Organizaciones feministas de toda España lanzaron este miércoles un manifiesto y anunciaron movilizaciones constantes ante la pretensión del partido ultraderechista Vox de derogar la ley sobre violencia de género, lo que consideran una grave amenaza a los derechos de la mujer, que supondría retroceder a tiempos del franquismo.
La presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, llamó a «toda la ciudadanía» a decir «alto y claro» que «con los derechos de las mujeres no se negocia», durante la presentación el manifiesto, que se inscribe bajo el lema «Feminismo. Ni un paso atrás».
El movimiento feminista español se pone en pie de guerra y promete una movilización continua después de que el partido de extrema derecha Vox exigiera la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, como contrapartida para apoyar un gobierno del conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos en Andalucía.
Según explicó el partido xenófobo, el PP se comprometió a desarrollar 37 medidas, entre ellas la colaboración del gobierno regional en la «deportación de 52.000 inmigrantes ilegales», «la derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica», «la creación de una Consejería de Familia» y «garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos».
Según denunciaron las feministas, el hecho de que se usen los derechos de la mujer como «moneda de cambio», debería ser condición suficiente para no acudir a negociar.
Por eso, advirtieron a PP y Ciudadanos que serán tan cómplices como responsables si apoyan «las pretensiones e imposiciones de Vox».
«Este partido político pretende un retroceso absoluto e intolerable de los derechos de las mujeres, que nos puede reconducir a la época franquista», remarcó Besteiro, quien cree que negar la violencia de género, como hace el partido ultra de Santigo Abascal, es equiparable a «negar el holocausto judío».
«La realidad es tozuda. La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad y la discriminación de las mujeres», añadió la activista.
Las primeras manifestaciones feministas contra la ultraderecha tendrán lugar el martes 15 en Andalucía, a las 12 frente al Parlamento andaluz y a las 19 en las distintas provincias del país.
Por otro lado, las firmantes del manifiesto presentaron estudios que contradicen las cifras con las que Vox quiere «crear confusión, noticias falsas y argumentos falaces» sobre la violencia de genero, equiparándola con la «violencia domestica» que también sufren los hombres.
Uno de los caballos de batalla de Vox es decir que existen «miles» de denuncias falsas de mujeres contra hombres por violencia de género, algo que desmiente la memoria de la Fiscalía General del Estado, que cifra estos casos en el 0,01% del total.
Asimismo, las asociaciones feministas no descartan presentar una denuncia contra Vox por injurias y calumnias, por utilizar el término «feminazi» para referirse a ellas y estudian pedir la legalización del partido por sus postulados «anticonstitucionales».
Con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, España se convirtió en uno de los países más avanzados en materia de protección a las mujeres.
La norma contó con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, que ahora hizo un guiño a Vox asumiendo algunos de sus argumentos, como la necesidad de proteger también a los hombres que sufren violencia.
La presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, llamó a «toda la ciudadanía» a decir «alto y claro» que «con los derechos de las mujeres no se negocia», durante la presentación el manifiesto, que se inscribe bajo el lema «Feminismo. Ni un paso atrás».
El movimiento feminista español se pone en pie de guerra y promete una movilización continua después de que el partido de extrema derecha Vox exigiera la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, como contrapartida para apoyar un gobierno del conservador Partido Popular (PP) y Ciudadanos en Andalucía.
Según explicó el partido xenófobo, el PP se comprometió a desarrollar 37 medidas, entre ellas la colaboración del gobierno regional en la «deportación de 52.000 inmigrantes ilegales», «la derogación de la totalitaria Ley de Memoria Histórica», «la creación de una Consejería de Familia» y «garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos».
Según denunciaron las feministas, el hecho de que se usen los derechos de la mujer como «moneda de cambio», debería ser condición suficiente para no acudir a negociar.
Por eso, advirtieron a PP y Ciudadanos que serán tan cómplices como responsables si apoyan «las pretensiones e imposiciones de Vox».
«Este partido político pretende un retroceso absoluto e intolerable de los derechos de las mujeres, que nos puede reconducir a la época franquista», remarcó Besteiro, quien cree que negar la violencia de género, como hace el partido ultra de Santigo Abascal, es equiparable a «negar el holocausto judío».
«La realidad es tozuda. La violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad y la discriminación de las mujeres», añadió la activista.
Las primeras manifestaciones feministas contra la ultraderecha tendrán lugar el martes 15 en Andalucía, a las 12 frente al Parlamento andaluz y a las 19 en las distintas provincias del país.
Por otro lado, las firmantes del manifiesto presentaron estudios que contradicen las cifras con las que Vox quiere «crear confusión, noticias falsas y argumentos falaces» sobre la violencia de genero, equiparándola con la «violencia domestica» que también sufren los hombres.
Uno de los caballos de batalla de Vox es decir que existen «miles» de denuncias falsas de mujeres contra hombres por violencia de género, algo que desmiente la memoria de la Fiscalía General del Estado, que cifra estos casos en el 0,01% del total.
Asimismo, las asociaciones feministas no descartan presentar una denuncia contra Vox por injurias y calumnias, por utilizar el término «feminazi» para referirse a ellas y estudian pedir la legalización del partido por sus postulados «anticonstitucionales».
Con la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, España se convirtió en uno de los países más avanzados en materia de protección a las mujeres.
La norma contó con el apoyo de todos los partidos, incluido el PP, que ahora hizo un guiño a Vox asumiendo algunos de sus argumentos, como la necesidad de proteger también a los hombres que sufren violencia.
