El Senado francés aprobó el pasado jueves un nuevo texto que viene a completar la Ley Antiterrorista votada durante la presidencia de Francois Hollande luego de los atentados producidos entre enero de 2015 y fines de 2016. La nueva norma remplaza desde el próximo 1 de noviembre el Estado de Emergencia en el que se encuentra Francia desde el 14 de noviembre de 2015, cuando fue atacada la sala de conciertos Bataclan, el Estadio de Francia y varios bares y restaurantes de París, hechos en los que murieron 130 personas.
El estado de excepción fue extendido en seis ocasiones y ahora Emmanuel Macron impulsó en la nueva ley varias de las medidas que incluía para hacerlas permanentes. Entre ellas, se promueve una mayor autonomía para el accionar de la policía y las fuerzas públicas sin ordenes de los jueces.
La nueva reglamentación permite a las autoridades detener a sospechosos en su domicilio sin orden judicial previa (siempre y cuando no sea entre las 21 y las 6), clausurar lugares de culto acusados de promover el extremismo y realizar más controles de identidad. También establece la limitación de movimientos si se trata de alguien que está bajo investigación. En definitiva, la autoridad administrativa, la policía, aumentará sus facultades para proceder según su criterio, pasando por encima del trabajo de los magistrados.
Otro de los anuncios del presidente fue la creación de una fuerza policial de proximidad, una de sus tantas promesas de campaña para reforzar la seguridad. La misma entrará en función durante 2018 y tendrá como objetivo focalizarse en los delitos, los actos molestos y la incivilidad en lo cotidiano de los ciudadanos.
Otro de los puntos más polémicos es la transferencia de los datos de los pasajeros que viajan en avión. Esta información ira a las autoridades judiciales, al igual que las vigilancias de comunicación.
La nueva reglamentación trajo críticas de todo el abanico político. La izquierda, los ecologistas y algunos socialistas, sostienen que se ven atropelladas las libertades de la sociedad y la tarea de los jueces. La derecha rechaza que se ponga fin al Estado de Emergencia y considera que no es suficiente esta ley. Por su parte, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha, dijo que no ataca del todo a la ideología islamista.
La ley, impulsada por el mismo presidente Emmanuel Macron, había sido aprobada con amplitud hacía unas semanas por la Asamblea Nacional y el jueves fue el Senado quien le dio el pase final para convertir ese texto en realidad.
Para los expertos, la gravedad de esta nueva ley es que se incluye medidas de excepción dentro del derecho común. Opinan que esta nueva implementación va en contra de las libertades civiles de la sociedad, como así también contra la independencia del Poder Judicial en cuanto a su incumbencia en los asuntos de seguridad.
Según Macron, cada vez más ciudadanos son seducidos por tesis radicales y la violencia extrema. Es por eso que el Estado debe enfrentar a la raíz del problema, en particular con la guettización de algunos barrios. También pidió a la policía ser dura y justa para romper con la impotencia que irrita a la población. Además, el mandatario anunció para diciembre una nuevo plan contra la radicalización, para lo que se confeccionará una «lista de territorios» sobre los que habrá una vigilancia específica.
Los juristas demostraron su preocupación porque la ley puede dar abuso de estas reglas contra militantes u opositores políticos.
Ante la amenaza terrorista, que es la «prioridad absoluta», «les brindamos de manera duradera los medios para ser más eficaces», aseguró Macron ante altos mandos de las fuerzas del orden.
Los tiempos de cambios son notorios. Macron viene cumpliendo con varias de sus promesas de campaña. Si bien su imagen cayó considerablemente (un 30%), pudo pasar el cimbronazo que le trajo la modificación en la Ley de Trabajo. Esta vez fue el turno de la seguridad, y prometen venir más: impuesto a los ricos, fondos sociales, empleo estatal y la última parte de las normas sobre empleo. «
Apoyado en el miedo de la población
Francia fue blanco de una serie de ataques desde el 2015 cometidos por extremistas islámicos que dejaron más de 200 muertos. Seguramente por eso, la nueva legislación antiterrorista encontró poca resistencia en un país traumatizado por la ola de ataques yihadistas, a pesar de numerosas críticas sobre que la norma socavaría las libertades civiles. El 57% de los franceses está a favor de esta ley, según una encuesta reciente reproducida por la agencia AFP, aunque el 62% reconoce que favorecerá una «tendencia a deteriorar las libertades».
La ley ha sido severamente criticada por la izquierda radical y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos porque, sostienen, viola la presunción de inocencia y el respeto de la vida privada. Asimismo, expertos de la ONU la criticaron duramente. «Perennizar mediante este proyecto de ley los poderes de emergencia amenaza gravemente la integridad de la protección de los derechos en Francia», advirtió recientemente una de ellos, la irlandesa Fionnuala Ni Aolain.
En cambio, algunos sectores de la derecha y la extrema derecha la consideran demasiado «blanda».
