La vehemencia que utilizaron esta semana el presidente Mauricio Macri y varios de sus ministros para descalificar a la dirigencia sindical alborotó el debate sobre la reforma laboral que pide, con matices, todo el universo empresarial.

El modo al que apeló el gobierno en su mensaje, favorable a la flexibilización de la legislación laboral y contrario a la continuidad de figuras gremiales como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo o el aeronáutico Pablo Biró, generó reacciones diversas que incluyeron posiciones contrarias a Balcarce 50.

Los empresarios más afines se encolumnaron detrás de la estocada oficialista, pero dirigentes de los sectores productivos y del consumo advirtieron que ese camino puede echar a perder las chances de llegar a acuerdos con los gremios.

Desmarcarse

Esta última posición hace pie en la Mesa de Enlace del sector agropecuario, que el miércoles último publicó 40 propuestas de políticas para acercar a los candidatos. A tono con el resto de las entidades privadas, en el texto pidieron avanzar con una «modernización» en un marco de diálogo.

El jueves la cadena CNN difundió fragmentos de una entrevista a Mauricio Macrique se transmitirá completa hoy. El presidente trató a dirigentes como Moyano, Palazzo y Biró de patoteros, prepotentes y desvergonzados. También los acusó de cobrar a los empresarios «por izquierda y por derecha» en forma extorsiva.

Carlos Ianizzotto, presidente de la asociación de cooperativas rurales Coninagro, reconoció a Tiempo que los ruralistas quieren un cambio de la política laboral pero se desmarcó del discurso oficial. «Creemos en una reforma consensuada con el objetivo de fomentar el empleo. Las declaraciones políticas corren por cuenta del presidente», se diferenció.

Para Ianizzotto, «la unidad es el factor central para la reforma. En esos términos –alertó en alusión a los dichos de Macri– no va a haber consenso. Nosotros lo vamos a intentar con los gremios del campo, pero hay sectores que van a tener problemas para dialogar».

El titular de Coninagro extendió el rechazo hacia otros empresarios que aprovecharon la arremetida del gobierno para reclamar derecho a «despedir trabajadores sin causa ni motivo», como hizo su par de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, en una entrevista con la radio Futurock. «Es una declaración muy delicada que hay que tratar de evitar», observó el empresario agrario.

Por los votos

El razonamiento de los ruralistas y otros sectores del empresariado es que Macri atacó a los gremialistas por una necesidad de la campaña. El argumento es que con las encuestas en la mano el presidente salió deliberadamente a recuperar votantes que, desilusionados con el rumbo de su gobierno, se acercaron a la propuesta de José Luis Espert.

La estrategia incluyó la participación del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien el jueves abrió un encuentro del sector fintech que está en el centro de la puja con los bancarios, y en una entrevista con La Red llamó «mafiosos» a los dirigentes sindicales. En el mismo evento, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cargó despectivamente contra dirigentes sindicales de la carne.

También están los que plantean que detrás de la puja entre Palazzo y las fintech (ver aparte) juega sus propias cartas la banca, un sector con el que el resto de las empresas prefiere no confrontar.

Pero al gobierno no le faltaron entusiastas de su lado. Dos de los más salientes pertencen a la confederación industrial alimenticia COPAL, como Daniel Funes de Rioja, quien expresó que más allá de toda polémica sobre el futuro de las garantías laborales, «los trabajadores van a tener que entender la necesidad de una reforma», y el cafetero Martín Cabrales, quien a tono con Crivelli, pidió «mayor flexibilización» para contratar y despedir sin los obstáculos que supone la legislación actual.

En tanto, Víctor Dosoretz, directivo de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), le dijo a Tiempo que los mercantiles desconocían hasta el viernes el contenido de la entrevista de la CNN a Macri, pero abogó por «dejar de hablar de ‘reforma’ porque no alcanza, y empezar a hablar de una transformación porque es necesaria una adaptación al mundo en que vivimos».

La posición de la CAC, como la de Coninagro, es ratificar la agenda empresarial por la vía del consenso y, con la misma sutileza que sus pares ruralistas, demandar un tipo particular de contraparte gremial: «La dirigencia empresarial cambia cada dos años por estatuto y sería deseable que en los gremios pase lo mismo», propuso Dosoretz.  «

Dietrich ratificó a los gremios su voluntad de flexibilizar convenios

A tono con las presiones de Mauricio Macri y sus pares del Gabinete, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, exhortó a los trabajadores aeronáuticos a adecuarse a las nuevas prácticas de la industria, o en otras palabras, a las demandas de las empresas de bajo costo (low cost) que llegaron masivamente al país de la mano de la política aerocomercial que el gobierno llama «revolución de los aviones».

El grupo de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (SAU) informó  que «tal como lo vienen exigiendo las principales cámaras patronales, el ministro de Transporte dejó planteada su intención de avanzar en una reforma laboral, que no es más que un eufemismo de la precarización que intentan imponernos en el país».

Los aeronáuticos destacaron que Dietrich admitió que la eliminación de la banda tarifaria con la que buscó favorecer a las low cost «tuvo un impacto negativo para la industria». Sin embargo, la versión de los trabajadores indicó que el ministro de Transporte respondió que «acá, como en todo el mundo, hay empresas que nacen y que desaparecen», y consideró «indispensable focalizarse en la búsqueda de eficientizar la actividad con discusiones particulares por empresa, lo que confirma el objetivo de modificar los convenios colectivos de trabajo».  «