajero-kilómetro».

La prórroga hasta diciembre del 2018 responde a que, según estimaron, la empresa que resulte ganadora de la licitación no tendrá tiempo para «hacer efectiva posesión del servicio» antes de esa fecha.

Por su parte, la diputada del Frente para la Victoria Paula Penacca consideró que la sanción de la ley para una nueva concesión refleja «una oportunidad desaprovechada de mejorar el servicio de los usuarios».
La diputada Paula Oliveto Lago, del bloque oficialista, celebró la existencia de «pensamientos distintos» a raíz de la postura adoptada por la oposición frente a la operatividad del servicio de transporte, pero destacó que Vamos Juntos representa «a la mayoría de la ciudadanía» que respalda que el subte siga operado por una concesionaria y no por el Estado.

Mientras transcurría el debate, estudiantes de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protestaron en la Legislatura disfrazados de sardinas ya que, afirmaron, en el subte se viaja apretujados como esos peces en lata.