“Un freno al plan sistemático de Macri y Rodríguez Larreta de hacer negociados con las tierras públicas”

El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, celebró los recientes decretos de Alberto Fernández que contemplan abrir investigaciones administrativas y penales por las transferencias de predios e inmuebles de nación a la ciudad de Buenos Aires.

(Foto: PEDRO PEREZ)
17 de febrero de 2020

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, dirigido por Jonatan Baldiviezo, recibió de buena manera los dos decretos del presidente Alberto Fernández que estipulan la posible investigación de delitos penales presuntamente cometidos por el gobierno de Mauricio Macri al entregar bienes del estado nacional a la Ciudad de Buenos de manera irregular.

Tal como se informó, a partir de los decretos 145 y 149, publicados hoy en el Boletín Oficial, se derogó el “artículo que habilitaba a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a cancelar deudas con la Ciudad a través de la dación en pago de bienes inmuebles nacionales, herramienta utilizada para la transferencia de los playones ferroviarios a la Ciudad”.

La AABE tendrá un plazo de dos meses para revisar “la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles del Estado Nacional a la a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019”.

El organismo luego hará un informe y en caso de detectarse vicios, se habilitaría la nulidad de las transferencias y se procederá “a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

“Los decretos vienen a poner un freno al plan sistemático impulsado por Macri y Rodríguez Larreta, en estos últimos cuatro años de gestión, de hacer negociados con las tierras públicas”, indicó a Tiempo Baldiviezo, quien calificó como el hecho “una muy buena noticias para las asambleas y colectivos que venimos intentando recuperar las tierras públicas que se vendieron e impedir que se vendan tantas otras”.

“Este es un primer paso, estos decretos no anulan ninguna venta sino que establece la investigación de cada una de las ventas y autorizaciones de venta autorizadas de 2015 al presente. Que según nuestros relevamientos, a través de 11 decretos se han autorizado la venta de más de 150 inmuebles”, argumentó el abogado Baldiviezo, y graficó: “El año pasado se transfirieron 30 inmuebles de Nación a Ciudad con una superficie equivalente a unas 100 hectáreas. Muchas de ellas, luego se autorizó la venta para negocios inmobiliarios”.

Desde el Observatorio recordaron que bajo esta modalidad se transfirieron enormes predios como el Barrio Carlos Mugica, Catalinas Sur II, el Ex Mercado de Hacienda y distintos playones ferroviarios situados en los barrios de Villa Urquiza, Colegiales, Caballito y Palermo, entre otros.

Ahora, a partir de los decretos de Fernández, el Estado Nacional “reconoce que con los convenios firmados en noviembre con la Ciudad violaron la ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la venta de inmuebles en los últimos 6 meses de fin de mandato”, sostuvieron desde el ODC, quienes agregaron que “la AABE deberá revisar en un plazo no mayor a 60 días la legalidad de cada una de estas ventas y determinar las responsabilidades administrativas, civiles y penales”.

Baldiviezo recalcó además que los decretos de Alberto Fernández van en sintonía con la denuncia penal que presentaron hace unos meses atrás y que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 11. “Nuestra denuncia cuestiona la legalidad de la transferencia de tierras en dos sentidos: para nosotros tiene dos vicios de nulidad y se viola la Constitución Nacional. Porque por un lado no hubo una aprobación o autorización del Congreso Nacional y por otro lado, la mayoría de estas transferencias se realizaron en el mes de noviembre, posterior a las elecciones violando la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece la prohibición de vender activos fijos en los últimos seis meses de mandato”.

Los decretos presidenciales, justamente tuvieron en cuenta este último argumento a la hora de poner en duda las acciones del gobierno anterior. “Esta iniciativa es muy importante para poder recuperar estos espacios en algún momento, ya que puede servir para mitigar el déficit que tenemos en cuanto a la emergencia habitacional y de espacios verdes y ambientales en la ciudad”.

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