Finalmente, el desalojo de las familias que vivían en el ex edificio Padelai, en el barrio porteño de San Telmo, terminó sin incidentes, pero con un fuerte operativo policial y con polémica porque los subsidios entregados a las familias no fueron por los montos acordados en las negociaciones previas con la Ciudad, según denunció a Tiempo Juan Ardura, integrante del Movimiento Evita de Capital, una de las organizaciones que acompañó a las familias desde la tarde del martes, cuando las versiones de un desalojo con el empleo de la fuerza policial arreciaban y se concretaron en la madrugada del miércoles. Ardura integra además el Consejo Consultivo de la Comuna 1.
El desalojo finalizó con un número incierto de personas afectadas, ya que, según informó una fuente del Ministerio de Desarrollo Humano, en el operativo se trasladó a 35 familias, en tanto que Sebastián Alanis, representante legal de quienes ocupaban el predio, aseguró a la agencia oficial Télam que en total fueron 70. Ardura consignó a Tiempo que fueron 62 familias.
El operativo estuvo a cargo del secretario de Descentralización de la Ciudad, Sergio Constantino, quien se trasladó al edificio del ex Patronato de la Infancia, situado en Balcarce al 1100, para controlar la entrega de los subsidios, aunque no hubo información oficial sobre el monto que recibió cada familia. Según denunció Alanis, los subsidios van de los 4.000 hasta los 100.000 pesos y muchas familias deberán esperar hasta el lunes para cobrarlo.
«Depende de la discrecionalidad del funcionario», dijo. Por su parte, Ardura señaló a Tiempo que se presentaron distintas irregularidades en lo que el cobro de los subsidios a las familias, que fueron por valores inferiores de los que había prometido la Ciudad, y a la vez con criterios irregulares. A algunas familias les daban un monto, a otros otro distinto, sin que quedara claro cuál era el criterio, marcó. Ardura consignó que, en promedio, se entregaron 50000 pesos por familia de subsidios, pero la Ciudad se había comprometido a dar subsidios de 120000 pesos, teniendo en cuenta la particularidad de Padelai, donde hace 35 años que funciona una cooperativa de vivienda subrayó.
Con un vallado de cuatro cuadras a la redonda, los vecinos no se resistieron al ingreso del personal de Desarrollo Humano que desde primeras horas comenzó a retirar sus cosas después de que se conociera la orden de desalojo de la jueza María Lorena Tula del Moral, del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño.
La magistrada no cedió al pedido de un plazo de cinco días y ordenó que hoy a las 20 el edificio esté completamente desalojado.
«La situación es de una profunda incertidumbre para las familias. El Gobierno porteño avanzó sobre el edificio y está retirando las cosas cumpliendo con el desalojo. Se está avanzando de manera pacífica pero en un marco donde la Ciudad no está garantizando algunas cuestiones concretas que reclaman las familias, como que se les asegure una vivienda digna», informó Ardura, integrante también del Consejo Consultivo de la Comuna 1, alrededor de las 10 de la mañana en una improvisada rueda de prensa en Balcarce y Cochabamba.
La histórica propiedad del gobierno de la Ciudad está ubicada sobre la calle Balcarce al 1100, entre San Juan y Humberto I, y fue ocupado por primera vez en 1984 por familias en situación de calle, quienes en 1989 conformaron la cooperativa «San Telmo Limitada», y dos años después el Gobierno porteño firmó la escrituración que cedió el 70% del predio a más de un centenar de familias.
En 2003 se produjo un desalojo violento con el argumento de que corría peligro de derrumbe; en 2009, el Gobierno de la Ciudad le cedió el uso gratuito por 30 años a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España (AECID) a cambio de que instalara un centro cultural, pero el proyecto quedó trunco.
El 6 de mayo de 2012 se realizó un acuerdo entre las familias y las autoridades españolas y, considerando que el inmueble se encuentra inscrito en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de la cooperativa, volvió a ser ocupado tras un acampe de nueve meses en la vereda.
Como desde 2003 hasta la ley de expropiación el predio fue cedido a la Embajada de España, que lo utilizó para muestras culturales y otros eventos, los vecinos rechazan el fundamento del desalojo que esgrimen las autoridades de un supuesto peligro de derrumbe que pondría en riesgo su integridad física. El gobierno, por su parte, asegura que, al no haberse consumado el traspaso la propiedad, corresponde al ejecutivo porteño que, según trascendidos, pretende instalar allí la sede del ministerio de Cultura porteño.
