El titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la Argentina, Héctor Daer, anunció la medida de fuerza que comenzará el jueves con asambleas en todas las clínicas, sanatorios, laboratorios y geriátricos privados del país, y con un paro de actividades de tres horas por turno el día viernes.

La medida de fuerza impulsada por el dirigente que a su vez integra el binomio de conducción de la CGT, es porque “los trabajadores de la sanidad nunca trabajaron tanto ni cobraron tan poco”. La medida se produce por el deterioro salarial de los trabajadores de la salud privada y no corresponde a la negociación salarial del período 2021 sino a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo resignado durante 2020. Es que el sector obtuvo un incremento del 21% cuando la inflación durante ese año superó el 36%.

La medida sorprende porque se da en momentos en los que el gobierno impulsa un acuerdo de precios y salarios para las paritarias 2021 en las que, promete, los haberes se recuperarán ante la inflación que pronostican en un dudoso 29%, mientras las consultoras privadas proyectan una suba de precios de hasta el 50%. Pero, además, porque Héctor Daer es considerado uno de los líderes sindicales con mejor llegada la presidente Alberto Fernández. De hecho, ambos han declarado públicamente ser “amigos”. Una medida de fuerza que paralice la atención sanitaria en el contexto de la pandemia no resulta simpático para el gobierno que pretende atravesar el proceso paritario y la negociación con el FMI en un marco de paz social con los gremios y organizaciones sociales.

El comunicado de la Federación explica que “los trabajadores de la Sanidad que hemos luchado en forma ejemplar y desigual contra la peor pandemia de la que tengamos memoria venimos soportando el deterioro de nuestros ingresos mes a mes”. Para los dirigentes, “la pérdida del poder adquisitivo ha adquirido proporciones intolerables”.

Para el gremio “hemos resistido pacíficamente hasta límites jamás alcanzados” y, por eso, exigen que “todos se tienen que comprometer con una solución: los empresarios, los financiadores del sistema y los responsables políticos de cada área de gobierno”.

Quién rápidamente recogió el guante fue el titular de la cámara patronal y CEO de Swiss Medical Claudio Belocopitt que, en declaraciones televisivas, dijo: “¿A quién le da la cara para no darle aumentos al personal de la salud?”.

Si bien se desmarcó de la medida señalando que no es recomendable “entrar en conflicto gremial en este momento, en medio de una pandemia, de una forma que se tendría que evitar” aseguró que “los empleados deben tener una actualización, son trabajadores que estuvieron en la primera línea de batalla”.

Con todo, haciendo caso omiso de su rol patronal, apuntó contra el gobierno: “lo advertimos en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, le dijimos claramente que el sistema tienen un claro problema de financiamiento, incluyo a IOMA, PAMI, Obras sociales sindicales”,  

En definitiva, la estrategia del sector privado de la salud es la de promover una actualización de las tarifas. Belocopitt señaló que “en septiembre, las autoridades, determinaron que el sistema de medicina prepaga necesitaba 30% de aumento, acordaron en 25%, se metió la política y suspendió el aumento, y no se actualizó el sistema… si no se actualiza el sistema, no se genera el recurso. ¿Por qué YPF tuvo que actualizar y el sistema de salud no?”.

Lo cierto es que las prepagas acaban de obtener una autorización de un incremento del 3,5% en marzo de 2021 luego de haber aumentado otro 10% durante 2020. Si bien es verdad que esos incrementos no acompañaron el índice de precios al consumidor también es cierto que durante 2019, según datos de la Defensoría del Pueblo, la medicina prepaga se benefició con ocho incrementos que redundaron en una suba del 60,67% anual. El mismo organismo señaló que, entre 2018 y lo que va de 2021 los aumentos de tarifas acumulan un 157,60% y de 524% si se retrotrajera hasta el año 2015.

El lunes la federación sindical evaluará las medidas y, según adelantaron, darán continuidad a un plan de lucha nacional.