Especialistas coinciden: a pesar del tarifazo habrá más subsidios y déficit fiscal

La persistencia del gobierno en mantener el cuadro tarifario fijado en abril y el creciente repudio obligarán al Ejecutivo a subvencionar el consumo en detrimento de la situación fiscal. Los especialistas ya pronostican un agravamiento de las cuentas con relación al año 2015 y proponen distintas alternativas para salir de la encrucijada económica.

El tarifazo no es una pelea más para el gobierno. Es una pelea por el título, en el Luna Park. El cinturón en juego es nada menos que la estructura económica del Estado de acá a 2019, cuanto menos. En un rincón, el Poder Ejecutivo; en el otro, el bolsillo de la clase trabajadora. Para conocer al ganador, hay que esperar al fallo de la Justicia Federal de La Plata (ver aparte). Pero aun así, el oficialismo ya comienza a preparar el terreno para una revancha el año próximo.

Los objetivos –reconocidos– del gobierno con estos aumentos son tres: buscar que las tarifas reduzcan el déficit fiscal por la vía de la reducción de los subsidios, que las mismas sean aceptables para el consumidor y que no impacten demasiado en la inflación. Las protestas sociales dejaron en claro que las subas no son aceptables para la mayoría de los consumidores. Sin embargo, el gobierno pretende sostener el nuevo cuadro tarifario según reclaman las empresas de servicios. Así las cosas, el gobierno estaría obligado a incrementar subsidios comprometiendo su objetivo de reducir el déficit fiscal con relación a 2015.

Por eso para Andrés Asiain, economista del CESO, "es imposible que no se aumente el déficit, si se sostiene el cuadro tarifario y el tope de 400% porque implica mantener subsidios. Lo que podría hacer es reducir otros gastos o aumentar impuestos. En realidad, deberían cobrar impuestos a sectores concentrados, pero eso está muy claro que no les interesa hacerlo".

Para el economista legislador del FIT-Partido Obrero Marcelo Ramal, tampoco se podrán cumplir las otras dos metas: “En el marco del ordenamiento social existente no hay forma de que esta medida no genere inflación y déficit. Existe una estatización sui generis de la industria energética. Es paradójico para este gobierno, pero la rentabilidad de las empresas está asegurada por el Estado vía subsidios.”, explica a Tiempo Argentino.

El economista Ramiro Castiñeira, en la misma vía que el gobierno, recomienda: “Hay que ir de a poco, achicando lo que paga el Estado. Este camino recién arranca. Seguramente, el año que viene se van a subir más las tarifas. El subsidio es de 30 mil millones de dólares. Con este aumento, el consumidor paga 7500 millones de dólares. Se cumple el objetivo, pero todavía queda mucho”. Esta última frase adelanta las intenciones del oficialismo de cara a 2017: seguir con los aumentos.

Si bien Alfonso Prat-Gay dijo que el “trabajo sucio” ya estaba hecho, la realidad indica que todavía falta. Para el año que viene, el gobierno tiene pensado aumentar un poco más en las áreas que aumentó en este año y, al mismo tiempo, concretar aumentos más fuertes en los servicios que no subieron tanto. El principal objetivo tarifario para 2017 es el sector energético. En ese sentido, Edenor pegó primero, en una carta enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV): "Sin actualización tarifaria, se generaría un déficit de caja para la sociedad de aproximadamente $ 4800 millones en el año (…) La insuficiencia de fondos disponibles pondría en riesgo las operaciones de la empresa, que deberá incurrir nuevamente en atrasos en el pago de la energía que adquiere en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), la paralización de las inversiones y el recorte de otros gastos operativos, de los cuales los salarios representan un 80 por ciento". Al sector energético se le redujeron los subsidios en un 25%; de 57 mil millones de dólares, pasó a recibir 43 mil millones de dólares, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Esta baja es una excepción, ya que en el resto de las áreas los subsidios aumentaron. Siempre según ASAP, a las empresas de transporte les aumentaron las transferencias en un 32%; a las empresas públicas, en un 105%; al sector agroalimentario, un 63%, y al industrial, un 37 por ciento.

