Este lunes falleció Carlos Slepoy, un destacado abogado y defensor global de los derechos humanos. Carli, como se lo conocía ampliamente, fue uno de los promotores más conocidos del principio de Justicia Universal con el fin de evitar la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Con esa perspectiva impulsó los juicios en España contra represores argentinos durante la vigencia de las leyes de Obediencia debida y Punto Final que permitieron la primera extradición y la primera condena de un militar por su accionar durante la última dictadura después del juicio a las Juntas.

Ricardo Cavallo fue detenido en el aeropuerto de Cancún en el año 2000 a instancias del juez Baltazar Garzón y extraditado a España un año después para ser juzgado por los cargos de terrorismo y genocidio. Ese fue el primer caso en que un Estado extraditó a un ciudadano de otro país por crímenes cometidos en un tercer Estado. Cinco años después, Slepoy también sería protagonista de otro hito fundamental: impulsó la querella que logró la condena del también represor de la última dictadura, Adolfo Scilingo, quien fue sentenciado en primera instancia a 640 años de prisión y, en 2007, a 1.084 años a instancias del Tribunal Supremo de España.

Estas causas en el exterior fueron vitales para que en Argentina avanzara la anulación de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, que en 2003 fueran suprimidas por el Congreso y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema dos años después. Coherente con su planteo, en abril de 2010 Slepoy también impulsó una querella en Argentina contra los crímenes del franquismo, trabados en España.

En su lucha incansable contra las violaciones a los derechos humanos perpetradas por dictaduras, Slepoy también querelló contra Augusto Pinochet y logró su detención en 1998 aprovechando un viaje del represor al Reino Unido para realizar una consulta médica. Si bien Pinochet logró evitar la extradición a España, solicitada por Garzón, valiéndose de la complicidad de la Cámara de los Lores británica, las novedades judiciales para el represor chileno irían en aumento desde entonces, tanto en el extranjero como en su propio país.

También el principio de Justicia Universal sirvió para iniciar una causa en España y solicitar la extradición del genocida guatemalteco José Efraín Ríos Montt, quien al igual que la mayoría de los argentinos terminó por ser juzgado en su país unos años después.

Slepoy marcó un hito por su labor en defensa de los derechos humanos desde España y su huella se extendió por todo el mundo, pero arribó a la península ibérica desde Buenos Aires tras ser perseguido y secuestrado en la década del 70. Tras integrar un grupo de abogados defensores de presos políticos, fue detenido durante los días previos al golpe de Estado. Pasó por distintos lugares de detención y finalmente fue legalizado y enviado a una cárcel común. Eso permitió aumentar la presión de las organizaciones sobre la Junta Militar para gestionar su liberación, lo que terminó ocurriendo a fines de 1977. Desde entonces siguió su lucha universal desde España.

Tratando de impedir el abuso de poder sobre dos jóvenes, de parte de un guardia civil español que estaba borracho, Slepoy recibió un tiro por la espalda que lo dejó en silla de ruedas desde entonces y con varios problemas de salud. No lograron quebrarlo entonces, ni tampoco podrán evitar que su legado se extienda. Este jueves el diario español Público pensaba entregarle el Premio Internacional de Derechos Humanos y el acto ya se ha transformado en un homenaje. A Slepoy hoy se lo llora en distintos usos horarios, pero se lo recordará por siempre.