Etchevehere: un lobo cuidando ovejas

El miércoles se enfrentaron dos campos en La Rural, uno que exporta y otro que produce alimentos para la mesa de los argentinos. De este segundo grupo, el 60% son pequeños agricultores, la amplia mayoría sin tierra propia. El ministro de Agroindustria, ex titular de la Sociedad Rural, es quien decide las políticas públicas concernientes a ambos sectores.

(Foto: Mariano Martino)
19 de Julio de 2018

A partir de la resolución 34/2018 el gobierno dio de baja el Monotributo Social Agropecuario (MSA) creado en 2009 para formalizar al sector y que tenía un costo cero para el pequeño productor, ya que implicaba que el Ministerio de Desarrollo social se hacía cargo de los aportes jubilatorios y el de Agroindustria de la obra social para aquellos campesinos con una facturación máxima anual de setenta y dos mil pesos. En porcentajes, el Ministerio de Desarrollo cargaba con el 75% del monto destinado al MSA y Agroindustria con 25%, que cubría la obra social con que se atendían más de 50.000 familias.

Con esta resolución cayó la última política pública para el sector. De ahora en más, cada productor debe hacerse cargo de pagar la obra social, adherirse al monotributo y se cae todo el sistema que, según figura en la web oficial del Ministerio de Agroindustria, servía para que el sector ingresara a la economía formal. Si bien el importe personal es de 268,17 pesos, este monto se multiplica por los miembros del grupo familiar, lo que resulta en un importe de más de 1000 pesos mensuales por grupo familiar. Este monto es una carga que no pueden afrontar los pequeños agricultores, agricultores familiares, campesinos sin tierra propia y quinteros.

La situación del sector es crítica. A la crisis que afecta al común de los argentinos, como la suba de los servicios eléctricos, los aumentos del alquiler de la tierra, la suba del combustible, se suma que se ven obligados a comprar semillas en dólares y vender la producción en pesos. Por eso, un pequeño productor dice que “cada centavo que se devalúa, vuelve más ricos a los terratenientes que exportan y más pobres a nosotros, ya ni siquiera trabajamos para empatar”.

“El problema que le trasmitimos a Desarrollo es que en la situación de crisis actual la mayoría de los productores no lo van a poder pagar y, por lo tanto, se les cae el aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar”, cuenta Agustín Suárez de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Al quedar sin cobertura médica, muchos más están pensando en abandonar la tierra porque no pueden afrontar los gastos, pese al alto grado de autoexplotación al que llegan los agricultores. Legisladores de Misiones y Chaco advirtieron que la exclusión del sistema formal empuja a los jóvenes a migrar a los centros urbanos.

El cálculo es bastante simple: el Estado se ahorra 12 millones de dólares con la desarticulación del MSA, pero mediante la Ley de Emergencia le da 17 millones al sector del campo más concentrado. El mismo que es beneficiado en 1.000 millones de dólares por la quita de las retenciones, monto estimado pues se trata de un porcentaje sobre las exportaciones. La falta de políticas públicas de la cartera de Agroindustria hace que el diálogo se concentre en el Ministerio de Desarrollo social.

La desarticulación del MSA implica la caída en la informalización de la mayoría del sector ya que acaba con la única herramienta fiscal que posee el Estado para formalizar el trabajo del sector. “Además del perjuicio que causa esta medida, el Estado pierde el único instrumento para tener un registro, siquiera mínimo, de los productores en su cartera. No hay otra herramienta del Estado que les pueda hacer un seguimiento a los agricultores.”, explica Suárez.

Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y actual ministro de Agroindustria, hace tres meses echó a 330 trabajadores de su cartera y 350 del Senasa. Los despidos no fueron al azar, el área de Agricultura Familiar fue la más afectada. El delegado de ATE Jorge Ravetti explicó que se tercerizó la certificación sanitaria y las inspecciones en los productos para la exportación. Por otro lado, hace tiempo que el ministro toma medidas pero sin siquiera recibir a los representantes del sector.

Los pequeños agricultores aún expresan la esperanza de que el proyecto para crear un Fondo fiduciario público de crédito para la agricultura familiar sea tratado en el Senado este año. Esto les permitiría acceder a créditos blandos para poder tener tierra propia. Mientras tanto, las políticas de ajuste fiscal exigidas por el FMI se aplican sin miramientos contra los pequeños agricultores que producen alimentos fronteras adentro y fomentan la concentración de riqueza en los terratenientes agroexportadores, sector al que pertenece el ministro.

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