Una fuerte polémica envuelve a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que diera marcha atrás con la prohibición de una combinación de drogas que se utilizan para el tratamiento de la artrosis, ante el reclamo de los laboratorios que la producen.

La artrosis es una enfermedad crónica que afecta a más del 60% de los mayores de 65 años y consiste en la pérdida del cartílago de las articulaciones, lo que ocasiona el desgaste de los huesos afectados, produciendo dolor y rigidez. La glucosamina tendría efectos en la reconstitución del cartílago, aunque su utilidad aún es discutida. Y el meloxicam es un antiinflamatorio que reduce el dolor. La combinación de ambos fue creada por el laboratorio Raffo.

El escándalo comenzó el 29 de noviembre pasado, cuando ANMAT prohibió mediante la disposición 9629/191 el uso y la comercialización de todos los productos  medicinales que combinan ambas drogas, porque una (la glucosamina) sólo es útil en tratamientos prolongados de al menos tres meses, y la otra (el meloxicam) debe usarse por pocos días debido al riesgo de generar efectos adversos. Que ambas estén en un mismo medicamento, además, impide aumentar o disminuir la dosis de una de las dos de ser necesario. Un largo estudio en el que intervinieron técnicos del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el PAMI (que sacó los medicamentos de su vademécum) concluyó que aumentaban significativamente la mortalidad y las internaciones por hemorragia digestiva, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. De hecho, tanto la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) estadounidense como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) habían emitido prohibiciones similares.

Dos semanas después, las autoridades salientes de la ANMAT suspendieron su decisión tras los reclamos de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA).

“La única justificación que figura en la disposición que suspende la medida anterior es que las cámaras presentaron un reclamo en el que niegan todo problema vinculado con el uso de los productos prohibidos, defienden sus beneficios y adjudican a los médicos la responsabilidad por cualquier dificultad que pudiera surgir”, explicaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que calificó a las idas y vueltas en la ANMAT como “escandalosas”.

En respuesta a la ANMAT, el Foro de Medicina Clínica de Argentina, consideró que la suspensión es una “dilación inaceptable, pues no hace más que prolongar la exposición de la población, especialmente de las personas mayores, a un riesgo innecesario”.

La prohibición suspendida afectaba a siete de los quince laboratorios farmacéuticos más importantes del país:  Roemmers, Montpellier, Elea, Bagó, Baliarda y Casasco, pero particularmente a Raffo, que provee casi la mitad de los 1.165.000 productos vendidos. Para Soberanía Sanitaria, “es una clara muestra de la relación estrecha que existió entre las corporaciones del sector privado y el Estado Nacional durante los últimos cuatro años y de cómo esa relación se asumía como legal y legítima”.