En el caso del gas, las productoras pasan de recibir 6590 millones de dólares, a recibir 9140 millones de dólares. Si los nuevos valores vigentes desde el 1 de abril se mantienen, el Estado debería hacerse cargo de los 3700 millones de dólares que pretendía que pagasen los usuarios. “Lo único que hace el gobierno es aumentar la corriente de subsidios para petroleras y gasíferas, que reciben por lo que extraen un valor muy superior a los valores de referencia internacional. Esa supuesta reducción va ser pagada por la población, por alguna otra vía”, evalúa Ramal.

Más allá de la política subsidiaria, los servicios básicos son insumos esenciales para la producción, transporte y/o distribución de todo el resto de los servicios, en mayor o menor medida según el caso, amén de alguna rara excepción. Por esto, el golpe al bolsillo no sólo se verá en las boletas de luz, agua y gas, sino también en la canasta básica y en casi cualquier gasto. Esto, obviamente, genera inflación, la cual ya supera el 42% anual proyectado, según Prat-Gay. En cuanto al déficit, si el Estado sostiene el nuevo cuadro tarifario y debe hacerse cargo del excedente del tope de 400%, el déficit se incrementaría de manera inevitable. Más aun, en el marco de quita de retenciones al agro y de liberación al dólar, lo cual significaba un ingreso muy importante para el Estado.

Castiñeira apunta que los subsidios crecerán “en pesos. Pero esta es una economía inflacionaria. No tiene sentido evaluarlo en pesos. En términos reales, si a la gente le cuesta más, al Estado le va a costar menos”. Aun así, advierte que “quizás se pueda evitar la crisis, pero no la recesión. El primer paso se dio mal. Hay que barajar y dar de nuevo. Si bien suena a mucho el aumento, va a estar por debajo de cualquier cuota de cable, en el promedio”, ejemplifica y agrega: “Está bien que es un servicio público y que el Estado debe intervenir en el valor. Pero se usó de manera política hasta llegar a la situación irrisoria de regalar energía a gente que no lo necesita. Entre el 30% y el 35% de la población es pobre. ¿Por qué subsidiar al 100 por ciento?”.

El camino a la solución es cada vez más oscuro. Para Castiñeira, “hay que recomponer la situación tarifaria como lo tienen el resto de las economías. La locura de regalar energía amplió el déficit fiscal… Ahora, se están sincerando muchas cosas para volver al nuevo milenio.”

Sin embargo, para Ramal, la solución “se debe establecer a partir de una reestatización, pero no como la actual, sino en sentido contrario: utilizar los recursos del Estado para crear un plan de exploración y de extracción, en función de los intereses nacionales”. «

El aumento del subte contra las cuerdas

La jueza Ana Cabezas Cescato habilitó la feria judicial para definir un amparo sobre el aumento de las tarifas del subte.

El aumento del boleto estaba fechado para el lunes 25 de este mes. El anuncio se había hecho mucho antes, el 21 de junio. Tres días después, el auditor porteño Facundo del Gaiso presentó un amparo, de la misma forma que lo hicieron otro actores de la política. En el medio, el ruidazo del 12 de julio contra los aumentos logró mover la aguja y la respuesta judicial para Del Gaiso llegó el viernes 22. En su presentación, Del Gaiso había objetado el cálculo de la nueva tarifa hecho por SBASE y aseguró que debía ser un 20% menor. "Esperamos que la justicia se expida y evite la suba del subte con una tarifa técnica inflada", expresó Del Gaiso.

Los metrodelegados, además, preparan acciones de protesta y defensa de los usuarios.

Esta nota fue posible gracias al apoyo de nuestros lectores.

Su aporte nos permite hacer periodismo sin condicionamientos. El sueño de un medio libre no es solo nuestro.

SEAMOS SOCIOS