El ex titular de la AFSCA (disuelta por el gobierno de Cambiemos, que unificó ese organismo con la ex CNC para crear el ENACOM, Ente Nacional de las Comunicaciones) Martín Sabbatella se presentó este martes en los tribunales federales de Retiro para declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (causa 11778/15).
La demanda en su contra fue presentada por el Grupo Clarín, que acusa a Sabbatella de haber cometido arbitrariedades durante el proceso de adecuación forzosa a los topes de licencias que establecía la ley de Medios (26522). El dirigente de Nuevo Encuentro, por el contrario, considera que el juicio es una burla, y otra prueba de la existencia de una persecución y una revancha generalizada contra los ex funcionarios, tanto por su rol en el pasado reciente como por su intención de seguir disputando poder desde un kirchnerismo vigente y que sigue vivo.
Esta causa es un mamarracho. Es una burda decisión de (Héctor) Magnetto que en su momento pretendía entorpecer la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Está claro que existe una tríada cuasi mafiosa del Partido Judicial, el Partido Mediático y la coalición de gobierno (por Cambiemos). Todo eso se expresa hoy acá, aseguró Sabbatella en diálogo con Tiempo tras bajar las escalinatas de Comodoro Py y recibir gestos de solidaridad y acompañamiento.
Quien tendría que haber estado acá, sentado en el juzgado, es Magnetto. No yo. Pero, evidentemente, está dándole órdenes al juez. La citación a declaración indagatoria debería ser para quienes intentan violar la ley y no para quienes la hacen cumplir, aseguró el ex intendente de Morón.
Sabbatella llegó hasta el juzgado federal nº 11 de Bonadío junto a su equipo de abogados, un sólido tándem integrado por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort (quienes también patrocinan a la ex mandataria Cristina Fernández) más Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala. Sabbatella presentó un escrito de 23 páginas, luego agregó más declaraciones de modo verbal.
Cuando terminó esa parte de la indagatoria, el ex titular del AFSCA -que concluyó su mandato con el desalojo por la fuerza del organismo, el 24 de diciembre de 2015- se puso a disposición para responder lo que se le preguntara. El oficial de justicia que tomó la indagatoria se ausentó un instante para consultar: a su regreso informó que el juzgado no haría preguntas.
Una vez que complete la ronda de indagatorias, Bonadío tendrá 10 días para dictar los procesamientos a los diversos imputados. La causa que tramita el polémico juez fue iniciada a fines de 2014, partir de una denuncia del Grupo Clarín contra Sabbatella y otros funcionarios de la entonces AFSCA: en ese momento el multimedio ya había logrado frenar la adecuación forzosa con una medida cautelar.
Tanto el fiscal Eduardo Taiano como los miembros del Grupo Clarín acusan a Sabbatella y a los otros funcionarios de haber dictado de modo irregular la resolución del directorio 1121/14 del AFSCA de fecha 8 de octubre de 2014- que daba inicio a la adecuación forzosa (o de oficio) del Grupo Clarín. También le reprochan la velocidad con la que se decretó esa resolución. Los cuestionamientos tuvieron en cuenta los dichos de Marcelo Stubrin y Gerardo Millman, ex miembros del directorio del AFSCA que por entonces representaban a la oposición.
En el escrito presentado este martes el ex titular del AFSCA rechaza cada planteo y recuerda que la razón central por la que se desistió de aplicar la adecuación voluntaria ofrecida por Clarín fue la información que surgió del Boletín Oficial y de los registros oficiales para las sociedades comerciales de Estados Unidos, Panamá y Nueva Zelanda que figuran en la web. De esos datos se desprendía que los titulares de las Unidades 1 y 2 del Grupo Clarín mantenían vinculaciones societarias cuando la Ley de Medios obligaba a escindir ambos bloques.
Niego absolutamente todo lo que se me imputa. Ratifico que he actuado ajustado a Derecho, a la ley que me tocaba aplicar, y al reglamento del organismo que presidía. Quiero que quede constancia que habiéndome ofrecido a contestar todas las preguntas que el juzgado considere, no me han realizado ninguna. Creo que esta denuncia, además de falsa, es maliciosa, y tenía la intención de trabar la aplicación de la ley (de Medios) con el Grupo que ostenta la mayor concentración democrática, posición dominante y tendencia monopólica en el mercado de la comunicación audiovisual, declaró Sabbatella dentro del juzgado 11.
En la causa también se menciona el plan de desinversión de Telefé, una cuestión que en su momento disparó polémicas y acusaciones de una presunta doble vara entre esa adecuación y la del Grupo Clarín. No fue así. No hubo doble vara con nadie. Se hizo la ley y la única diferencia entre las empresas eran los motivos por los cuales debían adecuarse cada uno tenía con motivos distintos- y si tenían voluntad, o no, de cumplir la ley. Esas fueron las únicas diferencias. Pero la aplicación del organismo era igual para todas, contestó, en ese punto, Sabbatella.
Mientras el ex funcionario se encontraba en el 4º piso de Comodoro Py, dirigentes del FpV, familiares y amigos lo aguardaban al aire libre, entre el acceso y las escalinatas del edificio. Se pudo ver al titular del Instituto Patria, Oscar Parrilli; al diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque; a los artistas Liliana Herrero y Horacio Fontova. También dieron el presente el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; los diputados nacionales Axel Kicillof, Adrián Grana, Luana Volnovich, Mayra Mendoza y Carlos Castagneto (todos del FpV); el ex intendente de Morón, Lucas Ghi; y los dirigentes de la CTA Carlos Girotti y Gustavo y Sebastián Rollandi, padre e hijo, entre otros.
Entre la multitud que conversaba bajo el sol se encontraba la familia de Sabbatella su hija, su madre, su hermano y su esposa, la senadora provincial Mónica Macha- más un heterogéneo grupo de dirigentes, diputados de la ciudad y legisladores bonaerenses. Estaban Leopoldo Moreau, el ex vicepresidente Amado Boudou, el matancero Luis DElía; los senadores de la provincia Darío Díaz Pérez y Juan Manuel Pignocco; los legisladores porteños José Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca y Javier Andrade; entre otros.
-¿Cree que lo van a citar otra vez? ¿Y si lo procesan? preguntó Tiempo.
-No lo sé. Yo quedé a disposición por si hay que hacer alguna ampliación de la indagatoria o algo. Después los abogados me dirán cómo continúa. Pero todo esto es parte de la misma persecución política, hostigamiento, que está dirigido centralmente al proyecto nacional que lidera Cristina.
