Paola Morales se maldice por haber salido aquella noche. No le importa el motivo noble que tuvo: el antojo de sus hijas menores. «Me fui con la moto a comprarles unos sánguches de milanesa –recuerda en diálogo telefónico con Tiempo, con la voz rota por la tristeza– y cuando volví, vi que había un montón de gente en la puerta de mi casa. Entré y escuché a Ariana, mi hija de 13 años, gritando que a Silvia le habían pegado un tiro en la cabeza. Un vecino me ayudó a llevarla al hospital, quedó internada y luchó por su vida hasta que no pudo más. Todavía no puedo creer que la policía haya matado a mi hija».
El domingo 16 de junio, el barrio Gas del Estado, en la periferia de la ciudad de Santiago del Estero, amaneció convulsionado. En medio del apagón masivo, una vecina había llamado a la policía para denunciar un robo en su vivienda. Hubo algunos allanamientos, muchas versiones, pero ningún resultado concreto. «Como la policía no encontró nada, se fueron y se calmó todo. Recién volvieron a la noche, supuestamente porque la vecina que sufrió el asalto les dijo que se enteró por otro vecino que las cosas que le habían robado las habían tirado en el fondo de mi casa», cuenta Paola.
De acuerdo a los testimonios de los vecinos, alrededor de las 23:30, una comitiva de policías intentó ingresar a la casa de Paola para registrarla, pero Silvia Maldonado, de 17 años y madre de una nena de dos años y un bebé de apenas un mes, se los impidió porque no tenían una orden judicial. Los efectivos se retiraron hacia la esquina, y según su descargo, recibieron piedrazos de parte de los vecinos, que ellos respondieron con balas de goma. El cabo primero José Abraham, en cambio, disparó con su arma reglamentaria porque, confesó después, se le trabó la escopeta. El plomo de Abraham, que estaba a cargo del operativo, impactó en la frente de Silvia, que tenía a su hija en brazos.
«La llevamos al Hospital Independencia, que quedaba más cerca, pero los médicos vieron que no reaccionaba y nos dijeron que no podían hacer nada. Nos derivaron al Hospital Regional, donde quedó internada, pero tampoco pudieron operarla porque el balazo ya le había afectado todo el cerebro», dice Paola.
Silvia fue diagnosticada con muerte cerebral y finalmente el martes dejó de respirar. Había dejado la secundaria en el colegio Jorge Newbery por el nacimiento de su bebé, pero ayudaba con las tareas de la casa. «Era una chica amable, alegre, vivía para sus hijos. Le decíamos Agustina porque era el nombre que yo le quería poner, pero el padre fue solo al Registro Civil y la anotó como Silvia Verónica», confía la madre.
El crimen de la adolescente derivó en la detención y la consecuente prisión preventiva de los policías Ramón Mansilla, Juan Carlos Chávez, Fabio Cristian Cooper, Pedro Agustín Barraza, José Ramón Revaneira, Analía Gigena, Cristian Hernán Bravo y Abraham, el uniformado apuntado como el autor del disparo.
A siete de los agentes, la fiscalía les imputó el delito de «homicidio agravado por su condición de funcionario policial en perjuicio de una menor de edad», mientras que a Mansilla, como jefe de guardia de la Comisaría 5°, se lo acusó de «violación de los deberes de funcionario y encubrimiento».
La Justicia probó que Mansilla dejó constancia en el libro de guardia de la comisaria del operativo realizado en la casa de Silvia, en la calle Teodoro Fells al 1800, a las 23:30 del domingo. Sin embargo, registró que la joven había ingresado al Hospital Regional media hora antes. Mansilla olvidó, además, dar aviso a sus superiores de lo que había ocurrido durante el procedimiento, es decir, omitió reportar el balazo en la frente de una adolescente de 17 años, que provocó su muerte.
«Espero que haya justicia –dice la madre–, que vayan todos presos, porque no tiene la culpa sólo el que disparó. Ellos no tenían una orden de allanamiento y no tienen por qué atropellar a una menor de edad. ¿Cómo van a decir que una chica de 17 años los agredió? Mi nieto más chiquito tomaba la teta nomás, y ahora se tiene que acostumbrar a la mamadera. La nena, que ya tiene dos, me pregunta por su mamá. Yo sólo le puedo decir que se ha ido al cielo». «
En Monte apuntaron a «todos los responsables»
«Mataron y tergiversaron los hechos para ocultar la verdad. Que paguen todos los responsables de estas muertes injustas y anticipadas», dijo Susana, la mamá de Gonzalo Domínguez, uno de los chicos que murieron en la madrugada del 20 de mayo, cuando un patrullero persiguió y baleó a un Fiat 147, provocando un choque que mató a cuatro jóvenes e hirió gravemente a otra adolescente. Lo dijo el jueves pasado, a un mes exacto de lo que hoy se conoce como la Masacre de San Miguel del Monte.
En el Skate Park de Avenida Los Pescadores y López, el «Festival por lxs Pibes» reunió a miles de personas –vecinos, artistas de rap, cultores de skate– para recordar a las víctimas y renovar el pedido de condena para los policías.
A su turno, Gladys, la mamá de Danilo Sansone, uno de los chicos fallecidos, exigió al próximo secretario de Seguridad «que investigue primero quiénes son los policías que vaya a traer, porque nosotros a veces nos callamos por miedo, pero eso no va a pasar nunca más. Vamos a ir por todos, por los que están y por los que faltan».
Durante la madrugada del 20 de mayo, en la Colectora 9 de Julio a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3, un Fiat 147 chocó contra el acoplado de un camión. Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López murieron en el acto. Rocío Quagliarello, la quinta ocupante, quedó gravemente herida y luego de pasar 25 días internada, recibió el alta luego de una recuperación que la familia calificó de «milagrosa». Todos vivían en San Miguel del Monte y solo el conductor era mayor de edad.
