Los referentes del Frente Patria Grande, Gabriela Carpineti y Ezequiel Arauz denuncian el secuestro de 27 caballos ocurrida en mayo de 2018 en Villa Luján en Quilmes, a la vera de la Autopista Buenos Aires – La Plata al sur del conurbano bonaerense. Según los dirigentes, esa madrugada el barrio amaneció en medio de un megaoperativo de la policía bonaerense, que llegó a las patadas derribando puertas de las casillas precarias para ingresar a las casas para llevarse los caballos por una denuncia realizada por una ONG por supuesto maltrato animal.

“Hasta hoy es imposible saber si el supuesto caballo maltratado que alguien había observado mientras pasaba con su vehículo por el asfalto de la autovía estaba efectivamente entre los trasladados y, en verdad, ya no importa. Esa denuncia, que realizó una integrante de la ONG Caballos Quilmes habilitó el secuestro de 27 caballos de un saque. Los animales pasaron desde entonces a manos de esa ONG”, expresan Carpineti y Arauz.

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“La doble vara es evidente”, agregan los referentes políticos. “Supongamos que una denuncia por maltrato hacia un perro en un edificio del centro quilmeño implicara el secuestro de cada perro que se encuentre en cada piso del edificio. Y además que el denunciante se llevase la totalidad de las mascotas secuestradas. Sería impensable y lo es. Eso no pasa en el centro, sólo en los márgenes”, denuncian.

Destacan además que el principal componente del megaoperativo de Villa Luján fue el abuso contra quienes usan a los caballos como herramienta de trabajo, como opción posible, como oportunidad a la mano de inventarse su trabajo diario. “El dúo policial/judicial redobla su apuesta clasista y aporafóbica –odio a los pobres– contra los trabajadores carreros, aumentando incluso la saña habitual con que actúa frecuentemente contra las sectores populares”, explican.

Entre otras observaciones, tanto Carpineti como Arauz describen que mientras “la miseria aumenta” y la “basura se acumula”, los carreros son presentados como “un problema” de larga data en Quilmes. “Es la imagen de varias décadas de neoliberalismo en estas pampas, pero también de la esperanza organizada alrededor del trabajo y el sueño de dignidad. De un tiempo a esta parte, los carreros han logrado ponerse de pie en el distrito y entonces, hay otra campana. Una nueva capacidad de movilización y demanda”, enfatizan.

Luego de la feria judicial, la justicia ha archivado la causa sin que se acreditara el maltrato animal, por lo que la ONG debería devolver los caballos a sus dueños. “La causa ahora fue archivada, seguramente hay otra pelea que comienza. El problema es el trabajo y la necesidad de que el Estado dé cuenta de una problemática que no puede resolverse sin incluir a los trabajadores recicladores. Ya que como ellos dicen, el Trabajo No es Delito”.

Además de la devolución de caballos, la justicia debería también hacerse cargo de los meses de trabajo perdidos por los carreros dado que, el trabajo con los caballos, es el sustento diario.

“La labor de quienes se han inventado su propio trabajo requiere de una sintonía fina entre el movimiento social, la comunidad organizada y el Estado para así asegurar no sólo la garantía de derechos, sino también que los conflictos derivados de cada actividad sean encauzados vía políticas públicas, evitando cualquier tipo de penalización y persecución a los que trabajan”, finalizan los referentes de Patria Grande que vienen acompañando a los carreros perjudicados.