Con el pase de Edenor y Edesur a la órbita de Ciudad y provincia de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri entendió a inicios de 2019 que ya no sería necesario el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y lo dejó sin presupuesto. La idea era que tanto Ciudad como Provincia se encargaran de crear organismos equivalentes propios. Con el cambio de gobierno, el pase quedó sin efecto, pero el ENRE continuó sin presupuesto y los nuevos organismos no vieron la luz del día. Por tanto, los reclamos de usuarios en las oficinas del ente regulador se acumularon y ya superaron los 40 mil.

Al ENRE llegan los reclamos de usuarios que son rechazados en primera instancia por Edenor y Edesur. En situación normal, el tiempo de resolución es de unos 150 días, tal como ocurría hasta fines de 2015. En la actualidad, según la evaluación del propio ENRE, ese tiempo promedio se extendió a 710 días. Es decir, casi dos años completos.

Ante esta situación, la Comisión de Usuarios del ENRE, integrada por 24 asociaciones de usuarios y consumidores que colabora con el organismo de manera oficial hace 15 años, envió una nota al subsecretario de Energía de la Nación, Osvaldo Arrúa, con el fin de «resolver la situación de colapso en que se encuentra la resolución de los reclamos de los usuarios y nos conceda la entrevista que ha sido solicitada» con anterioridad.

Ricardo Vago, integrante de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos y coordinador de la citada Comisión de Usuarios, explicó a Tiempo: «El año pasado hubo una crisis provocada por un gobierno que aprobó un presupuesto sin fondos para el ENRE. Agravado esto por la situación de los tarifazos, se acumularon los reclamos. Ya en enero del año pasado, cada reclamo tenía en promedio un tiempo de resolución de 376 días. A diciembre, fue creciendo ese número hasta llegar a 710 días».

Los datos expuestos en la misiva de la Comisión de Usuarios pertenecen a la evaluación mensual que realiza el Departamento de Atención a Usuarios del ENRE; es decir, el propio organismo reconoce la falla. El informe asegura que en el último año fueron ingresados 1692 reclamos de los cuales fueron resueltos apenas 413. Esto hizo que el total del stock de reclamos que maneja la entidad creciera a 40.260, de los cuales el 94% es del tipo «Técnico-comercial», o sea, por irregularidades en el cobro. El resto, por «Daños» y «Calidad del servicio».

La mayor parte de los reclamos son hacia la empresa Edesur. De las quejas que hubo en enero de 2019, el 61% estuvo dirigido hacia la empresa que pertenece al holding italiano Enel, que opera en 33 países. En el mismo sentido, del total de multas aplicadas en ese mes (1,7 millones de pesos), el 94% fue aplicado a Edesur ($ 1,6 millones).

Por su parte, si bien Edenor tiene un registro más limpio en términos de servicio, sus principales problemas están ligados a la transparencia. En febrero último, la sede central de la empresa perteneciente Pampa Energía –del empresario cercano al macrismo Marcelo Mindlin- fue allanada por orden del juez Emiliano Canicoba, del Juzgado Federal N° 1 de San Martín. Los motivos son facturación apócrifa y evasión impositiva.

«Pedimos una reunión para que se den cuenta de que el ente aún no tiene interventor desde la renuncia de (Andrés) Chambouleyron, el 30 de enero último. Cuando las empresas saben que no son controladas, se aprovechan de la situación y el principal perjudicado es el usuario. Queremos que el nuevo gobierno rescate al ENRE», concluyó Vago. «