En Uruguay se juega con fuego: crecen la violencia política y las vindicaciones a la dictadura

Organizaciones de DD HH y parlamentarios pidieron la intervención del presidente Lacalle, a quien, por el contrario, grupos de derecha hasta lo instan a cambiar los libros de Historia.
(Foto: Xingua)
23 de agosto de 2020

En la primera semana de agosto no hubo día en el que Luis Lacalle Pou y su ministro del Interior, Jorge Larrañaga, no les dijeran a los argentinos que Uruguay quiere recibirlos con mucha generosidad fiscal y toda la seguridad del mundo. En medio de ese raid oratorio, el jueves 6 el presidente y su familia se instalaron en la mansión presidencial de El Prado, nunca ocupada por sus pares del Frente Amplio –Tabaré Vázquez dos veces y José Mujica–, que prefirieron seguir, sin ostentación ni sirvientes, en sus viviendas de siempre.

No fue el mejor momento para la mudanza. Un pirómano, obstinado con los mejores autos de El Prado, volvió a hacerlo dos veces: ante la nueva casona de Lacalle y en la esquina de la seccional policial. La gente de Larrañaga no da con él, pese a que actúa ante las cámaras. En la misma tarde de la mudanza, a dos cuadras una patota cercó a un obrero que volvía a su casa. Al grito de “negro de mierda”, lo apalearon: brazo y dos costillas quebradas y la cara deformada.

Es sólo una muestra. Con sus bidones de nafta, bates de beisbol, puñales, manoplas y pistolas, las bestias arremeten contra todo. Con evidente complicidad policial avanzan como quien va de cacería al zoológico, salen de recorrida a buscar personas en situación de calle, adictos a la pasta base, trapitos, pobres o, específicamente, a militantes del FA en campaña para las municipales del 27 de septiembre.

La Comisión Interamericana de DD HH (CIDH), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, la Asociación de Magistrados, la Federación Médica y senadores y diputados de todos los grupos menos el partido militar Cabildo Abierto, le pidieron a Lacalle que pare la mano. No lo acusan, pero es la máxima autoridad. Ninguna demanda fue respondida. O sí, el día que la CIDH pedía cordura, Lacalle designaba en la Dirección del Empleo a un coronel retirado, dirigente de CA acusado de haber sido un eficiente torturador de la dictadura: Coronel retirado Herbert Pintos Chucarro.

El jueves murieron calcinadas cuatro personas que vivían en un geriátrico situado cerca del Estadio Centenario, en Montevideo: la última falleció durante la madrugada de este lunes. Casualidad, o no, ya son cinco los hogares de ancianos incendiados en lo que va de 2020, con 29 fallecidos. En julio, la víctima había sido el sereno de un hotel de Salto, en el litoral oeste, frente a Entre Ríos, y el 25 de junio, en pleno día, una persona que caminaba por una calle de la balnearia Ciudad de la Costa, a 22 km de la capital uruguaya, donde ocurrieron los ataques con fuego más impactantes. El 15 de julio la víctima fue un viejo conocido de los vecinos que hace 30 años vive al lado del polo gastronómico del Mercado del Puerto. Cuando dormía, lo rociaron con nafta y le prendieron fuego. El 10 de agosto, a una cuadra de la Seccional 3ª, otro pobre fue atacado con fuego. Los vecinos lo salvaron de la muerte: al hacer la denuncia policial, le dijeron que estas situaciones son cada vez más frecuentes.

La demanda que senadores y diputados elevaron al gobierno tuvo en cuenta el contexto, pero se centró en los ataques contra militantes del Frente, demostrativo de un clima de violencia que no se vivía desde tiempos de la dictadura (1973-1985). El 12 de agosto, en Salto, un comando arremetió con palos y cuchillos contra tres pegatineros. Uno de ellos sufrió heridas graves. Dos días después, militantes que desplegaban una bandera en el límite entre los departamentos de Montevideo y Canelones fueron el blanco, a balazos, de un comando que gritaba consignas nazis. El 31 de julio, el exdiputado Juan José Domínguez, conocido dirigente del FA, fue herido gravemente en la ciudad litoraleña de Paysandú, al grito de “zurdo de mierda”. 

Después de 13 años de dictadura los uruguayos han sabido valorar los 35 años siguientes, en los que los militares debieron volver a los cuarteles. Pero los civiles del régimen no fueron sancionados y los poderes fácticos siguen mimándolos. Para el Frente Amplio, no es que a los uruguayos les llegó de improviso la hora de la maldad. Cree que a la violencia de las últimos tiempos hay que buscarla en el discurso de la dirigencia de los cinco partidos que se aliaron con el único objetivo de sacar al progresismo del gobierno, en especial los exmilitares que fundaron Cabildo Abierto.

En el campo uruguayo suelen decir que “ningún bicho engorda si no le das de comer”. En estos días, el auge veloz del nazismo y el fascismo lo está confirmando. Nadie se puede sorprender si el exgeneral Guido Manini Ríos, senador y fundador del partido militar Cabildo Abierto (CA), reivindica a la dictadura (1973-1985), con sus torturas, sus asesinatos y sus desapariciones, y presenta un proyecto de ley para que Uruguay se aparte de todos los tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. O que uno de los suyos pida la expulsión de docentes de la enseñanza secundaria porque en las elecciones de octubre/noviembre del año pasado apoyaron la fórmula del Frente Amplio.

Cómo sorprenderse si Manini posa para las fotos junto con nazis desbocados que, además, son convencionales de CA y lucen remeras con la inscripción “HKNKRZ”, una especie de sigla que resulta de quitarle las vocales a la palabra alemana hakenkreuz, que quiere decir "esvástica".

Cómo no aprovechar la derechización si el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se compromete a gestionar ante el Congreso una ley que establezca la portación libre de armas para los civiles.

Cómo no aprovecharse, los nazis y los fascistas, si este jueves, Lacalle Pou aceptó el planteo de los familiares de los genocidas para que se cambien todos los libros de Historia escritos entre el fin de la dictadura y nuestros días.  

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