Limitado por todos los costados, casi sin márgenes de acción, el gobierno pondrá el ajuste fiscal como eje de toda su estrategia política y económica para los próximos meses. A eso lo compromete el acuerdo que pactó con el Fondo Monetario Internacional, que incluirá revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de metas muy exigentes metas. La principal es que al cabo de los tres años de vigencia del acuerdo, el fuerte déficit fiscal deberá transformarse en superávit. La segunda, reducir la bomba de tiempo que significan las Lebac, el principal fruto de la política monetaria del Banco Central desde fines de 2015 para acá. Todas las demás cuestiones (competitividad, productividad, desequilibrios comerciales, balanza de pagos y hasta fijación del tipo de cambio) quedaron en segundo plano.
La magnitud del tijeretazo a practicar es gigantesca. El 2,7% del PBI de déficit primario pautado para este año deberá convertirse en 1,3% el año que viene, quedar en cero en 2020 y convertirse en superávit de 0,5% un año después. De acá a tres meses, cuando sea el momento de remitir al Congreso el proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo tendrá que ingeniarse para recortar $ 180 mil millones y mostrar ideas para aplicar ajustes de otros $ 270 mil millones en los dos ejercicios siguientes.
¿Cuáles son los recursos a los que el gobierno puede apelar para avanzar en la dirección que le exige el Fondo? No muchos, teniendo en cuenta que las jubilaciones y otras prestaciones sociales constituyeron el año pasado el 54% de los gastos del sector público. La anunciada depuración de la planta de personal en ministerios y organismos descentralizados, quizás la única maniobra que el gobierno puede realizar sin perjuicio del resto de la economía (aunque claro, a costa de los empleados que queden sin trabajo), puede deparar un ahorro de sólo $ 20 mil millones.
Los subsidios vienen bajando de a $ 80 mil millones por año y su acelerada reducción ya le causó fuerte costo político al gobierno, tanto por la caída de imagen entre sus votantes (recordar que a fines de 2019 habrá comicios presidenciales) como por la ley antitarifazos que logró aglutinar a la oposición en el Parlamento. La inversión en obra pública, que el año pasado había sido de $ 200 mil millones y constituyó la principal herramienta del oficialismo para apuntalar a sus candidatos en las elecciones legislativas, cayó un 23% en términos nominales en el primer cuatrimestre: todos los planes previstos ya fueron guardados en el freezer. La eventual transferencia a las provincias de esa responsabilidad es contradictoria con la idea de recortarles los giros por la coparticipación, que hasta ahora habían venido creciendo a la par de la mayor recaudación tributaria. El plan de reinstalar las retenciones a las exportaciones, o al menos de diferir el cronograma de rebajas de las que todavía existen, fue desechado de inmediato ante las primeras protestas de la Sociedad Rural.
Ese conjunto de iniciativas para reducir el déficit, además de las dificultades ya citadas, presentan otra mayor: restarían todo estímulo de crecimiento a una economía que muestra señales de agotamiento. El Indec ya refleja dos meses seguidos de contracción de la actividad; las ventas minoristas cayeron 4,8%, según CAME; el consumo masivo sigue en retracción y el sector de la construcción, que había sido la estrella del repunte de 2017, también está mostrando una desaceleración. Con las tasas de interés fijadas por el Banco Central en las nubes, las inversiones son una utopía y en varios sectores productivos se están preparando para un segundo semestre de estancamiento o incluso de recesión (ver página 11). Los compromisos de reducción del gasto que tomó le impiden al gobierno intervenir para modificar este cuadro de situación. A pesar de ello, el ministro Nicolás Dujovne es optimista: «Proyectamos nuestros ingresos tributarios en base a un crecimiento de 0,4%, aunque pensamos que la cifra real puede ser un punto mayor», dijo.
Con ese panorama, las declaraciones de ayer de Christine Lagarde parecen sacadas de contexto. «Consideramos que el plan económico de las autoridades fortalecerá la economía argentina a corto plazo y estimulará el crecimiento y la creación de empleo de cara al futuro», dijo la directora gerente del FMI tras su encuentro con el presidente Mauricio Macri en Canadá, en la cumbre del G-7. Por las dudas, el Fondo quiere asegurarse de que las autoridades argentinas se hagan cargo de las tensiones que puedan surgir como consecuencia del ajuste pactado. «Son medidas factibles, realistas, pero requieren de un fuerte compromiso de toda la sociedad argentina», dijo el viernes Roberto Cardarelli, uno de los economistas del FMI que viene supervisando el caso argentino. «
