Emergencia social también tuvo media sanción

Destina 30 mil millones para los próximos 3 años. Crea el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social y el Registro Nacional de la Economía Popular.
7 de Diciembre de 2016

La emergencia social fue aprobada en la Cámara de Diputados casi por unanimidad. Fueron 227 votos a favor, uno en contra y sólo cuatro abstenciones. Impulsa la ampliación de la emergencia social hasta el último día de 2019 y la creación del salario social complementario. “Estamos reconociendo que ese porcentaje de la población al que llamamos excluidos quieren trabajar”, sintetizó el diputado del Movimiento Evita, Leonardo Grosso.

La iniciativa faculta al jefe de Gabinete a reestructurar partidas presupuestarias hasta 30.000 millones de pesos durante los próximos tres años y prevé la creación del “Consejo de la Economía Popular y el Salario Social”, como así también el “Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP)” y la coordinación del destino de las partidas presupuestarias a los fines de financiar esas instituciones.

El Consejo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, se considerará como “un ámbito institucional permanente”. Serán parte de ese consejo un representante de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP. El consejo deberá trabajar en la implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario. El rol del jefe de Gabinete será el de reestructurar el presupuesto hasta un monto no mayor a los 25 mil millones de pesos hasta el último día del mes de diciembre de 2018. Según el proyecto si hasta ese día se utilizó todo este monto se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.

El oficialismo, convencido de que va a ser derrotado cuando se vote la reforma al impuesto a la ganancia, buscó que este proyecto se convierta en un triunfo oficialista. El presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO) sostuvo que la iniciativa “viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social en las calles, en un marco de diálogo que no existía hasta hoy”. El macrista indicó además que el proyecto “mejora los derechos sociales y las condiciones laborales de los trabajadores de la economía popular y no es una ley en contra de nuestro gobierno sino que ratifica las prórrogas de los últimos años y viene a reconocer un duro diagnóstico”.

En representación del Movimiento Evita, uno de los impulsores del proyecto, habló primero la diputada Lucila De Ponti, quien aseguró que la ley busca “achicar la brecha entre los distintos segmentos de la clase trabajadora” y destacó la necesidad de construir políticas públicas “que nos permitan consolidar nuevos sujetos de derecho”. En tanto, Leonardo Grosso comparó el acta firmada entre el Gobierno y las organizaciones populares que se luego se transformó en proyecto ley con “la primer paritaria de la economía popular".

Si bien el FPV no participó de la redacción del texto normativo y tampoco de las movilizaciones, igual respaldó la iniciativa. El diputado del FPV, Edgardo Depetri, confirmó que su bloque acompañar el dictamen para dar “una demostración más de una apuesta a encontrar una mínima respuesta a la situación, aún sabiendo que hay cientos de organizaciones sociales que están afuera de este acuerdo y no lo convalidan”.

A su turno, el diputado del Frente Renovador y miembro del triunvirato que encabeza la CGT, Héctor Daer, sostuvo que su bancada respaldó el dictamen porque “no podemos claudicar ni resignar derechos. No podemos dejar de lado que hay trabajadores que no tienen el mínimo derecho”.

Los cuatro integrantes del Frente de Izquierda de los Trabajadores se abstuvieron al momento de la votación. Néstor Pitrola justificó la decisión por considerar innecesaria la “tregua” entre el gobierno y las organizaciones sociales para luego sostener que el Registro de la Economía Popular es en realidad “un registro de los candidatos a la precarización laboral”. El único voto negativo lo protagonizó el salteño Alfredo Olmedo, quien justificó su voto contrario al sostener que los titulares de los planes sociales deberían “parar la mano y que prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia”.

Tiempo Audiovisual

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